El Gobierno aprueba el plan de auditorías a 118 empresas públicas, que después completará el Tribunal de Cuentas

El Gobierno vasco aprobó ayer el Plan de Auditorías para el año 2000 del Departamento de Hacienda y Administración Pública, que afectará a su sector público empresarial, compuesto en total por 118 sociedades: 64 totalmente públicas y 54 participadas. Cuatro de los 64 entes y sociedades totalmente públicas sometidos a auditorías financieras serán analizados por personal del Servicio de Auditoría de la Oficina de Control Económico del Gobierno y los 60 restantes serán auditados por firmas externas de prestigio contratadas por la Administración. El Gobierno vasco y el Tribunal de Cuentas realizarán una labor complementaria. Las auditorías financieras son una de las obligaciones del Tribunal Vasco de Cuentas. Además del análisis contable, el organismo fiscalizador de las cuentas públicas tiene que analizar los criterios de legalidad y de eficacia, eficiencia y economía.

Fuentes del Tribunal explicaron ayer que, a partir de ahora, las auditorías privadas servirán como punto de partida para las resoluciones finales de este órgano, ya que los procedimientos y técnicas de trabajo de loa análisis contables están estandarizados. Entre las 54 sociedades participadas de forma minoritaria en su capital por el Ejecutivo y que serán controladas a través de informes de auditoria financiera elaborados por firmas independientes, destacan la Fundación Guggenheim, el Museo de Bellas Artes de Bilbao o las sociedades Consorcio Palacio Miramar, Gasnalsa, Bilbogas, Zabalgarbi, Promotora Bilbao Plaza Financiera, Socade, Euskaltel, Aparcavisa, Metro de Bilbao, Acería Compacta de Bizkaia o Viasa (Promoción del Aeropuerto de Vitoria).

Por otra parte, el Gobierno vasco efectuará auditorías de gestión económica en 40 centros escolares con autonomía de gestión, a los beneficiarios de ayudas concedidas con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma, a los perceptores de programas con ingresos procedentes de fondos de la Unión Europea y a aquellas entidades que han sido beneficiarias de ayudas del Ejecutivo, como son varias federaciones deportivas, las sociedades de garantía recíproca o determinadas fundaciones y clusters empresariales, entre otras.