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El PNV cree indispensable la "retirada definitiva de ETA" para un referéndum de autodeterminación Su programa plantea ese derecho como punto de encuentro para la convivencia entre vascos

El PNV plantea en su programa para los comicios del 12-M como algo "indispensable" que un posible referéndum sobre la autodeterminación no se realice antes de la "retirada definitiva" de ETA. El apartado sobre pacificación del programa plasma lo aprobado en la última Asamblea General del PNV y apunta que, por encima de la pluralidad política, está que "la mayoría" de la sociedad se reconoce "como ciudadanos vascos". A la vez que defiende la mesa de partidos y la restauración de la tregua, el PNV considera la autodeterminación como punto de encuentro para los partidos.

Si la III Asamblea General del PNV, celebrada en enero pasado, plasmó el magma ideológico para avanzar hacia la normalización en Euskadi, el programa electoral avanza las cuatro fases que se han de recorrer en el camino de la paz. En su apartado sobre pacificación -catalogado ayer por el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, como la "prioridad absoluta" por encima incluso de la renegociación del Concierto Económico- el programa peneuvista defiende primero que ETA vuelva a declarar una tregua y que se constituya un foro de diálogo sin exclusiones ni límites con el compromiso de que se respete la decisión de los vascos. Como tercer paso, el partido propugna el derecho de autodeterminación entendido como punto de encuentro para la convivencia que permita, además, "ensanchar" el marco constitucional ."La convivencia entre pueblos y naciones sólo es posible desde el reconocimiento a la identidad del otro y el respeto a su capacidad de decidir por sí mismo. Si se niega este derecho, no estamos hablando de convivencia sino de imposición. No estamos hablando de libre adhesión, sino de conquista. No estamos hablando de afectividad, sino de autoritarismo", se apunta en el texto.

Frente a la abstención

Finalmente, una consulta ante la población para ratificar la autodeterminación tendría que realizarse bajo la condición indispensable de la "retirada definitiva" de la organización terrorista. El PNV cree que si España no acepta el derecho de los vascos a autodeterminarse y no lo incorpora a su ordenamiento jurídico a través de una interpretación "flexible, abierta y dinámica" de la Disposición Adicional primera de la Carta Magna, convertirá la Constitución en "una cárcel de naciones".

Frente a la posición abstencionista de Euskal Herritarrok en estas elecciones, el PNV defiende la participación en los comicios para no hacer dejación de sus propias responsabilidades y evitar así una equivocada política "ombliguista y aislacionista que denota complejos y debilidad".

La formación que preside Arzalluz esgrime hasta 13 argumentos en su programa para combatir las proclamas abstencionistas de la izquierda abertzale. A su juicio, la ausencia en el Congreso supondría, entre otras cosas, la pérdida de influencia política y la imposiblidad de actuar coordinadamente con diputados y senadores nacionalistas gallegos y catalanes para el "redimensionamiento del Estado".

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Los peneuvistas entienden el futuro del autogobierno en una relación de igual a igual con el Estado en un "plano bilateral" que garantice que la participación de los poderes públicos vasco en las decisiones que adoptes el Estado con incidencia en Euskadi y en la "garantía de no interferencia sobre Euskadi por órganos del Estado en los que no hayan participado los poderes públicos vascos".

La segunda clave del programa del PNV para las elecciones generales es la relación entre las administraciones central y vasca en materia tributaria y financiera. Pero tanto la renegociación de la Ley del Concierto Económico como la Ley del Cupo son considerados por el PNV como segunda derivada en sus posibles pactos de investidura o de legislatura con la formación que gane las elecciones, ya que la materia estrella es la pacificación de Euskadi. Arzalluz lo dejó ayer claro al subrayar: "No contarán con nuestro apoyo aunque quisieran mejorar nuestro Concierto", si no se entra a fondo en el problema de la pacificación.

Renegociar el Concierto

El PNV sorprende con el horizonte temporal que propone a la Administración central para la renovación del Concierto económico: 25 años, con el fin, dicen, de dar "estabilidad al modelo de relaciones tributarias y financiera con el Estado". La Ley del Concierto, pactada con el Gobierno de la UCD, fue aprobada por las Cortes el 13 de mayo de 1981. De esta forma, el PNV pretende ampliar en cinco años la duración del anterior Concierto. Además, se exige la participación de las Administraciones tributarias vascas en la adopción de decisiones en esta materia de política fiscal a nivel comunitario.

Apagada ya la denominada guerra fiscal por las beneficios fiscales aprobados por las tres diputaciones vascas, el PNV defiende un desarrollo de los pactos políticos que en esta materia se puedan acordar con "lealtad y confianza por ambas partes". Y frente a la constante judicialización de esta materia, se aboga por resolver las discrepancias a través de mecanismo de "naturaleza política".

Navegar entre el liberalismo y el Estado

El coordinador del programa electoral, el diputado Joxe Joan González de Txabarri, dijo que con los postulados que el texto recoge, su partido pretende navegar entre el modelo estatista de "incremento de los impuestos" del PSOE y el que "no haya impuestos para que el Estado social sea muy débil, que dice el PP", indicó. Éstos son algunos de los principales puntos del programa:Economía e impuestos. Defensa del equilibrio presupuestario, manteniendo el actual nivel de presión fiscal. Una reforma del IRPF para rebajar más los tramos en rentas inferiores a los 3 millones de pesetas. Políticas de apoyo financiero y de gestión a las pymes. Potenciar el abastecimiento autóctono energético hasta el 18%.

Infraestructuras. En materia ferroviaria, el PNV indica que el Gobierno central no puede permanecer ajeno al proyecto de red de alta velocidad vasca. Defensa de un profundo cambio en el modelo de gestión de los aeropuertos descentralizado. Transferencia de la gestión de Sondika, Foronda, Hondarribia y Noain.

Bienestar social. Actualización del Pacto de Toledo para avanzar hacia una reforma estructural del sistema de Seguridad Social. Reducción o mayor progresividad de las cotizaciones sociales. Reforzar las pensiones desatendidas como las de orfandad o viudedad.

Sanidad. Nuevo modelo de aseguramiento y contratación de servicios sanitarios, separando las funciones de financiación y provisión de servicios sanitarios. Ley de Financiación del Sistema Sanitario.

Educación. Repensar la gratuidad del sistema, abriendo las puertas a la participación de los padres en la financiación directa de la educación.

Justicia. Promover la creación de un Consejo del Poder Judicial vasco. Adecuar la composición y funcionamiento del Tribunal Constitucional a la realidad autonómica.

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