Pagar el asilo con la casa

A finales de noviembre del año pasado, la policía cerró la residencia privada Virgen de la Oliva, en el madrileño barrio de Aravaca. En el despacho de la directora, que fue detenida por fraude, se encontró un contrato por el que una mujer vendía su vivenda al centro a cambio de ser atendida de por vida. Este caso no es una excepción. De 50 residencias consultadas, 17, tanto públicas como privadas, aceptan el trato.En una residencia privada madrileña, el propietario discute la operación. Lo primero es poner la vivienda a su nombre. Después vendrá el ingreso. Saca la calculadora: "Con 30 millones que vale la casa, y teniendo en cuenta que la mujer puede vivir 15 años [hasta los 95], sacaríamos 167.000 pesetas mensuales. No alcanza a las 192.000 de nuestra tarifa". El director concluye: "Somos nosotros los que corremos el riesgo".

La mayoría de los responsables de estos centros no son partidarios de esta práctica. "No queremos que piensen que nos interesa que el anciano viva lo menos posible una vez que disponemos de su patrimonio. La ley no permite coger una propiedad que no es nuestra", comentan en una residencia de Oviedo.

El problema es que no hay una legislación al respecto, lo que da lugar a problemas para todos: abuso por parte de empresarios sin escrúpulos, litigios con los familiares, o, para los más desaprensivos, que se deje de atender a los ingresados una vez que se ha tomado posesión de su vivenda.

Dependerá del juez determinar si se trata de una estafa o no, pero para ello alguien -normalmente, un familiar o un asistente social- tiene que denunciar el trato.

Según un responsable público, muchas veces son los mismos parientes los que favorecen estos negocios "para deshacerse del engorro de tener en casa a una persona mayor".

Juan Antonio Moya, predidente de la Federación de Residencias Privadas, defiende la autonomía de las partes para llegar a un acuerdo: "Unas veces, la persona que pone una casa de 20 millones puede morir a los tres meses. Otras, a los 20 años. Las situaciones se compensan".

Andalucía es la única Comunidad que reconoce en una ley "el derecho de los mayores a no ser expoliados de su patrimonio".