El PP impide que el Parlament cree una comisión para investigar las cuentas de Unió

Los votos del PP catalán, unidos a los de CiU, impidieron ayer que se creara una comisión de investigación solicitada por el PSC, ERC e IC-V sobre la supuesta financiación irregular de Unió. La oposición solicitó que se investigaran las subvenciones de Trabajo para formar parados que recibió el empresario Fidel Pallerols. De nuevo, CiU se salvó en una ajustada votación: el resultado fue de 68 votos a favor y 67 en contra. El llamado caso Pallerols sólo tendrá investigación judicial. Pujol admitió insuficiencias en el reparto de ayudas y anunció que, en el futuro, se otorgarán por concurso.

Los diputados Josep Maria Rañé, del PSC; Josep Huguet, de ERC, y Joan Boada, de IC-V, defendieron la necesidad de la comisión de investigación, "en la que los dirigentes de Unió deberían ser los principales interesados", en palabras de Boada. Rañé instó al Gobierno catalán a elegir entre "el barullo y el chanchullo". Huguet pidió al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que levantara "la alfombra" porque las irregularidades suponen "un fraude a la democracia, al bien público y al libre mercado".En nombre de CiU, les contestó Domènec Sesmilo, dirigente de UDC vinculado personalmente a un centro receptor de ayudas, quien calificó de "acto delictivo" la filtración a los medios de comunicación de pruebas sobre la investigación judicial [se refería a la contabilidad de Fidel Pallerols y sus academias].

En su tercer paso por la Cámara catalana, la cuestión de los fondos de formación ocupacional obligó a CiU y al PP catalán a escenificar de nuevo el "hoy por ti mañana por mí" de las dos veces anteriores. Primero, el representante del PP, Daniel Cirera, desempolvaba la función de la Sindicatura de Cuentas y recordaba su mandato de investigar estos fondos, para terminar admitiendo que no se había podido cumplir por falta de medios y fondos. Luego pedía al Gobierno de Pujol que se abriera una "investigación interna".

El consejero de Trabajo, Lluís Franco, se apresuró a anunciar que su departamento ya había nombrado una comisión interna para esclarecer los hechos. Con este anuncio, los populares se dieron por satisfechos y votaron en contra de la comisión parlamentaria de investigación. La creación de una comisión era una propuesta del PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds, que atacaron con dureza el criterio de reparto de estos fondos.

Concurso público

El presidente de la Generalitat anticipó ayer por la tarde, en la sesión de control del Parlament, que "a partir de ahora" la adjudicación de los fondos ocupacionales de Trabajo se hará "a través de concurso público", lo cual "sin duda representará una mayor garantía". Con ello, Pujol admitía que el sistema actual de reparto no da suficientes garantías de transparencia.

Pujol hizo este anuncio en respuesta a la pregunta del diputado de IC-V José Luis López Bulla, a raíz de las últimas informaciones sobre el denominado caso Pallerols y la supuesta financiación irregular de UDC a través de los fondos otorgados a empresas o entidades vinculadas con esta formación política o sus dirigentes.

El presidente catalán defendió la correcta actuación de su Gobierno en este asunto y también reiteró su "plena confianza" en "la actuación que ha tenido" Unió "desde el punto de vista interno de partido". No obstante, Pujol indicó: "Otra cosa es que tengamos que ser más cuidadosos, y para serlo, a partir de ahora esto se hará a través de concurso público". El anuncio causó efecto entre los diputados, aunque en la práctica no suponga grandes cambios ya que actualmente ya se aplica el sistema de concurso.

López Bulla había denunciado en su intervención previa que el presidente catalán "calla ahora y ha callado siempre" en torno a estas cuestiones, cuando "se está hablando de dinero público" y de un "vínculo extraño entre el dinero y la política".

La doble sesión en el Parlament no permitió esclarecer por qué se mantuvieron el año pasado unos 250 millones de pesetas de ayudas a los centros de Pallerols a pesar de tener los centros cerrados, con la excepción del de Barcelona. Tampoco se arrojó luz sobre por qué se ha consentido que Pallerols no haya devuelto los 62 millones de ayudas que le fueron revocadas por el Departamento de Trabajo, como recordó en un momento del debate el presidente de IC, Rafael Ribó.