Villalonga reveló el acuerdo al Gobierno 24 horas antes

El Gobierno de José María Aznar fue informado del acuerdo entre el BBVA y Telefónica sólo 24 horas de que se anunciara el pasado viernes mediante una llamada telefónica del presidentre de la operadora, Juan Villalonga, al ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado. El propio ministro desveló ayer la existencia de esa conversación, aunque precisó que el Ejecutivo no ha tenido "nada que ver con la alianza". En declaraciones a Antena3 TV, controlada por Telefónica, el ministro subrayó que son el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) los organismos que pueden dictaminar si los acuerdos limitan la competencia. En ese sentido, precisó que si se demuestra que existen posiciones de dominio, que están en estudio, las autoridades pueden forzar la segregación de algunos activos de los nuevos aliados. En otro orden de cosas, el ministro aseguró que el PP privatizará la gestión de los aeropuertos si repite legislatura.

Reacción de La Caixa

Para el candidato de CiU en las próximas elecciones generales y consejero de la Generalitat, Xavier Trías, la alianza "es una fuerza positiva", aunque "es evidente que puede dar lugar a un cierto grado de monopolio, que se debería evitar". También el comisionado para el desarrollo de Telecomunicaciones del Gobierno catalán, Miquel Puig, se pronunció al respecto señalando que La Caixa debería responder a la nueva situación, ya que cambia "el panorama de Internet para los grandes jugadores".

Para la oposición al Gobierno, acuerdos de este tipo hacen evidente la necesidad de una nueva ley de defensa de la competencia, que incluya un tribunal "serio", que no esté supeditado al Gobierno, según el secretario de Economía del PSOE, Juan Manuel Eguiagaray. Según el PSOE, los precios de la telefonía han bajado un 2,6% en España desde 1997, mientras que en Europa lo hicieron un 6%, lo que pone de manifiesto el mal funcionamiento de la competencia.

Por su parte, el candidato de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), Joan Saura, advirtió de que el acuerdo puede suponer un peligro "desde el punto de vista democrático", porque produce una "concentración de poder económico y mediático que se puede situar por encima del poder político". También se mostró crítica la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), para la que el acuerdo representa una amenaza para la competencia. "La alianza supone un grave control de medios de comunicación", afirmó Alejandro Perales, presidente de AUC.