Costas inicia el derribo de viviendas de la primera línea de playa en Almenara

Tras 14 años en proyecto y múltiples sentencias judiciales, ayer comenzaron los derribos de los chalés de primera línea de la playa de Almenara para dar paso a la regeneración de la costa de la localidad. En esta primera fase se derribarán seis edificios, que ya se encontraban en ruinas, para proseguir con la construcción de un muro de contención y la regeneración de la costa, con un presupuesto de 250 millones de pesetas que corre a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, del que depende la direccion general de Costas. Posteriormente, tras el verano, se derribarán las 13 viviendas restantes, y comenzará la construcción del paseo marítimo.El alcalde, Vicent Gil (PSPV), afirma que el inicio de las obras por parte "pasa página a una de las etapas más negativas de Almenara con ocho años de bloqueo por parte del anterior equipo de gobierno y un retraso considerable respecto a los municipios vecinos". El alcalde considera que estas actuaciones permitirán "iniciar el despegue turístico y económico de la localidad", lo que contribuirá a reducir la tasa de paro. Almenara trata de superar una fuerte crisis económica que arrastra desde el cierre de diversas empresas, entre ellas, Pascual Hermanos en 1998, lo que provocó el incremento del paro y redujo las expectativas económicas en la población, que busca en el turismo su despegue.

El proyecto del paseo marítimo se inició bajo la alcaldía del socialista Josep Pastor. Los primeros pasos se dieron con apoyo del pleno municipal en 1986, pero transcurrieron tres años de expedientes y redacción de proyectos hasta que el consejo de ministros aprobó el proyecto y lo declaró de ejecución urgente.

Los primeros derribos se debían haber producido en 1991, pero un recurso de los propietarios admitido por un juzgado de Nules abrió una primera etapa judicial hasta que en noviembre de 1992 el Tribunal Supremo dio la razón al Ayuntamiento y al ministerio y autorizó el derribo de las casas. Días después, una moción de censura dejó la alcaldía en manos de José Luis Argamasilla, de EU, quien decidió denegar la licencia de obras al ministerio. Se abrió así una segunda batalla judicial que acabó otra vez en el Supremo en 1998, con una nueva autorización de derribo. Las elecciones municipales de 1999 dejaron el Consistorio en manos del actual alcalde, que retomó los trámites que han permitido iniciar ahora los derribos para construir el paseo marítimo.