Todos por la competencia MIGUEL Á. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

El programa conjunto de IU y el PSOE considera la competencia como uno de los ejes de la política económica del posible Gobierno de izquierdas. También los portavoces del PP van proclamando la necesidad de liberalizar e introducir más competencia en nuestra economía. Es de celebrar esta coincidencia en la política sobre la competencia, de la misma forma que fue muy positiva la coincidencia que acabó alcanzándose entre los principales partidos sobre la moneda única. Nuestra economía se ha beneficiado mucho de la decisión del Gobierno socialista de incorporar España a la moneda europea, así como de los esfuerzos del Gobierno popular por hacer efectiva nuestra entrada en la misma. El problema, con el aumento de la competencia en nuestros mercados, es que las palabras han ido por un lado y la realidad por otro. Durante estos cuatro años hemos escuchado del Gobierno un discurso favorable a la competencia, mientras sus actuaciones iban en sentido contrario. Es verdad que algunas medidas, como las exigidas por la UE en el sector de las telecomunicaciones, nos han permitido ir hacia delante, pero otras muchas medidas adoptadas en esta legislatura han supuesto una paralización e incluso una marcha atrás en la introducción de competencia en nuestros mercados.Baste recordar que, nada más llegar al poder, el Gobierno popular se puso de acuerdo con los empresarios de transporte de viajeros por carretera en suprimir durante algunos años la competencia en la concesión de servicios, extendiéndoles los periodos de concesión. También, en el otoño de 1996, aprobó un decreto dando marcha atrás en las posibilidades de competencia que se habían abierto en el mercado del gas natural y posteriormente aprobó una ley que, al no separar la infraestructura del suministro, ha consolidado de hecho un monopolio del gas. En el sector del tabaco, y es un ejemplo de cómo en estos años se ha dado prioridad a la privatización sobre la competencia, el Gobierno preparó y aprobó una Ley del Tabaco que no sólo no suprimió el monopolio de distribución al por menor, sino que elevó a rango de ley unas injustificadas exigencias a la distribución al por mayor, que impiden competir con Tabacalera. En el sector eléctrico, es sobradamente conocida la decisión de concentrar las 10 empresas que había en el sector, en un duopolio que controla más del 80% de la generación y la distribución. En el suelo urbano tampoco se ha avanzado en aumentar la oferta, sino que la reforma de la ley se ha utilizado para reducir el aprovechamiento público por parte de los Ayuntamientos en favor de los propietarios privados. Esto, paradójicamente, está obligando a los Ayuntamientos a obtener los mismos recursos financieros con menos terreno y, por tanto, les incentiva a restringir la oferta y aumentar el precio del metro cuadrado de suelo.

Pensando no sólo en lo anterior sino en lo que queda por hacer (liberalización de las farmacias, competencia en las llamadas telefónicas locales, etcétera), cabe subrayar que, para avanzar en la competencia, hay que promover el debate público, instrumento excelente para acabar con los privilegios de los monopolistas que siempre intentan que no se discuta públicamente sobre su existencia o sobre los perjuicios que generan. Por ello, también es de lamentar que el Gobierno popular pidiera al Tribunal de Defensa de la Competencia que permaneciera mudo durante estos cuatro años sin hacer públicos sus informes sobre dónde y cómo se debe introducir más competencia.

Celebremos, pues, que los principales partidos españoles estén de acuerdo en aumentar la competencia en nuestros mercados, en avanzar en la liberalización y en desmontar los monopolios y oligopolios que todavía subsisten. Si realmente hicieran estas reformas, podríamos salir de la situación actual en la que, en cuanto conseguimos crecer algo más que nuestros socios europeos, nuestra inflación duplica o triplica la suya. Pero, para conseguirlo, habrá que exigir a los que gobiernen, que hagan lo que dicen. Aunque, a la vista de lo que ha pasado estos cuatro años, a lo mejor deberíamos ser más modestos y conformarnos con que no hagan lo contrario de lo que proclaman.