Los jueces chilenos decidirán sobre la inmunidad

Apenas dos horas después de que el Boeing de la Fuerza Aérea chilena despegara de Londres con Augusto Pinochet a bordo, un grupo de siete abogados presentó en el Palacio de los Tribunales de Santiago una petición de desafuero que, de aprobarse, permitiría el procesamiento del hoy senador vitalicio por su "participación criminal en calidad de autor inductor en los delitos de secuestros calificados agravados (desaparición de personas) y de asociación ilícita". Paralelamente, ingresaba en los mismos tribunales la querella criminal número 60 contra el exdictador, por el caso de Edmundo Ziede, militante del MIR y detenido-desaparecido durante la dictadura. Frente a los tribunales, decenas de manifestantes enarbolaban pancartas contra la liberación.

Las últimas noticias sobre la llegada de Pinochet, que el Ejército mantiene con gran sigilo, apuntaban a una llegada a Santiago entre las ocho y las doce de la mañana (cuatro horas más en España), con una previsible escala en Iquique, al norte del país.El presidente saliente del país, Eduardo Frei, que el 11 de marzo entregará el mando al socialista Ricardo Lagos, se dirigió al país para recordar su compromiso ante los chilenos para lograr el regreso de Pinochet. "A pocos días de finalizar mi mandato, he cumplido con mi compromiso", declaró. El democristiano Frei subrayó: "Todos los esfuerzos por lograr el regreso de Pinochet han tenido un único fin: que los tribunales chilenos, y no los de otros países, sean los que apliquen la ley. Serán los tribunales chilenos quienes decidirán si el senador Pinochet es responsable de los delitos que se le imputan". "Ahora los tribunales de justicia tienen la palabra", aseguró el presidente. "El caso Pinochet nos ha hecho reflexionar sobre el pasado, y nos ha impuesto la necesidad de dialogar con franqueza. No queremos que el pasado sea un lastre, pero no queremos un olvido fácil".

Las víctimas de la represión recibieron la noticia de la liberación de Pinochet con serenidad, sin lágrimas ni aspavientos. Las agrupaciones de familiares de detenidos-desaparecidos ponen ahora el énfasis en el gran reto que afronta la justicia chilena. La petición de desafuero es la primera prueba.

Prueba de fuego

Hugo Gutiérrez, uno de los abogados querellantes, dijo que es una prueba de fuego para el poder judicial. "Ha llegado la hora de la verdad", subrayó. En la solicitud entregada al juez Juan Guzmán, instructor de las 60 querellas, se pide el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Pinochet para juzgarle por la desaparición de 19 detenidos que fueron fusilados en tres localidades del norte de Chile en el operativo conocido como caravana de la muerte, llevado a cabo poco después del golpe de setiembre de 1973.

"Es claro que esta vasta operación obedeció a instrucciones precisas emanadas del general Pinochet, quien adopta la decisión de instrumentar la muerte de lo más granado de la dirigencia opositora que se encontraba a disposición del poder ejecutivo en virtud de estado de sitio", señala la petición. Y agrega que Pinochet actuó en calidad de "autor inductor frente a estos crímenes, es decir, de persona que, concibiendo un designio criminoso, no opera por sí misma sino que encomienda, por medio de una orden, la ejecución de un delito en un tercero".

Corresponde al juez Guzmán elevar esta petición a los 25 magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberán decidir por mayoría si le dan luz verde. Votan 24, todos menos Guzmán, porque es parte interesada por ser el instructor. El magistrado declaró que asume una gran responsabilidad, "ya que el mundo pondrá sus ojos sobre la justicia de Chile", y anunció que, a partir de ahora, se dedicará de manera exclusiva a la investigación de las querellas contra Pinochet. Aseguró que no ha recibido presiones de ningún tipo y manifestó su deseo de que así sea a partir de ahora. La pelota está en el poder judicial chileno. En este sentido habló el presidente de la Corte Surprema, Hernán Álvarez, cuando aseguró que los chilenos están en condiciones de asumir sus propias responsabilidades.

Nadie está para grandes euforias en Chile. Sólo reducidos grupos de pinochetistas recalcitrantes exhibieron su alegría ante la sede de la fundación de su general. Buena parte de la clase política coincide en señalar que la forma en que se ha producido el regreso no es para cantar victoria. El almirante y hoy senador Jorge Martínez Bush recordó que "no todo está cerrado. Hay 50 chilenos que no pueden salir de su patria". Se refería el antiguo colaborador de Pinochet a la lista de 38 militares y civiles estrechamente vinculados con la dictadura que el juez Baltasar Garzón maneja para una eventual acción judicial por graves delitos. El ministro de Exteriores, Juan Gabriel Valdés, subrayó que no es momento para celebraciones. El caso Pinochet está cerrado, dijo, pero admitió que el Gobierno de su país ve con preocupación que "tribunales españoles lleven adelante procesos que afectan a ciudadanos chilenos". Valdés fue tajante a la hora de atribuir responsabilidades. "El principal responsable de lo que ha ocurrido y de la imagen que ha dado Chile es Pinochet. No el Gobierno chileno, ni los Gobiernos extranjeros".

Desde las filas de la Concertación (alianza de democristianos y socialistas) la opinión más generalizada es que el regreso es positivo para Chile con la precisión de que un juicio a Pinochet serviría para unir al país. "Tenemos que demostrar que en Chile existe la justicia", reclamó la diputada Isabel Allende, hija del presidente derrocado.

Los políticos de la derecha se expresaron con mayor cautela. Alberto Cardemil, presidente de Renovación Nacional, reiteró que nadie en Chile está al margen de la ley "por importante que sea". Pinochet tiene por delante un periodo largo para reponerse, añadió, "y ojalá que así sea". La decisión sobre su futuro político, en el Senado o en cualquier otro foro, "es suya y nosotros la respetaremos", precisó Cardemil.

Las manifestaciones en la calle reunieron a lo largo del día a grupos minoritarios. A las ocho de la tarde estaba convocada una concentración de familiares de las víctimas frente al palacio de La Moneda, para exteriorizar el duelo por el regreso de Pinochet.

Una interpretación muy distinta de los acontecimientos hacía la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín, que manifestó que desde la cancillería "se hizo la gran cruzada para lograr el regreso de Pinochet".