Bruselas propone que los causantes de catástrofes paguen de entrada los daños El proyecto establece que las industrias tengan una póliza que cubra los riesgos ambientales

La rotura de la balsa con cianuro sobre el Danubio, el vertido del petrolero Erika en las playas francesas o la catástrofe de Aznalcóllar, cerca de Doñana, han movilizado a la Comisión Europea. Para cubrir los costes de reparación de los daños al medio ambiente o el saneamiento de los lugares contaminados, el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental propone que sean los responsables de los accidentes los que asuman esos costes, aunque no quede probada su culpabilidad. Para lograrlo, la CE propone que las empresas paguen una póliza que cubra los riesgos.

¿Quién va a pagar la reparación del cauce del Guadiamar, que ha costado 30.000 millones de pesetas? De momento, ese dinero ha salido del bolsillo de todos los españoles. Dentro de uno o dos años, cuando la justicia resuelva quién fue el culpable de que la balsa minera de Aznalcóllar vertiera todo su contenido contaminante al río, quizá pague algo la compañía Boliden, que explotaba la mina. Si la justicia no encuentra culpabilidad en la gestión de la mina, nadie devolverá a los contribuyentes ni el dinero que adelantaron para restituir el ecosistema del río ni las indemnizaciones pagadas a los agricultores.La Comisión Europea quiere acabar con esto: que paguen todos por los daños que causan unos pocos. Seveso, Aznalcóllar, Erika, Baia Mare. Son demasiados sucesos encadenados como para permanecer impasibles.

En el borrador del Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental que la Comisión acaba de sacar a la luz, propone que en casos como el de Aznalcóllar, Erika o Baia Mare no sea necesario probar la culpabilidad del causante del daño para deducir su responsabilidad.

"La responsabilidad basada en la culpa es aplicable a los casos de actuación incorrecta deliberada, resultado de negligencia o de falta de atención suficiente", dice. Pero este criterio "choca con un enorme obstáculo: la gran dificultad a la que se enfrentan los demandantes para probar la culpabilidad de la parte demandada en los juicios por responsabilidad ambiental". Al final es el Estado, la sociedad en su conjunto, el que se hace cargo subsidiariamente de compensar esos daños, como ha ocurrido en España en casos muy recientes, por la insolvencia de "los culpables", como la rotura de la presa de Tous (20.000 millones que todavía no han terminado de pagarse) y el envenenamiento por el aceite manipulado de colza, que ha costado medio billón de pesetas.

Difíciles pruebas

Otro argumento que apoya el modelo sugerido por la UE es que la asunción de riesgos por los daños derivados de una actividad intrínsecamente peligrosa no corresponde a la víctima ni al conjunto de la sociedad, sino a los responsables de la misma. Es decir, una barriada no tiene por qué asegurarse frente a los riesgos de un accidente en una industria química instalada en sus inmediaciones, más bien tienen que ser los propietarios de esa industria los que estarían obligados a suscribir pólizas de seguro para cubrirse de cualquier riesgo frente a terceros, los vecinos de la barriada.

Recuerda el Libro Blanco que en los litigios medioambientales suele ser muy difícil para el demandante probar la relación causa-efecto entre un acto del demandado y el daño provocado, mientras resulta muy fácil para el demandado probar lo contrario. Por ese motivo propone reducir la carga de la prueba en favor del demandante, como ya recogen las legislaciones más avanzadas en esta materia en Estados Unidos, Alemania o Dinamarca.

En el caso de Aznalcóllar, y en el supuesto de que Boliden tuviera suscrita una póliza de responsabilidad civil ambiental, no haría falta demostrar que la balsa se rompió por una negligencia deliberada de la compañía explotadora para que el seguro se hiciera cargo de los daños causados.

Cuando estos daños no tienen repercusión directa en la salud o la economía de las personas, pero sí en ecosistemas protegidos por la red Natura 2000 -hábitat, fauna y flora silvestre, espacios protegidos por la calidad de su biodiversidad-, el Libro Blanco dice que debe haber un umbral mínimo de cobertura de riesgos. ¿Cómo evaluarlos?, se pregunta. "Deben quedar cubiertos los daños significativos, especialmente si son irreparables. En cada caso se deberá realizar un análisis de costes y beneficios razonable. En aquellos en que la restauración sea posible debe cubrir los costes de restauración".

Acceso a la justicia

El documento propone incorporar a una próxima directiva sobre responsabilidad civil ambiental facilitar el acceso a la justicia en línea con el Convenio de Arhus. En cualquier litigio convencional la víctima no tiene más que presentar una denuncia ante los juzgados para salvaguardar sus intereses particulares afectados. Pero ¿quién defiende al medio ambiente. Como su protección es de interés público, el Libro Blanco apunta a que cada vez está más extendida la noción de que la ciudadanía en su conjunto debe sentirse responsable y ha de poder actuar para protegerlo en determinadas circunstancias. Por ello propone incorporar a la legislación comunitaria la parte del Convenio de Arhus en la que se permite tanto a los particulares como a grupos de interés y ONG impugnar decisiones de una autoridad ante un tribunal u otro organismo independiente, solicitar la aplicación de medidas efectivas y recurrir contra las actuaciones de personas jurídicas y autoridades públicas que contravengan las disposiciones de la legislación en materia de medio ambiente.

María Artola, socia directora de la consultora Práctica Ambiental, cree que esta "legitimación activa" que se les proporciona a los organismos ambientales es de gran interés, porque el Código Civil español sólo autoriza a los directamente afectados a intervenir ante los tribunales. "En este esquema no hace falta, con lo que se facilitaría mucho la intervención activa de las organizaciones ecologistas o de cualquier otro tipo frente a actuaciones contrarias al medio ambiente".

España se queda rezagada

Aunque el Libro Blanco de la Comisión Europea reconoce que la implantación de una directiva sobre responsabilidad ambiental llevará tiempo por la escasa cultura del sector seguros en la cobertura de riesgos ambientales, no duda de que será una realidad. En Europa ya hay países como Alemania -su ley es una referencia para los juristas- y Dinamarca, que la han desarrollado. En EEUU lleva tiempo implantado. Estima que el coste para las actividades de riesgo de un seguro medioambiental tendrá una repercusión del 5% en sus presupuestos.

En España, la finalización de la legislatura ha dejado en suspenso una ley de responsabilidad civil. Fue uno de los proyectos estrella de Isabel Tocino nada más acceder al Ministerio de Medio Ambiente. El borrador fue duramente criticado en el último congreso de juristas medioambientales, celebrado en Barcelona. Después, fue retocado y ya ha sido informado por el Consejo Económico y Social. "Si no se ha aprobado por el Gobierno, ha sido porque no quedaba tiempo material", dice un portavoz del ministerio. El texto se ajusta a las líneas diseñadas por el Libro Blanco de responsabilidad ambiental, añade. Los redactores del libro se dan de plazo hasta el mes de julio para que los interesados envíen a la Dirección General de Medio Ambiente sus sugerencias.