Finca con esclavos y cárcel
Un terrateniente brasileño acusado de poseer 250 siervos vigilados por pistoleros
El terrateniente brasileño Antenor Duarte do Vale, propietario de numerosas haciendas, acaba de ser acusado por la Policía Federal de tener presos en una cárcel construida dentro de su finca a 250 esclavos, vigilados por pistoleros. Duarte ya fue procesado en 1995 por participar en una matanza en Corumbiará (Estado de Rondonia, en el noroeste), en la que fallecieron nueve trabajadores y dos policías. Fue absuelto por falta de pruebas.Ante las nuevas acusaciones contra Duarte, el jefe de la Policía Federal de Rondonia, Wilson Damásio, ha reabierto el caso. Los trabajadores João Antunes y Marcelo Gomes do Nascimento, que lograron escapar de Corumbiará -la masacre se desencadenó después de que 600 familias del Movimiento de los Sin Tierra (MST) ocuparan la finca Elena-, han contado al diario O Globo que el año pasado fueron encerrados en una cárcel privada levantada por Duarte para sus 250 esclavos en su finca de São Lucas Tadeu. Los campesinos denuncian que su compañero Darli Pereira, también superviviente de la matanza, fue asesinado en la propiedad. La policía asegura que esta vez hay pruebas para incriminar al terrateniente.
Pese a que la esclavitud quedó abolida oficialmente en Brasil en 1888 y a los esfuerzos del Gobierno, se sabe que aún hay colonos, sobre todo en el noroeste amazónico, que siguen considerándose dueños de los destinos de sus empleados.
Gracias a los testimonios de algunas víctimas que lograron escapar de las plantaciones y a las ocupaciones de haciendas por parte del MST, que en algunos casos han puesto al descubierto bolsas de esclavitud, el Ministerio de Trabajo creó los equipos de rescate, que han salvado en los últimos años a 777 trabajadores en régimen de opresión en Pará, Mato Grosso y Marañón. Se calcula que un 18% de los esclavos son asesinados por los terratenientes, que entierran sus cuerpos para ocultar pruebas.
José de Souza Martins, catedrático de la Universidad Pública de São Paulo, ha puesto sobre la mesa en una obra recientemente publicada la pervivencia del vasallaje en el Brasil contemporáneo, y aporta testimonios de la existencia de trabajadores que arriesgan su vida para huir de la dominación. También el actual presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso, trató el tema en un libro publicado cuando era catedrático de Sociología. Y cuando asumió la jefatura del Estado, conmovió a la opinión pública cuando tuvo el coraje de admitir que aún había esclavos en Brasil.
Guilherme Pedro Neto, de 51 años, actual secretario de Contag, la asociación que reúne a siete millones de trabajadores rurales, logró escapar de la opresión en los años setenta, y hoy comenta: "Fui peor que un esclavo, porque en menos de un año me vendieron tres veces".
El primero en denunciar la situación fue, en 1977, el catalán Pedro Casaldáliga, hoy obispo de São Felix de Araguaiá en Mato Grosso. Escandalizó al mismo Vaticano y fue varias veces amenazado de muerte. Ahora, las autoridades de Brasil le dan la razón y luchan para acabar con ese cáncer que ha sido calificado de "vergüenza nacional".
Ayer, el presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra -una prestigiosa organización de la Iglesia brasileña que trabaja codo con codo con el MST y el Forum da la Reforma Agraria-, Tomás Balduíno, que durante 30 años fue obispo de la conflictiva diócesis de Goiás, denunció en Madrid la connivencia entre terratenientes y legisladores, informa Miguel Bayón. "El Gobierno anunció recientemente el bloqueo de la propiedad de haciendas improductivas de enorme extensión, pero los propietarios pueden recurrir y habrá que demostrar que son tierras sin trabajar: el lobby terrateniente siempre ha paralizado, en conexión con industriales y jueces, todo intento de reforma agraria, y la iniciativa del Gobierno puede no resolverse ni en el siglo XXI".
Pero Balduíno no se rinde: "Vamos a lanzar una campaña, con un millón de firmas, para, esquivando la maraña judicial y exigiendo una ley constitucional, establecer un módulo máximo legal de hectáreas en cada Estado".
Según Manos Unidas, cuya campaña de 1999 denunció la esclavitud y la de 2000 el mal reparto mundial de la tierra, los terratenientes brasileños -menos de un 1% de los propietarios agrícolas- acumulan el 46% del suelo cultivable.
