La fiscalía arremete contra la Audiencia por el fallo de la 'niña de Benamaurel' Considera que el tribunal "lesionó" la independencia del juez que paralizó el regreso

El fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, se ha puesto en contra de la resolución de la Audiencia Provincial que ordenó que María Ángeles, la niña de Benamaurel, de 13 años, volviera en contra de su voluntad con sus padres adoptivos, de los que fue separada hace siete años por la Junta de Andalucía ante los indicios de malos tratos. Flores ha remitido a la Fiscalía General del Estado un informe en el que considera que la Audiencia de Sevilla ha "lesionado" la independencia del juez de familia que había paralizado en su día la devolución de la niña.

El informe de Flores, remitido ayer mismo a la Fiscalía General del Estado, señala que la sección sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha lesionado la independencia del titular del juzgado de familia número 7, Francisco Serrano, informa Europa Press. Es el propio juez de familia quien debe ejecutar el fallo de la Audiencia, según Flores. Este lleva al fiscal jefe a preguntarse qué decisión puede adoptar ese juez si durante la permanencia de la niña en un centro de acogida se recibe un informe en el que no se aconseja su vuelta con los padres adoptivos, residentes en Bormujos (Sevilla).Según el fiscal jefe, la Audiencia mostró "un trato despectivo" hacia el juez de familia en el auto del pasado 3 de febrero, que ordenaba el regreso de la niña a Bormujos. En ese fallo, los magistrados criticaban la voluntad "rebelde y hostil" del citado juez al abrir un incidente procesal que, al entender de esa sala, no aportó nada nuevo al caso.

Al margen de esta iniciativa, la fiscalía sevillana ya ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional el auto de la sección sexta de la Audiencia de Sevilla que el pasado 3 de febrero ordenó el regreso de María Angeles con sus padres de adopción de Bormujos. De momento, la Fiscalía del Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre si interpondrá o no el recurso. La Junta de Andalucía, por su parte, ha anunciado que recurrirá la decisión de la Audiencia y acudirá al Tribunal Constitucional.

El informe de Flores tiene por objeto que la Fiscalía General del Estado pueda ponerlo en conocimiento, si lo estima oportuno, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces.

El caso de la niña de Benamaurel ha suscitado una considerable reacción popular en contra del fallo de la Audiencia sevillana. El pasado día 8, 3.500 vecinos de Benamaurel (Granada) y otras localidades cercanas se echaron a la calle para apoyar el deseo expresado por la niña de permanecer en ese pueblo granadino, cuya población no pasa de las 2.500 personas.

María Ángeles vive desde hace tres años en Benamaurel con Manuel Martínez y Maruja Pozo. Anteriormente había estado en varios centros de acogida. El fallo de la Audiencia la obliga a volver con su primera familia adoptiva, que -según ha narrado ella misma- la maltrataba, la hacía dormir en el suelo y la obligaba a comer con los animales.

La Asociación para la Defensa de los Derechos del Niño (Prodeni) ha calificado la decisión de la Audiencia sevillana como "surrealista y monstruosa". Esta asociación opina que el fallo conculca los derechos humanos y contradice la convención de la ONU sobre los derechos del niño.

Críticas a la fiscalía

El documento remitido por Flores a la Fiscalía General del Estado también critica el tratamiento que recibió el ministerio público en el mismo fallo, que calificaba de "censurable" la actuación del fiscal por haber solicitado unos informes psicológicos y valoraciones sobre el estado de la menor antes de conocer si había variado la situación de la niña.

Según Flores, el fiscal debe ser tratado con la "consideración y el respeto" que marca la ley. Sobre la actuación del ministerio público se puede discrepar, pero las críticas a ella sólo pueden provenir de un superior jerárquico".

El fallo de la Audiencia también presentaba críticas contra la Junta de Andalucía, administración personada como acusación particular en el proceso y que, hace siete años, había retirado a la niña de Benamaurel ante los indicios de malos tratos.