Zedillo asume personalmente la responsabilidad por el desalojo violento de la universidad

Polémica la solución dada a la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el presidente mexicano, Ernesto Zedillo, asumió haber ordenado su recuperación a la fuerza. Las instalaciones permanecían ocupadas desde el 20 de abril de 1999. La Iglesia católica avaló el desalojo policial del domingo, pero la oposición considera que no soluciona la razón de fondo y que el problema se ha llevado intencionadamente hasta fechas preelectorales. Los huelguistas en libertad prometieron continuar la protesta, y los padres de los 745 detenidos (83 menores), forzar la libertad de sus hijos.

Zedillo, en un mensaje a la nación, admitió que al término de su viaje a España, y después de conocer los violentos enfrentamientos de pasado primero de febrero entre huelguistas y no huelguistas, con un saldo de 30 heridos y más de 200 detenidos, y después de comprobar el fracaso de las sucesivas reuniones negociadoras, ordenó tomar cartas en el asunto. Como resultado de "trámites legales impecables", un juzgado federal dispuso la reconquista policial de los edificios universitarios y la detención de quienes los ocupaban, presuntos culpables de delitos de despojo o terrorismo. "Di instrucciones precisas de que ningún elemento de la Policía Federal que ingresara en las instalaciones de la UNAM portara armas de fuego y que, además, se instruyera a los policías de actuar con la máxima prudencia", dijo Zedillo. La operación, ejecutada poco después de las seis de la mañana, fue un éxito policial. No hubo heridos, ni incidentes graves, tampoco resistencia. "Me rindo", comunicó a la tropa, brazos en alto, uno de los líderes más intransigentes, Alejandro Echeverria, el Mosh.

Pendientes de cumplimiento trescientas órdenes de detención, agoniza una huelga que, según varios analistas, fue tratada por el Gobierno y los partidos, desde su arranque, con más temores y pasividad que audacia y objetivos de Estado. Zedillo negó esas imputaciones. "Si la apuesta era el diálogo entre los universitarios, entonces correspondía al Gobierno de la República ser útil antes que hacerse notable". El progresivo aislamiento social de los huelguistas, y las crecientes reclamaciones de mano dura contra ellos, fueron factores que facilitaron la decisión presidencial.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna el Distrito Federal, la capital mexicana, descalificó como inoportuna una operación policial que comenzó a gestarse, según la alcaldesa de México, Rosario Robles, el primero de febrero, "justamente cuando la comunidad estaba encontrando cauces de diálogo y entendimiento". Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del partido a la presidencia, fue más allá al asegurar que las autoridades del oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder desde hace siete décadas, buscaron deliberadamente la prolongación del conflicto "y llevarlo a los tiempos de la campaña electoral, meterlo como parte de la propia campaña política".

Para el conservador Partido de Acción Nacional (PAN), el Gobierno fue parte del problema y no de la solución. Su principal dirigente, Luis Felipe Bravo, pidió que no sólo sean juzgados los estudiantes, sino también los funcionarios incapaces de resolver la huelga.

Todavía agitada la situación, la Policía Federal Preventiva, el cuerpo especial antidisturbios de extracción castrense que intervino en la operación con 2.260 miembros, seguirá ocupando los recintos universitarios durante un periodo que oscila entre las dos y las cuatro semanas. Los agentes escucharon de todo durante el asalto. "¡En tus ojos se ve la muerte y tu mirada nunca se me va a olvidar!", increpaba una estudiante a un policía mestizo. "¿Tienes hijos y mujer? ¿Cuántos tienes? ¿Eres del pueblo? ¡Eres indígena! ¡Mirate en un espejo! ¡Eres del pueblo y te jode [la intervención policial] igual que a mí o peor, pero no tienes ni un pinche gramo de dignidad!".

Miedo a las repercusiones

A lo largo de los casi diez meses de crisis, aumentó la tensión social, los ánimos se encresparon, y cualquier decisión o postergación sobre qué hacer con la UNAM, habitada por 340.000 personas, estuvieron determinadas por la matanza de estudiantes de octubre de 1968 en Tlatelolco y por las elecciones presidenciales del próximo mes de julio. Nadie se atrevió a tomar decisiones susceptibles de pasar factura.

La mayoría de los analistas coincidió, por otra parte, en que el alzamiento estudiantil, primero contra la subida de tasas académicas y después por la gratuidad de los estudios superiores y una decisiva participación del alumnado en la reestructuración de la prestigiosa universidad mexicana, devino en un movimiento turbio, acaudillado por un grupo de irreductibles ajeno a razones académicas, resuelto a lograr concesiones de alcance político. Los moderados en el Consejo General de Huelga (CHG) fueron desbancados por los ultras, minoritarios, pero todavía levantiscos.