Las tres diputaciones tendrán que ceder la planificación en materia de agua al Gobierno

Las tres diputaciones tendrán que dejar en manos de un organismo público dependiente del Gobierno vasco la planificación hidrológica si prospera el anteproyecto de ley de Aguas presentado ayer por el responsable de esta materia del Ejecutivo, Jon Buesa. En la actualidad, la planificación es desarrollada por separado por el Ejecutivo, las instituciones forales y las mancomunidades y consorcios. La ausencia de una normativa ha causado un laberinto competencial en la gestión del agua, lo que produce colisiones entre los distintos agentes implicados.

El director de Aguas aprovechó una jornada organizada por el Departamento de Transportes y Obras Públicas para celebrar el Día Mundial del Agua para esbozar las líneas fundamentales del anteproyecto, que aún deberá ser consensuado con las diputaciones, consorcios, mancomunidades y usuarios. Todos estos agentes mandan, en mayor o menor medida, en el abastecimiento y saneamiento. La previsión del Gobierno es presentar en septiembre el documento en el Parlamento para que inicie su tramitación. Lo que aporta este proyecto en relación a lo que existe ahora es la clarificación sobre cuál es la institución que debe hacer las obras, cómo se financian y, sobre todo, la constitución de un organismo autónomo -denominado URA (agua)- que aglutinará las competencias hidráulicas de todas las instituciones vascas y sobre el que recaerá la planificación hidrológica. Así, se terminará con el principio que se había instituido en la práctica de que "quien invierte planifica", según el cual, si una institución gasta dinero en una obra se considera con derecho a decidir sobre la estrategia a seguir, aunque la cuenca fluvial en cuestión surque dos provincias.

En las cuencas internas (las que son competencia exclusiva de Euskadi), el URA será el único órgano competente, y en las cuencas de competencia estatal (compartidas con otras comunidades autónomas) será el organismo que ejecute aquello que le sea encomendado por parte del Estado. El URA dependerá funcionalmente del Departamento de Transportes y Obras Públicas, pero estará participado en sus principales órganos de dirección por las diputaciones, entes locales y usuarios.

Las obras hidráulicas consideradas de interés general para Euskadi serán ejecutadas por el Gobierno, independientemente de en qué provincia se ubiquen. Sólo las obras que afecten a un territorio y a entes locales, como las de abastecimiento, serán competencia de las diputaciones. El documento también recoge la creación de una policía de aguas, que se encargaría de controlar los vertidos y abusos registrados en las cuencas fluviales del País Vasco. El anteproyecto endurece las sanciones y eleva las multas hasta cien millones de pesetas.

Introduce, además, otro elemento novedoso: el cobro de una nueva tasa a los usuarios para hacer frente a las obras de infraestructura hidráulica de la comunidad. Este canon figurará reflejado directamente en el recibo que cada dos meses deben abonar los usuarios. En la actualidad, el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao ya cobra una tasa a sus usuarios por el plan de saneamiento de la Ría. "Este canon es la forma de que el usuario se conciencie de que hay que dar un uso racional al agua. Cuando se paga siempre se valora todo", resaltó un miembro del departamento.

En líneas generales, el anteproyecto elaborado por el Departamento de Obras Públicas, dirigido por Álvaro Amann, no presenta grandes diferencias respecto al último documento planteado por su antecesor, el socialista José Antonio Maturana, aunque sí se ha avanzado algo más en la clarificación de la competencia sobre las obras hidráulicas, es decir, a quién le toca pagar y ejecutar las obras, dependiendo de que sean de interés general o local.

El Gobierno ha dado el paso de presentar ahora el anteproyecto porque entiende que se ha madurado lo suficiente como para que pueda ser aceptado por todos. Sin embargo, la negociación no ha terminado y parece que habrá pugna entre la administración autónomica, foral, consorcios y mancomunidades. La Diputación de Álava ya se ha apresurado a mostrar su desacuerdo con el anteproyecto porque "choca" con preceptos de la Ley de Territorios Históricos, que determina las competencias que deben ser asumidas por las diputaciones. Además, considera que la presencia reservada para las instituciones forales en los órganos de decisión del URA es "insuficiente".