EL JUICIO POR EL 'CASO LASA-ZABALA' El ex asesor jurídico de Defensa respalda la legalidad de las pensiones de Dorado y Bayo

El general José Bruno Otero, actual vocal del Consejo del Poder Judicial y que era jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, acreditó ayer la legalidad de los expedientes de inutilidad física en acto de servicio de los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, por lo que perciben una pensión del 200% de su sueldo. El general intervino también en los expedientes por la pérdida de la condición de militar de ambos agentes, pero aseguró que esos procesos son independientes y que unos no influyen en los otros.

"El derecho es el derecho y si lo tienen hay que dárselo, nos resulten simpáticos o no. Dorado y Bayo tienen el derecho y como lo tienen, pues hay que dárselo". Así se expresó Bruno Otero en referencia a que los Tribunales Médicos Militares determinaron que Dorado y Bayo, imputados en esta causa como autores materiales del secuestro y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, habían padecido importantes lesiones psíquicas como consecuencia de su actividad en la lucha antiterrorista en la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa. Tenían derecho a la pensión del retiro por incapacidad y el derecho fue reconocido.El hecho de que además fueran expulsados de la Guardia Civil y perdieran la condición de militares es independiente y no influye en la percepción de los haberes pasivos, precisó el general jurídico.

Galimatías

La sesión de ayer supuso un verdadero galimatías debido a la terminología de los expedientes administrativos y tuvo escasa transcendencia desde el punto de vista periodístico, aunque fue relevante desde el jurídico. El testimonio de José Bruno Otero, supuso, según algunas fuentes jurídicas consultadas por este periódico, la probable absolución del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera del delito de encubrimiento del que está acusado, ya que el general jurídico ha avalado la legalidad de la concesión de las pensiones, que era uno de los aspectos en los que se basaba la acusación, por entender que con ellas se compraba el silencio de Dorado y Bayo, que no habrían tenido derecho a percibirlas.

La declaración de Bruno Otero fue consistente y sin lagunas, con un alarde de memoria que le permitió recordar fechas y momentos de los cuatro expedientes en los que intervino, en algunos casos de forma simultánea en el tiempo.

A preguntas del letrado Iñigo Iruin sobre si su departamento había recibido alguna sugerencia para que tramitase rápidamente los expedientes de incapacidad señaló que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, que él dirigía antes de pasar al Poder Judicial, es muy seria y que no admite sugerencias de nadie, ni da sugerencias a nadie.

La defensa de Vera le preguntó si éste o Corcuera se habían interesado por los expedientes. Otero respondió tajante: "No, no conozco a Vera, no he hablado con él jamás. No conozco a ninguno de los procesados, ni he hablado con ninguno de ellos por teléfono. Nunca".

El único extremo que Otero no supo explicar es por qué Dorado y Bayo percibieron sus pensiones con efectos retroactivos, cuando en sus expedientes no aparece ninguna explicación que lo justifique.

Iruin dejó claro que con la retroactividad se dejó por la vía administrativa sin efectos la sentencia penal por la que Dorado fue condenado en firme por torturas el 11 de marzo de 1994 y que tendría que haber supuesto la reducción de su sueldo al 50%. Lo que ocurrió de hecho es que Dorado pasó de cobrar 87.000 pesetas a 247.000. La decisión administrativa igualmente dejó sin efectos la suspensión de empleo y sueldo por tres años, impuesta en diciembre de 1993 a Dorado en un expediente disciplinario por el robo a una boutique de Irún (Guipúzcoa).