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EL "CASO PINOCHET"

Garzón insta a Exteriores a que dé curso a su orden de recurrir la liberación de Pinochet

ENVIADO ESPECIALEl juez Baltasar Garzón instó ayer, por carta, al Ministerio de Exteriores español, a cursar urgentemente sus instrucciones al Servicio de Fiscalía de la Corona británica para que presente un recurso de revisión judicial en el caso de que el ministro del Interior, Jack Straw, confirme, según ha anticipado, la liberación del general Augusto Pinochet. El director de la Oficina de Información Diplomática, Joaquín Pérez Villanueva, reiteró la posición del Ejecutivo de José María Aznar: "El Gobierno no recurrirá (...) Eso está completamente descartado".

El juez Garzón sostiene que el ministro del Interior británico ha calificado su decisión como "casijudicial" y al mismo tiempo ha reconocido, en una carta anticipada ayer por EL PAÍS, que el Reino de España tiene capacidad para recurrir su decisión. "De no hacerse así, resultaría inexplicable que teniendo la razón legal se desistiese de ella en este momento por razones que no sean estrictamente jurídicas", afirma Garzón en su carta.El Ministerio de Exteriores, al cursar las alegaciones del juez Garzón, el pasado lunes, "confirmó" que "la decisión anunciada compete exclusivamente al Ministerio del Interior británico en el marco de las competencias discrecionales y exclusivas conforme a las leyes británicas aplicables". Asimismo, decía que "en este sentido le confirmo que el Reino de España no se propone presentar recurso alguno a la decisión que tome en su día el Ministerio de Interior".

Sin embargo, en una carta enviada el martes por Fenella Tayler, miembro del Departamento de Extradición del Ministerio del Interior al abogado Geoffrey Bindman, de Amnistía Internacional, de varias organizaciones de derechos humanos y de víctimas chilenas se volvía a reiterar el carácter "casijudicial" de la decisión que va a adoptar el ministro Straw y de que el Reino de España tiene derecho de recurrir en revisión judicial. La decisión no es un acto político como tal.

El juez Garzón tuvo ayer copia de la carta de Fenella Tayler y la incorporó al sumario. Pero, al mismo tiempo, resolvió plantear claramente que si Straw resuelve contra la extradición de Pinochet por razones de salud, hay que presentar un recurso de revisión judicial. El juez envió ayer una copia de su escrito al Servicio de Fiscalía de la Corona, vía fax, y sobre las seis y media de la tarde, entró al Ministerio de Justicia para ser trasladado al Ministerio de Exteriores. Será éste quien ahora deba tramitar o rechazar la petición.

"En la mañana de hoy [por ayer] ya ha sido aportada la carta enviada por el Ministerio del Interior británico a Amnistía Internacional, cuya copia adjunto. Visto que el Ministerio de Interior británico reconoce que su actuación en este trámite es cuasijudicial y que su decisión puede ser recurrida solicito a Vuestra Excelencia que informe al Crown Prosecutor Service que en el marco del proceso de extradición tal como se le tiene interesado en varias ocaciones y se hace constar en la primera de mis conclusiones del escrito de 13 de enero de 2000 deben agotarse todos los medios de impugnación necesarios para que se haga efectiva la extradición de Augusto Pinochet."

El juez entiende "que en el marco judicial en que se producirá la decisión del Home Office y para el caso de ser adversa a la petición de extradición deducida, España está obligada jurídicamente a interesar al Crown Prosecutor Service que se agoten todos los recursos (...) De no hacerse así, resultará inexplicable que teniendo la razón legal se desiste de ella".

Cautelas del juez

El juez tiene especial cautela de no promover un conflicto de jurisdicción con el Ejecutivo español. "No pretendo invadir ámbitos competenciales que no me son propios, pero sí dejar constancia en la más estricta esfera judicial de que instar la revisión judicial de una decisión cuasijudicial que pone fin abruptamente al procedimiento de extradición, es una obligación no solo legal sino éticamente irrenunciable".

"De esta forma, el tribunal competente, -si el CPS estima oportuno recurrir- podrá pronunciarse sobre la oportunidad y legalidad de la medida". Ésta es la única cautela que pone el juez.

Garzón agrega que, contra lo que se afirmó por el Ministerio del Interior británico a los médicos que examinaron a Pinochet, el plazo para celebrar el juicio en España no es de 18 meses a tres años. "El 24 de mayo de 1999 este juzgado informó al CPS que aproximadamente y partiendo del conjunto de elementos probatorios acumulados en el sumario se podría, una vez que el reclamado sea entregado, si no se obstruye la marcha normal de la causa, elevarla a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para la apertura del juicio oral y público de Augusto Pinochet Ugarte en un plazo de cuatro meses".

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