El campo es la locomotora de la exportación andaluza. El sector quiere prorrogar el sistema de ayudas al aceite de oliva y los partidos no presentan alternativas

La agricultura es un sector que apenas pinta nada en los postulados de la nueva economía. Sin embargo en Andalucía es la locomotora de la exportación. En 1998, los productos agroalimentarios fueron el 43% de las exportaciones andaluzas y aportaron un saldo favorable de 364.000 millones de pesetas. La agricultura y la ganadería dan empleo a un 12,8% de los ocupados andaluces, mientras la media europea es el 5%. La producción, impulsada por el aceite de oliva, las frutas y las hortalizas, no ha dejado de crecer en la última década, salvo en 1999, y ya supera el billón de pesetas al año.Los brillantes números de la exportación esconden una lección para el futuro: las frutas y hortalizas representan el 60% del valor de la exportación agroalimentaria, mientras el peso del aceite desciende respecto a su producción. Los olivareros venden casi todo a granel y muy poco embotellado, y sus ingresos se resienten.

"El campo andaluz sigue siendo un exportador de materias primas, el valor añadido de la transformación, que es el que genera riqueza y empleo, no se queda aquí". El diagnóstico del andalucista Javier Aroca, candidato por Sevilla, lo suscriben todos los partidos y organizaciones agrarias. "La clave para hacer rentable al campo andaluz es impulsar la transformación y hacernos con los canales de comercialización", corrobora el consejero de Agricultura, Paulino Plata (PSOE).

Los partidos que han estado en la oposición en esta legislatura, e incluso los andalucistas, socios en el gobierno, acusan a los socialistas de dedicar pocos fondos a promocionar la industria agroalimentaria. La Consejería pone sobre la mesa una cifra de 33.000 millones de pesetas, con una importante aportación de dinero europeo. "Lo que debe hacer la Junta es dar más facilidades a las pequeñas empresas de transformación, a las que exige tantos trámites como a las grandes industrias", opina José Luis Gutiérrez, secretario regional de la UPA.

Gutiérrez y Plata apuestan por la concentración de la oferta. "No puede ser que fuera haya un sólo comprador y que aquí haya 50 vendiendo el mismo producto", explica el consejero. La propuesta del PSOE es intensificar la relación entre las cooperativas para comercializar, pero las experiencias en aceite de oliva no han dado los frutos esperados.

El presidente regional de COAG, Miguel López, cree que el futuro pasa por las denominaciones de origen para diferenciar a los productos andaluces. "Incluso las frutas y hortalizas dejarán de ser competitivas si la UE abre el mercado a países mediterráneos en los que la carga de impuestos es mucho menor, apenas hay regulación laboral y tienen un coste de vida menor", advierte López.

Todos los partidos y asociaciones agrarias coinciden en reclamar que la Unión Europea mantenga las subvenciones a cultivos poco rentables, según los precios del mercado internacional. Afirman que ese dinero público tiene otros beneficios sociales, como fijar la población rural en el territorio y evitar procesos migratorios traumáticos. En todo caso, algunos cultivos, como los cereales, cada vez ocupan menos superficie. El olivar y el sector hortofrutícola seguirán siendo hegemónicos en los próximos años y las asociaciones agrarias apuntan a los frutos tropicales, en la costa oriental, y a la agricultura ecológica como los cultivos que ganarán importancia en el futuro. "Algunas especies ganaderas singulares como el porcino ibérico, el cordero segureño y el vacuno retinto tienen también mucho futuro", apunta Plata.

Políticos y profesionales coinciden en defender que haya más inversiones para el regadío en los próximos años, habida cuenta de su rentabilidad: con el 19% de la superficie aportan el 55% de la producción; pero también se llevan el 80% del agua en una región que aún condiciona su desarrollo social y económico a la aparición de periodos de sequía. El Plan de Modernización de la Agricultura, esgrimido por los socialistas prevé una inversión de 250.000 millones en cinco años, fundamentalmente para modernizar las conducciones de las 800.000 hectáreas ya en riego. Los demás partidos lo consideran insuficiente. Izquierda Unida, por boca de su secretario de Economía, Javier Navacués, pone el énfasis en que "la estructura de propiedad de la tierra sigue siendo la del siglo XIX" y que "los principales beneficiarios de las ayudas europeas son el duque de Alba y el duque del Infantado".

