CiU exige la reducción en 400.000 millones del déficit fiscal catalán a cambio de su apoyo

CiU está dispuesta a facilitar la investidura del nuevo presidente del Gobierno si éste se compromete a reducir en 400.000 millones de pesetas el déficit fiscal de Cataluña. La coalición que lidera Jordi Pujol presentó ayer las 12 condiciones que impondrá al partido que gane el 12-M a cambio de su apoyo parlamentario. El principal objetivo de los nacionalistas catalanes es conseguir un sistema de financiación que disminuya considerablemente el déficit fiscal, que CiU calcula en 1,3 billones, y que, además, incluya el traspaso de la Agencia Tributaria y un incremento sustancial del autogobierno.

"Cualquier apoyo político se supeditará a estos compromisos", afirmó ayer el cabeza de cartel de CiU, Xavier Trias. Su formación, Convergència i Unió, quiere presentarse en el debate de investidura con los deberes hechos. Y cambiará su apoyo parlamentario -si al final sus votos son decisivos para facilitar la gobernabilidad- por la aceptación de al menos doce reivindicaciones de carácter nacionalista y de política general del Estado. El objetivo es repetir la experiencia que ya funcionó en 1996 para apoyar la investidura de José María Aznar, es decir, cerrar un catálogo de compromisos para toda la legislatura.No obstante, los dirigentes de CiU son conscientes de que sus reclamaciones no podrán cumplirse de la noche a la mañana. Por ello exigirán una promesa previa para que sus demandas tengan la correspondiente negociación a lo largo de los cuatro años de Gobierno. Una petición dirigida expresamente al Partido Popular, al que se considera probable ganador de las elecciones del domingo.

"No daremos nuestro apoyo si el nuevo Gobierno no está dispuesto a trabajar para hacer posibles estos puntos". Así de rotundo se expresó el cabeza de cartel de CiU para resumir la actitud que mantendrá su formación política.

El decálogo se divide en tres partes: las demandas de carácter nacionalista, las que afectan al Estado del bienestar y las de ámbito económico. Los nacionalistas quieren elevar como sea el techo competencial de Cataluña. Y para ello necesitan más traspasos -incluso a través del artículo 150.2 de la Consti-tución- y una mejora sustancial del modelo de financiación autonómica, que caduca a finales del 2001.

Según un reciente estudio encargado por el propio Gobierno catalán a la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el déficit fiscal catalán se elevó en 1998 a 1,3 billones de pesetas. Los anteriores informes lo cifraban entre 700.000 millones y 1,2 billones de pesetas, y así figura en el programa electoral de la coalición. El déficit fiscal es la diferencia entre lo que pagan los catalanes en impuestos y lo que retorna el Estado a Cataluña en forma de transferencias, inversiones, servicios y subsidios.

El objetivo de CiU es reducir este déficit en al menos 400.000 millones de pesetas por año. Un dinero que iría directamente a las arcas de la Generalitat de Cataluña. No obstante, los nacionalistas reclamarán de nuevo la publicación de las balanzas fiscales de cada comunidad autónoma, lo que, a su juicio, demostrará el trato "injusto e insolidario" que recibe Cataluña. Si no consigue el pacto fiscal, CiU ya ha amenazado con recurrir ante el Tribunal Constitucional el actual modelo de financiación.

Los nacionalistas cuentan con un significativo precedente: el recurso interpuesto por tres länders alemanes contra el modelo de financiación germánico. El Constitucional dictaminó que las aportaciones fiscales a la Hacienda central de estos tres territorios (Baviera, Hesse y Baden-Württemberg) eran excesivas.

El Congreso de los Diputados aprobó en esta última legislatura dos mociones para que se hiciesen públicas las balanzas fiscales de las distintas autonomías. Pero el Gobierno central ha hecho oídos sordos a este requerimiento. "Exigiremos su publicación este año para que quede claro qué aporta Cataluña", subrayó Trias.

El pacto fiscal de Convergència i Unió reclama que la Generalitat recaude la totalidad de los impuestos en Cataluña y que posteriormente transfiera al Estado una parte de los mismos. En concreto, Cataluña se quedaría con el 60% del IRPF, el 50% del IVA y del Impuesto sobre Sociedades y la totalidad de los impuestos especiales, de la matriculación de vehículos y los tributos cedidos.

Autogobierno

El primer punto de las exigencias nacionalistas tiene un antecedente fundamental: la Declaración de Barcelona firmada por CiU, el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Nacionalista Vasco. En definitiva: el reconocimiento de que España es un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Y como tal, Cataluña debe tener las correspondientes competencias.

Los nacionalistas no apuestan por un Estado descentralizado, sino por que Cataluña eleve sustancialmente la cuota de autogobierno. Este objetivo se conseguiría mediante la firma de un "pacto por el autogobierno" de Cataluña que, en la práctica, significaría que la Generalitat sería la única Administración en esta comunidad. En el documento de 12 puntos no se incluye la supresión de los ministerios de Cultura y de Sanidad.

El reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado entraría en contradicción, según CiU, con el decreto de Humanidades que los conservadores quieren recuperar en la próxima legislatura si alcanzan de nuevo La Moncloa. Para Xavier Trias, esto demuestra que el PP todavía padece "ciertos tics autoritarios". "Es típico", afirmó, "porque el señor Aznar es de la derecha, tiene sus tics y no podemos evitar que le salgan de vez en cuando".

En declaraciones a Antena 3, el candidato nacionalista se reafirmó en que CiU podría entrar en un futuro en el Gobierno central, con su correspondiente cuota ministerial, si se resuelven las dos principales demandas: el incremento del autogobierno y el pacto fiscal. "CiU tiene voluntad de entrar en el Gobierno", subrayó, "pero uno no puede entrar sólo para reivindicar".

En las iniciativas de carácter nacionalista se solicita el traspaso a la Generalitat de la gestión de los aeropuertos, una medida que sería extensible al resto de comunidades autónomas. En este apartado, CiU dispone del apoyo de los Gobiernos de Baleares, Andalucía, País Vasco y Canarias.

Reforma del Pacto de Toledo

Entre las demandas sociales destaca la reforma del Pacto de Toledo, mucho más ambiciosa que las propuestas lanzadas ayer por José María Aznar. En concreto, se hace hincapié en la subida de las pensiones de orfandad y de viudedad. Estas últimas se incrementarían del 45% al 75% de la base reguladora. Ayer, el candidato del PP limitaba la subida al 52% de la base reguladora. Los nacionalistas también reclaman una pensión de jubilación para las amas de casa.

CiU incluye asimismo un pacto para mejorar el funcionamiento de la Justicia, dotándola de mayores recursos materiales y personales. Además, se pide la condonación de la deuda externa de los países en vías de desarrollo. En el terreno económico, plantea una apuesta fuerte por los empresarios autónomos, con el objetivo de que parte de este electorado no se decante esta vez por el PP en los comicios del domingo. CiU pide la equiparación de los autónomos al régimen general de la Seguridad Social. Asimismo, se pide la creación en Cataluña de 250.000 puestos de trabajo e incentivar la contración femenina.

A semejanza del PSOE, CiU plantea adelantar la supresión del servicio militar obligatorio a finales de este año 2000.