"Urgente. Por favor, telefonee una vez que haya recibido el documento"

El pasado jueves 10, el subsecretario de Asuntos Exteriores, José de Carvajal, envió al juez Baltasar Garzón el informe elaborado por Alun Jones, abogado contratado por la Fiscalía británica para llevar el caso Pinochet, el pasado 20 de enero, en el cual describía la existencia de "bases claras" y "argumentos sólidos" para presentar un recurso de revisión judicial contra la eventual liberación del general Augusto Pinochet por estar incapacitado, presuntamente, para ser sometido a juicio. El informe, dos folios, fue enviado al juez Garzón sin un folio que lo precedía, habida cuenta de que Jones siempre se ha comunicado con las autoridades españolas a través de la citada Fiscalía. En ese folio, cuya inexplicable ausencia este periódico destacó el pasado sábado 12, la Fiscalía británica pedía a los receptores, la Embajada española en Londres, que se pusieran en contacto urgente. En castellano: pedían un contacto perentorio. Según la Real Academia, urgente y perentorio son sinónimos.

¿Por qué esta urgencia? El ministro del Interior británico, Jack Straw, anunció el martes 11 de enero que tenía pensado liberar a Pinochet y dio una semana a las partes y organizaciones de derechos humanos para presentar alegaciones. A la semana siguiente, el martes 18, el ministro Straw anunció que estudiaría las alegaciones y que señalaría con un día de antelación el momento en el que adoptaría su decisión final.

El jueves 20, el Ministerio de Asuntos Exteriores se dirigió, a través de la Embajada española en Londres, a la Fiscalía británica. El Gobierno pedía un informe urgente sobre las características que podría tener un recurso de revisión judicial contra la decisión final de Straw.

A las 9.40, hora de Londres, un miembro de la Fiscalía británica, Brian Gibbins, a cargo del caso Pinochet, localizó al abogado Jones. Le dijo que el Gobierno español requería urgentemente un informe acerca de si existían bases para pedir la revisión judicial. Jones prometió elaborar el informe una vez que terminara su trabajo en los tribunales. A las 3.45, Gibbins le hizo llegar instrucciones escritas con la petición del Gobierno español. Jones se puso a redactar el informe. A las 18.03, hora de Londres, la Fiscalía británica envió el fax, tres folios, a la Embajada española.

El citado fax contenía, como se ha señalado, el informe de Jones y precediéndole una carátula con membrete de la Fiscalía británica y un breve texto. La palabra "Urgente". Y: "Por favor, telefonee una vez que haya recibido el documento". En efecto, la Embajada se puso en contacto inmediatamente con la Fiscalía. Y se le dijo que, para preparar el recurso, tal como ponía por escrito en su informe, Jones necesitaba una "respuesta con gran celeridad". El abogado había escrito: "Es imperativo". Pero a la Embajada se le dijo algo más: la respuesta debía enviarse, a ser posible el viernes 21, antes del fin de semana.

¿Por qué razón? No era entonces difícil de saber: el ministro Straw se disponía a anunciar su decisión final la semana que comenzaba el lunes 24. En la mañana del viernes 21, el juez Garzón pidió al Ministerio de Exteriores que se le informase de "si se ha recibido alguna comunicación del Crown Prosecution Service [Fiscalía británica] cuya contestación se halle sometida a plazo perentorio y esté relacionado con la posibilidad de acudir a la judicial review [revisión judicial] de la eventual decsión del Home Office [Ministerio del Interior]".

En la tarde del viernes 21, este periódico hizo varios intentos para obtener confirmación en la Embajada española en Londres. Pero la Embajada hizo lo previsible: alertó a sus superiores en Madrid. Avanzada la tarde del viernes 21, Santiago Cabanas, jefe de gabinete del ministro Matutes, confirmó a EL PAÍS la existencia del citado informe, pero aclaró que era "uno entre varios informes pedidos por el Gobierno español". Al día siguiente, sábado 23, la Oficina de Información Diplomática (OID) señaló que era un informe solicitado por el Gobierno español y "no tenía nada que ver" con el sumario del juez Garzón.

El jueves pasado, el subsecretario José de Carvajal, escribió sendas cartas al juez. En la primera decía que si no se había enviado el informe -en 21 días- "no puede ser más que un malentendido". Abel Matutes envió a Garzón, en la noche del viernes 21, no lo que había solicitado esa mañana -el informe que el ministerio poseía desde la noche anterior-, sino unas preguntas recibidas en la tarde del 21 que formulaba el Ministerio del Interior británico y que nada tenían que ver con la revisión judicial.

En la segunda carta, Carvajal señala que "la única comunicación con plazo perentorio de la Fiscalía británica" era la que se le envió a Garzón, esto es, no el informe Jones, sino las preguntas del Ministerio del Interior británico.

El pasado sábado, tras publicar este periódico que "Exteriores había enviado a Garzón el informe Jones sin una petición de la Fiscalía británica", la OID envió una aclaración en la que también incluyó el folio que no se trasladó al juez Garzón.

Precisamente este folio sólo fue conocido tras informar este periódico de su existencia. La OID, sin explicar por qué no se ha enviado al juez el folio perdido, dice que el abogado Jones "pedía claridad en la decisión, si finalmente el Estado español decidía cursar instrucciones para recurrir", pero sin referencia concreta a la urgencia de una respuesta. Jones decía: "Se nos ha dicho que se nos informará un día antes del momento de la decisión. Es imperativo que tengamos instrucciones muy rápidamente sobre si vamos a proceder con este recurso".

Pero la palabra "urgencia" es la que permite comprender por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores se guardó un folio, el primero de un fax unitario de tres folios, y no se lo mandó el pasado jueves 10 al juez Garzón junto con los otros dos folios que contenían el "informe Jones". En ese folio, la Fiscalía -no Jones, que nunca se comunica directamente con España- pedía: "Urgente. Por favor, telefonee una vez que haya recibido el documento". Verde y con asas...