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Tribuna:

Bienestar y desigualdad JORDI SÁNCHEZ

Hace poco más de cien años algunos gobiernos europeos decidieron tomar cartas en el asunto de la pobreza y emprendieron un trabajo que tenía como misión principal reducir en lo posible aquellas situaciones que abandonaban al individuo a su suerte en las fluctuaciones del mercado aunque éstas llegaran a despojarle incluso de la propia dignidad como ser humano. No se trataba, ni mucho menos, de acabar con las desigualdades sociales (no hay que olvidar que en buena medida eran gobiernos conservadores y democratacristianos los que iniciaron estas actuaciones), sino que simplemente se trataba de crear unas condiciones, reconocidas en la legislación, que proporcionaran a los individuos un mínimo de seguridad socioeconómica en caso de enfermedad, siniestralidad laboral, desempleo o jubilación. Ésos son los orígenes sobre los cuales se edificó la seguridad social y que con el paso de los años fue consolidándose y también ampliándose en el reconocimiento de nuevos derechos sociales para la ciudadanía hasta llegar a los actuales sistemas de bienestar. El estado de bienestar, fuertemente cuestionado a inicios de los ochenta por los potentes discursos neoliberales, se construyó sobre el respeto a la economía de mercado. Es decir, sin ninguna pretensión de invertir las reglas de mercado, sino simplemente con la idea de paliar situaciones de necesidad y proveer una asistencia sanitaria mínima para toda la ciudadanía. El objetivo de los sistemas públicos de bienestar nunca fue el de acabar con las desigualdades sociales existentes ya que eso hubiera requerido una intervención pública en la economía que hubiera hecho añicos las leyes de funcionamiento del capitalismo. Es pues evidente que nuestras sociedades están construidas sobre la aceptación tácita de la existencia de las desigualdades sociales. Otra cuestión es que a nadie le guste reconocer esta premisa sobre la cual descansa nuestro sistema político, social y económico. Incluso la mayoría de los políticos que gusten de hacer discursos que intentan maquillar esa premisa sin que después en sus decisiones de gobierno actúen en coherencia para reducir esas diferencias. Y sin duda, nada indica lamentablemente que en el futuro esas premisas sean cambiadas.La sociedad catalana, y también la sociedad española, ha vivido en las últimas décadas una mejora sustancial de sus niveles de vida. Hoy, nadie lo duda, se vive mejor que hace 20 años, pero esa imagen de prosperidad en el bienestar colectivo no debería escondernos las imágenes de pobreza que en nuestro país existen. Demasiadas veces nos dejamos llevar por esa euforia que nace de puros instrumentos estadísticos que reparten la riqueza del país entre individuos, olvidando que la realidad no es como esas estadísticas dicen que es sino más bien lo contrario. La riqueza en realidad no se distribuye proporcionalmente y a partes iguales entre la ciudadanía, e incluso algunos estudios nos dicen que en los periodos de crecimiento económico las diferencias sociales fruto del reparto desigual se incrementan. Así pues no deberíamos dejarnos seducir por una riqueza que sólo es igualitaria en su proyección virtual. Algunos estudios de publicación reciente nos ponen sobre aviso de que durante los primeros años de la década de los noventa, las diferencias entre los que más tenían en la sociedad catalana y los que menos tenían se había incrementado notablemente. Así los indicadores de pobreza relativa y pobreza extrema crecieron significativamente en la primera mitad de la década de los noventa. Los datos más fiables nos indican que la pobreza relativa -aquella que viene definida por unos ingresos por debajo del 50% de la media de los ingresos de la población- se incrementó del 12% al 17%, mientras que la pobreza extrema -definida según la OCDE como aquella que se produce al disponer de unos ingresos inferiores al 30% de la renta media de la población- también creció de un 1,6% a inicios de los 90 hasta un 4,4% a mediados de la década. Sin duda la fuerte crisis económica de esos años debe considerarse como una parte muy importante de la explicación de ese incremento. La pregunta hoy es hasta qué punto esos datos habrán variado, ya que si bien es cierto que la crisis económica y el desempleo se han reducido enormemente, también es cierto que la precariedad laboral, sobre la cual la creación de empleo se ha basado, puede incidir muy negativamente en la mejora de esos porcentajes de pobreza extrema y relativa.

Otros estudios también de reciente publicación contenidos en el Informe per la Catalunya del 2000, promovido por la Fundación Jaume Bofill, ponen el acento en la permanencia de esas desigualdades sociales que muchas veces a nuestros gobernantes les gusta no reconocer y en cómo hasta qué punto por ejemplo hoy la probabilidad de morir por determinadas enfermedades sigue siendo mucho mayor en unos sectores (clases sociales) de la población que en otros. ¿Son estos datos unos indicadores de que nuestro sistema de salud ha fracasado? En parte sí, ya que no consigue ofrecer los mismos resultados para toda la población. Pero más que ante un fracaso de un sistema sanitario concreto, donde nos encontramos es ante un fracaso como sociedad. Cerramos el siglo sin haber superado las desigualdades y, lo que es mucho peor, sin disponer de proyectos políticos que persigan como objetivo prioritario reducir al máximo estas desigualdades. Nuestro país, con poco más de 6.000.000 de habitantes, debería aspirar a disponer de una sociedad mucho más igualitaria. Para ello harán falta nuevas políticas que tengan como prioridad una acción mucho más redistributiva hacia los más necesitados. Es posible que para ello algunas políticas universales deban sacrificarse a favor de la focalización en segmentos concretos de la población. El único límite es que esa focalización no las convierta en las "políticas para pobres" del siglo XXI. El reto no es fácil, pero probablemente merece la pena intentarlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de enero de 2000