Armisticio tributario

El pacto para la llamada paz fiscal sellado ayer entre la Administración del Estado y las instituciones vascas (Gobierno de Vitoria y haciendas forales) pone fin de forma satisfactoria a un contencioso con largo recorrido en los tribunales, tanto nacionales como comunitarios, y que llevaba camino de enquistarse después de 13 años de reproches mutuos, con visitas reiteradas a los juzgados y amenazas de ruptura política. También, y ésta es una ventaja que debe tenerse muy en cuenta, acaba con un periodo de incertidumbre empresarial en lo que se refiere a oportunidades de inversión y cálculo de rentabilidad.En el acuerdo político, casualmente conseguido el mismo día en que José María Aznar anunciaba la convocatoria de elecciones para el 12 de marzo próximo y presumiblemente en vísperas de que el Tribunal de Luxemburgo diera un tirón de orejas a las haciendas forales sobre su particular interpretación de la soberanía tributaria dentro del Estado español, ambas partes han tenido que ceder sustancialmente en sus planteamientos iniciales y construir un nuevo campo de juego, la Comisión de Evaluación Normativa, donde dirimir sus diferencias en materia fiscal y tributaria sin tener que recurrir a la vía judicial.

El pacto supone la retirada de cerca de un centenar de recursos cruzados, casi todos relativos al impuesto sobre sociedades, y la modificación o supresión de varias normas forales, entre ellas, las minivacaciones fiscales, que suponen una importante reducción en la base imponible del impuesto de sociedades para empresas de nueva creación durante sus cuatro primeros años o para los centros de coordinación de empresas multinacionales, por citar sólo dos ejemplos. Este acuerdo le permite a Aznar reconducir en parte sus relaciones con los nacionalistas, a la vez que da crédito a un instrumento como el Concierto Económico, que no cuestionan los miembros de su formación en el País Vasco, pero sí desde las comunidades limítrofes gobernadas por el Partido Popular, como La Rioja, Cantabria y Castilla y León.

La interpretación de este pacto es que no hay vencedores ni vencidos. Desde el Gabinete de Aznar se asegura que se elimina la competencia desleal entre las comunidades, y desde las instituciones vascas se insiste en que no se ha perdido ni un ápice de soberanía. Pero lo cierto es que la retirada de las llamadas minivacaciones fiscales viene a reconocer que algunas normas tributarias vascas no eran compatibles con las directivas europeas que protegen la libre competencia y limitan las ayudas públicas.

Hay que recordar que el 31 de diciembre de 2001 finaliza la vigencia del actual Concierto Económico y también del pacto firmado ayer, donde se da por concluida una batalla fiscal ya casi histórica. Es de suponer que en la renegociación del Concierto se incluirá este acuerdo, aunque ninguna de las partes ha querido comprometerse por un periodo superior a dos años. Probablemente para no condicionar el desarrollo de las futuras negocaciones con vistas a la nueva Ley del Concierto Económico.

En cualquier caso, la voluntad de que las relaciones fiscales entre ambas administraciones discurran por los caminos normales no tardará en ponerse a prueba. Los mensajes sobre cómo debe ser el nuevo Concierto Económico ya han comenzado a llegar. Temas como la introducción de criterios de armonización similares a los que pretende establecer la UE para los Estados miembros o una modificación normativa en materia del ahorro pueden cargar las alforjas de los negociadores vascos.