La Comisión Mundial del Agua alerta del drástico descenso de los recursos hídricos 1.200 millones de personas carecen de agua potable y a 3.000 millones les falta para limpiarse

En los albores del siglo XXI, el acceso al agua sigue siendo el privilegio de una minoría. La mitad de los 6.000 millones de personas que pueblan la tierra no tiene acceso a servicios de saneamiento y 1.200 ni siquiera disponen de agua potable. A esta situación de carestía se añade, debido al crecimiento demográfico, un futuro negro, dominado por una carestía general de recursos hídricos. Así lo establece el informe que ha preparado la Comisión Mundial del Agua ante el siglo XXI, capitaneada por el Banco Mundial y varios ex jefes de Estado y de Gobierno.

El crecimiento demográfico para dentro de 25 años -habrá entonces 8.000 millones de habitantes- ofrece malas perspectivas sobre la disponibilidad de agua dulce, muy escasa ya en el planeta. Así, el informe de la Comisión Mundial (el documento se presentará en el Segundo Forum Mundial del Agua que se celebrará la semana próxima en La Haya) considera que el crecimiento de la demanda de agua para usos agrícolas será del 17%, para la industria del 20% y para abastecimientos del 70%. Habida cuenta de que el 97,5% del agua disponible en el planeta es salada y sólo un mínimo porcentaje es dulce, el acceso a este recurso natural escaso plantea graves problemas. El derroche, la contaminación, la deforestación y la degradación de los suelos comprometen gravemente su calidad y cantidad, cuando no escasea. Las nuevas demandas ejercerán "presiones intolerables sobre el medio ambiente", según el informe.

Mientras los países ricos han desarrollado un 70% su capacidad de almacenamiento de agua en embalses, los pobres sólo disponen de un 20%. La construcción de presas sigue jugando un papel relevante en muchos países en desarrollo, siempre que se tengan en cuenta los impactos ambientales y sociales. Cada año se construyen alrededor de 300 grandes presas que se añaden a las 39.000 existentes en el mundo.

Las recomendaciones de la Comisión Mundial de Presas, que se harán públicas el próximo mes agosto, apuntan a una nueva política sobre estas infraestructuras, en la que será prioritario la negociación con todos los agentes sociales afectados para que intervengan en su planificación, construcción y explotación.

El informe no niega los avances logrados en los últimos 20 años, periodo en el que se ha logrado que 2.400 millones de personas hayan accedido por primera vez al agua potable y 600 a instalaciones de saneamiento. Al propio tiempo, sin embargo, han surgido nuevos problemas, que han influido en la degradación del recurso hídrico. Los acuíferos se han sobreexplotado a niveles sin precedentes; un 10% de la producción agrícola depende del agua subterránea. Se abusa de los acuíferos fósiles, como los situados en el oeste de los Estados Unidos, México, India, Yemen o China donde los niveles freáticos disminuyen un metro al año.

La falta de vegetación en las riberas de los ríos aumenta los riesgos de inundaciones como ocurrió, en 1998, con el Yangtze en China. Un año antes, el agua del río Amarillo dejó de llegar al mar durante más de 220 días.En estas condiciones, agravadas por el hecho de que 3.000 millones de personas sobreviven con menos de dos dólares al día (346 pesetas), los países pobres apenas disponen de recursos financieros para llevar el agua donde hace falta.

La Comisión cree que la única manera de cubrir esas necesidades y frenar los vertidos contaminantes al agua es aplicar el principio de que quien contamina paga así como que el agua se facture al precio real de su coste. Señala que la reforma del precio facilita la privatización del servicio porque aumenta su eficiencia. En muchos sistemas de regadío de titularidad pública sólo se aprovecha el 30% y donde se instalan contadores el consumo desciende drásticamente.

Privatización

La Comisión cree que la privatización permite obtener recursos para financiar nuevas redes de captación de transporte y distribución. Con esa fórmula, el sector privado obtendría 180.000 millones de dólares anuales (31 billones de pesetas), frente a los 75.000 millones (12 billones de pesetas) que se invierten ahora en la gestión del agua. Su regulación, la protección del medio ambiente y las subvenciones directas a los usuarios necesitados deben correr por cuenta de los Estados.

La Comisión asume que el modelo de gestión aplicado en España, centrado en las cuencas hidrográficas es el idóneo, aunque cita expresamente a las agencias de agua francesas. Este esquema es extrapolable a las cuencas transfronterizas en cuya gestión se requiere necesariamente la cooperación internacional. Cuando ésta no se consigue propone la creación de un mediador para resolver los conflictos.