Inmigrantes a la cola

La nueva Ley de Extranjería ha entrado en vigor el 1 de febrero, con la peculiaridad de que debe ponerla en práctica un Gobierno que se ha manifestado abiertamente en contra y que ha anunciado su intención de modificarla si gana las elecciones legislativas del 12 de marzo. El responsable de esta situación anómala no es otro que el Partido Popular: por su oportunismo político, que le llevó a apoyar en el Congreso una propuesta de ley de sus socios de CiU de la que luego abominó y que intentó rectificar cuando ya era demasiado tarde, y por su incomprensible descoordinación con departamentos clave en la materia, especialmente Interior y Asuntos Exteriores. Ésas son las causas de que haya salido adelante una ley a la que se opone el Gobierno con el argumento de que pone en peligro "intereses vitales del Estado".Aparte de falsos o desmesurados alarmismos, el Gobierno se encuentra con una norma aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento y que cuenta con el consenso del resto de las fuerzas políticas. Sus objeciones a la ley o sus cálculos a cuenta de su posible reforma no le eximen de aplicarla con la buena fe y las diligencias requeridas. El primer compromiso del Gobierno es proceder a la regularización extraordinaria -la tercera desde 1985- de una bolsa de casi 80.000 inmigrantes sin papeles residentes en España con anterioridad al 1 de junio de 1999. Pero quizá no bastan dos meses, como pretende el Gobierno, para llevar a cabo esta tarea con las debidas garantías. Entre otras razones, porque a los inmigrantes les falta información sobre la nueva ley y el Gobierno no ha hecho nada para paliar esa carencia. Sería una burla que algún inmigrante se quedara sin regularizar su situación por no llegar a tiempo a la ventanilla correspondiente. Por otra parte, un plazo más dilatado, junto a una mejor información, evitará que los inmigrantes se amontonen ante las comisarías formando kilométricas y desordenadas colas y dando pie a intervenciones desproporcionadas de las fuerzas del orden, como sucedió ayer en Alicante. También saldría ganando la gestión burocrática, hasta ahora caótica.

Buena parte de la nueva ley es de aplicación directa, lo que no exime al Gobierno de proceder cuanto antes a la redacción del reglamento que la desarrolle. En todo caso, el todavía vigente, que interpreta con criterios muy amplios la derogada ley de 1985, puede servir de norma alternativa para determinados aspectos de la nueva ley. Si ésta se aplica por todos (Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos) con el rigor y la atención que merece una materia tan delicada, no habrá que temer por las plagas que algunos responsables políticos -en primer término, el presidente del Gobierno- anticipan como resultado de su entrada en vigor.