Sindicatos y oposición critican la propuesta de un servicio civil

El servicio civil, la alternativa que maneja el Gobierno para garantizar la supervivencia de los servicios sociales que hoy desempeñan los objetores de conciencia y que desaparecerán con el fin de la mili, disgusta a la oposición y a los sindicatos. PSOE, Izquierda Unida (IU), PNV y los sindicatos UGT y CCOO critican la propuesta porque, según ellos, impide la creación de puestos de trabajo y favorece la precariedad del empleo juvenil. La mili desaparecerá como muy tarde en 2002. Y, con ella, lo hará la prestación social sustitutoria (PSS), incluido ese 25% de puestos que hoy cubren objetores y que, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, son necesarios para la sociedad.

Los ministerios de Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales trabajan ya sobre el borrador de lo que sería ese futuro servicio civil: formado por jóvenes, voluntario pero con un compromiso temporal, masculino y femenino y cuyos miembros recibieran como contraprestaciones prioridad para becas de estudios, plazas de funcionario o acceso a una vivienda social.

El Gobierno quiere pactar el proyecto, amparado por la Constitución. Pero lo tendrá difícil. El primer escollo serán los sindicatos. La ley prohíbe que los puestos de la PSS -111.000 jóvenes en estos momentos- encubran puestos de trabajo. De hecho tanto UGT como CCOO han presentado denuncias por esta situación. Por eso les molesta sobremanera que ahora que la mili toca a su fin, el Gobierno dé cobertura legal a una situación que consideran irregular.

La responsable de Juventud en UGT, Pilar Duce, asegura que "al menos el 50%" de los destinos de la PSS encubren un puesto de trabajo". "Estamos hablando de mano de obra casi gratuita", asegura. José Luis Sánchez, de CCOO, comparte esta opinión: "Lo racional es aprovechar el fin de la PSS para crear empleo para la juventud, que tiene tasas de paro altísimas".

Plan de empleo juvenil

El PSOE también es muy crítico con el proyecto y apuesta por imitar al Gobierno socialista francés con un plan de empleo juvenil en los llamados "nuevos yacimientos" -atención a mayores, por ejemplo-, explica el responsable de Juventudes Socialistas y diputado, José Manuel Caballero.

Para Izquierda Unida, además de un problema laboral, el proyecto, si es que llega a debatirse, plantea un problema social porque supone "un agravio" para los voluntarios, que dedican su tiempo de modo altruista sin recibir incentivos, explica su portavoz, Willy Meyer.

Otro tipo de críticas llegan desde los bancos de los partidos nacionalistas. CiU, que coincide con el modelo gubernamental, cree que el servicio civil debe ser autonómico y, de hecho, ya lo propuso en su último programa electoral: "Si tiene que haber legislación marco, tiene que ser muy genérica", defiende su diputado Carles Campuzano.