Propietarios de pisos protegidos eluden un decreto contra la especulación por una filtración del Gobierno navarro

Una filtración en el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra permitió a un grupo indeterminado de propietarios de viviendas de protección oficial conocer de antemano que el Ejecutivo de UPN preparaba un decreto que ampliaría de 5 a 12 años el plazo mínimo para poder descalificar los pisos protegidos y venderlos a precio de mercado. La filtración, reconocida por el departamento, permitió a quienes la conocieron iniciar inmediatamente la devolución de parte de las ayudas económicas recibidas, evitando los efectos retroactivos del decreto antiespeculación, aprobado el pasado 20 de diciembre, aunque no entró en vigor hasta el día 31.El PSN-PSOE exigió ayer que el consejero Javier Marcotegui comparezca ante el Parlamento foral para explicar lo sucedido y aclarar si hubo información privilegiada hacia algunos propietarios, dado que en el mes de diciembre la devolución de ayudas triplicó, con 109,6 millones de pesetas, la media mensual del año 1999. Por su parte, IU pide una investigación interna que determine el origen de la filtración y sancione "con firmeza y ejemplaridad" a sus autores, y propone que se paralicen los expedientes iniciados los días previos a la entrada en vigor del decreto.

El hecho agrava la polémica originada por el efecto retroactivo de la medida, que afecta preferentemente a más de 10.000 familias de Pamplona y su comarca y que provocó una convulsión social, con consultas, quejas y hasta insultos en los pasillos del Departamento de Vivienda. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Navarra ha recibido un recurso presentado por 330 propietarios de viviendas de VPO en el que se pide la suspensión de la retroactividad del decreto. Los recurrentes aseguran que aplicar a las viviendas ya entregadas el nuevo plazo mínimo de 12 años para, previa descalificación, poder venderlas, crea inseguridad jurídica y vulnera artículos constitucionales. Muchos propietarios habían pagado ya entradas para nuevas viviendas contando con el precio de mercado que iban a obtener por sus pisos, tras descalificarlos, algo que hasta ahora era posible a partir de los cinco años de su compra.