El Ayuntamiento de Barcelona abre expediente a 150 urbanos por desórdenes públicos

La manifestación realizada por 150 agentes de la Guardia Urbana el pasado jueves en Barcelona traerá cola. El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente informativo que afecta a los guardias que participaron, uno de los cuales fue fotografiado con algo que, en principio, parece una pistola. Los agentes entraron de forma violenta, arrojando petardos de gran potencia, en el edificio consistorial, donde tuvieron un comportamiento irrespetuoso. Más tarde un grupo se comportó de un forma que un portavoz municipal calificó de "indecorosa".

La ley que regula el derecho de los ciudadanos a convocar manifestaciones y a asistir a ellas establece de forma taxativa que los manifestantes no podrán llevar armas ni objetos que sirvan para un comportamiento agresivo. La fotografía de uno de los guardias urbanos barceloneses con los pantalones bajados y algo que, a simple vista, parece una pistola en la cintura ha provocado la indignación de los responsables de la alcaldía. "Se trata de un delito en el que tienen que intervenir los tribunales, y si podemos probar que era una pistola, vamos a procurar que así se haga", explicó ayer un portavoz municipal.El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona no está especialmente preocupado por la actitud de los manifestantes. "Lo más importante es que son una minoría, todos juntos apenas suman el 5% de los efectivos del cuerpo", explicó la misma fuente, que aseguró que parte del cuerpo reprueba el comportamiento de los agentes durante la protesta.

Pero, cifras y porcentajes al margen, los responsables municipales creen que no deben dejar pasar insubordinaciones como las del jueves y están dispuestos a imponer las normas. Las sanciones pueden traducirse en suspensión de empleo y sueldo durante un año a cada uno de los 150 agentes que acudieron a la manifestación.

La falta de la que pueden ser acusados no es la de manifestarse. El portavoz insistió en que los derechos de los ciudadanos a expresarse libremente en la calle son sagrados, pero no pueden, en cambio, utilizar la violencia para entrar en el consistorio. Esta actitud vulnera el Código Penal porque causa desórdenes públicos, al margen de que el hecho de bajarse los pantalones pueda calificarse de "actitud indecorosa", algo que va también contra el reglamento de la Guardia Urbana, que obliga a mantener el decoro y el respeto hacia la institución que los guardias representan. Los 150 agentes pueden ser acusados de desórdenes públicos y de actos indecorosos. Y uno al menos puede acabar ante los tribunales por llevar un arma.

Los intentos de recabar la opinión de los sindicatos policiales sobre la apertura del expediente informativo por el Ayuntamiento resultaron infructuosos. No obstante, algunos sindicatos ya decidieron hace unos días no ir a las manifestaciones. El jueves fueron increpados por los que acudieron.