Negociaciones en Bruselas

La lista de producciones andaluzas que se verán afectadas este año por reformas en la Unión Europea incluye, el aceite de oliva, arroz, algodón, las cuotas de azúcar y las frutas y hortalizas. Los productores de frutas y hortalizas, que están entre los empresarios más dinámicos de la economía andaluza, se sienten discriminados. Los números justifican el argumento: este sector supone el 17% de la producción final agraria (PFA) europea, y obtiene el 4% de las subvenciones comunitarias. Mientras el aceite de oliva, con algo más del 1% de la PFA, consigue el 3% de las ayudas.

El comisario Fischler presentará en junio un informe, prometido después de la reforma de 1996, en el que se analizará la marcha de la reforma estos cuatro años y servirá de base a una posterior propuesta. Los productores piden dos cosas. Una fácil, desburocratizar y simplificar el sistema. La segunda, difícil: aumentar el dinero para los fondos operativos, que manejan las organizaciones de productores. En la Comisión se ve a este sector como el modelo de lo que podría ser la política agraria común del futuro: los productores reciben ayudas a la comercialización.

La Unión Europea (UE) podría prorrogar el actual sistema de ayudas al aceite de oliva durante dos o tres años más, hasta tanto se concreta la negociación agraria en la Ronda del Milenio sobre liberalización del comercio mundial, que el 23 de marzo se inicia en Ginebra. En un comité con presencia de todo el sector, que se reunió en el Ministerio el jueves, hubo unanimidad sobre la prórroga de la actual organización común de mercado (OCM) durante tres años más. Todos querrían aumentar la cantidad nacional garantizada española, pero ningún partido político plantea una alternativa al sistema. Sólo desde IU y PSOE se insiste en modular las ayudas, para limitar a un máximo lo que pueden cobrar los grandes y aumentar las subvenciones a los pequeños productores.

La nueva OCM debería entrar en vigor el 1 de noviembre de 2001. Franz Fischler todavía no ha encargado una propuesta a la Dirección General de Agricultura de la Comisión. El portavoz del comisario, Gregor Kreuzhuber, declaró a este diario que "en el segundo semestre del año se hará una propuesta al Consejo de Ministros". El acuerdo de junio de 1998 era provisional por tres años.

La Comisión ha encargado informes a los países productores que permitirán un retrato del número de árboles, la superficie y los rendimientos. El primero ya lo ha terminado España, según fuentes del Ministerio, con el inventario de 302 millones de árboles. Para establecer el rendimiento por zonas homogéneas se está trabajando en unas 600 explotaciones de Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura y Cataluña/Valencia. Estos estudios deberían permitir a la Comisión Europea hacer una propuesta de ayuda por hectárea, variable según los rendimientos. Pero la opinión oficiosa en los servicios la Dirección General de Agricultura es que "el sistema podría prorrogarse".

José Loring, de Asaja, es partidario de la prórroga "con algún aumento en la cantidad nacional garantizada". "Si no, las penalizaciones van a seguir", mantiene José Luis Gutiérrez, de UPA, quien considera imprescindible aplicar la modulación de los fondos europeos. El presidente regional de COAG, Miguel López también apuesta por aprovechar la ocasión para aumentar el cupo nacional.

La escasa producción española de los últimos años no invita a pensar que esto sea fácil. En esta campaña no se rebasarán las 760.000 toneladas de la cuota subvencionada. La previsión de producción española está en torno a las 600.000 toneladas. A esto hay que añadir 46.000 del aceite equivalente a unas 400.000 toneladas de aceituna de mesa, y unas 50.000 toneladas de aceite de orujo. Según la hipótesis más optimista, habría que subvencionar 720.000 toneladas, y los olivareros cobrarían entera la ayuda de 220 pesetas por kilo. Aún así, el consejero de Agricultura, Paulino Plata (PSOE) también cree necesario aumentar la cuota nacional "para evitar el trato discriminatorio con otros productores europeos" y reclamar que se aplique de nuevo el precio mínimo de intervención pública.

El principal argumento a favor de esperar es que en la Ronda del Milenio, de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los competidores mundiales de la UE quieren que se elimine la caja ámbar, en la que están todos los productos con ayudas directas a la producción. En Bruselas parece abrirse camino la idea de que sería bueno esperar a un acuerdo en la OMC (sobre el 2002 o el 2003) antes de revisar el sistema de ayudas al aceite de oliva.