Cataluña se enfrenta al Gobierno por los fondos de estabilización del profesorado

Cataluña considera que nada está aún decidido sobre el plan de promoción y estabilidad del profesorado de las universidades, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, y, en todo caso, pretende utilizar la financiación que le corresponde -sobre cuyo montante discrepa- según sus propios criterios: dividirla proporcionalmente al volumen de cada universidad. El comisionado para Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, niega, sin embargo, que Cataluña pretenda dotarse de un cuerpo propio de profesorado, aunque insiste en la necesidad de buscar lo antes posible otros sistemas de contratación.

Para la regularización del colectivo de profesores contratados en precario, se destinan 28.700 millones de pesetas en tres años, de los que el Ministerio de Educación pone 21.000 y el resto las comunidades autónomas. La cantidad que aporta la Administración central no es consolidable, y éste es el primer punto sobre el que discrepa Mas-Colell. "Nosotros pedimos que la cantidad que da el ministerio para tres años sea consolidable, porque nuestra aportación sí que lo será", asegura. "El problema", añade, "es que el Gobierno dicta un decreto cuyas implicaciones económicas tienen que asumirlas las autonomías. Esto es algo que tendremos que estudiar, porque ya sucedió lo mismo cuando el asunto de los descuentos en las matrículas a las familias numerosas, que supusieron un descenso de los ingresos de las universidades sin que se hubiera previsto cómo compensarlo".La Administración catalana insiste en que todo está abierto. "No sabemos cuál será el paquete", dice Mas-Colell, "de momento se nos ha hecho saber, aunque no de forma oficial, que nos toca un 13,8% del total, pero desconocemos con qué criterio se ha establecido esta cifra. Estamos a la espera de que nos lo expliquen. Nosotros proponíamos un criterio de población, porque, además, nuestras universidades son receptoras de alumnos de otras comunidades".

Cada universidad ha elaborado un Acta de Promoción y Estabilidad en la que fija sus necesidades y sus planes, que debe servir como base para el convenio que el ministerio realizará con cada comunidad, y también para el tripartito entre cada universidad y las dos administraciones, según los planes del ministerio. Pero la Generalitat catalana no quiere que se le fijen criterios. "Pedimos que el convenio sea muy simple. Si habrá o no convenios triangulares entre el ministerio, la Administración autonómica y cada universidad, no lo sé, pero el primer convenio tiene que ser bilateral".

Lo cierto es que algunas universidades ya habían mostrado su malestar ante la posibilidad de que salieran beneficiadas económicamente aquellas con mayor número de profesores en precario, como parece desprenderse de los planes del ministerio, interesado principalmente en acabar con la bolsa de nuevos penenes. Así lo hacía constar Ramón Capdevila, vicerrector de Personal Académico de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), que este año ha sacado a concurso 60 nuevas plazas de titular, como parte de un plan de estabilización del profesorado que se ha aplicado en los últimos años con absoluta precisión, de modo que la UPC no tiene actualmente ninguna bolsa de profesores en precario. "El decreto puede acabar beneficiando a las universidades que no han hecho bien su trabajo, y perjudicando a las que han hecho los deberes", dice Capdevila.

Mas-Colell le da la razón. Quiere que el dinero se invierta proporcionalmente al tamaño de las universidades, "no en función de cuáles tienen más o menos profesores en precario. Las que no tengan este problema podrán dedicar el dinero a otras cosas".

Sin embargo, el comisionado para Universidades de la Generalitat es tajante a la hora de desmentir que la Administración catalana quiera dotarse de un cuerpo propio de profesorado universitario. "Nunca hemos hablado de un cuerpo de profesores propio de la Generalitat", dice Mas-Colell, "porque no se trata de funcionarios y por lo tanto no puede ser un cuerpo".

Sin embargo, no descarta la posibilidad de recurrir a nuevas figuras contractuales de tipo laboral, incluso antes de reformar la LRU. "Pensamos que podría ser incluso legal, actualmente, y compatible, que las universidades catalanas puedan hacer uso de categorías contractuales reguladas desde Cataluña, y por qué no, de contratos laborales, porque éste es el mundo en el que vivimos. Podría ser posible incluso ahora, aunque lo estamos estudiando, pero, además, haremos todo lo posible para que esta categoría entre en la ley. Se trata de abrir un repertorio de formas contractuales estables, básicamente de relación laboral", dice.

Pero reconoce que desde su cargo, que muy pronto tendrá la categoría de consejería, se estudia impulsar una serie de ideas con vistas a la inaplazable revisión de la LRU. "Pero quiero que quede claro", explica, "que cuando hablamos de otro tipo de figuras contractuales para la universidad no estamos sustituyendo unas por otras. Serán los rectores quienes decidirán. La regulación del profesorado funcionario escapa de nuestras manos, y sólo en el contexto de la reforma de la LRU podremos incidir en ello".