El fin de la "guerra tributaria" despeja la vía para la negociación dentro de dos años del nuevo Concierto

El mismo día en que el Gobierno central convoca oficialmente las elecciones generales para el 12 de marzo, las administraciones central y vasca han cerrado la difícil negociación para poner fin a su guerra fiscal. Todos los partidos implicados se benefician del acuerdo. Por un lado, el Gobierno central, en manos del PP, quiere mantener la tesis de que, pese a las discrepancias, cumple sus compromisos. Por otro lado, los nacionalistas ponen fin a su peor pesadilla: que alguien (la UE) pudiera limitar su capacidad fiscal, la base de la soberanía vasca. De paso la renovación del Concierto para otros 20 años, que se debe negociar en la próxima legislatura, ya que debe entrar en vigor en 2002, se libra de su peor enemigo. El Concierto Económico vasco, una institución centenaria, se recuperó para los tres territorios en 1981. Durante el franquismo sólo Álava lo había podido disfrutar. La democracia y la polémica han sido todo uno. La posibilidad de recurrir las normas derivadas del Concierto ante la jurisdicción contencioso-administrativa ha llevado a una constante judicialización del uso del Concierto que ha ido paulatinamente a más en los últimos tiempos.

Hasta el pasado año, nadie temía por la soberanía fiscal vasca, ya que las tres haciendas se habían acostumbrado a ganar los recursos en los tribunales. Sin embargo, el pasado año las cosas comenzaron a cambiar. Llegaron las primeras derrotas y las normas ya no sólo se cuestionaban en España. La Comisión Europea tenía un ojo puesto en el desarrollo del Concierto Económico.

Daewoo y Ramondín

En este panorama y con las administraciones nacionalistas viviendo bajo el complejo de ser objeto de una persecución, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, convocó en julio un acto en defensa del Concierto en el que presentó a la sociedad vasca un documento para el que pedía adhesiones.

En este contexto se acumulaban las malas noticias. La Comisión Europea eliminó parte de las ayudas recibidas primero por la multinacional surcoreana Daewoo y luego por la empresa fabricante de cápsulas para botellas Ramondín. Ambas se habían instalado en Álava y ambas habían recibido ayudas en virtud de los incentivos fiscales que van a ser derogados ahora gracias al acuerdo alcanzado entre las dos administraciones.

Para redondear la sensación de acoso y derribo, la Comisión Europea decidió abrir un expediente general a los incentivos fiscales que está todavía en la fase de instrucción.

Así, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el vasco quiere que vuelva la calma y que el Concierto sea definitivamente una cuestión doméstica alejada de la lupa de la Comisión Europea. Ahora todo depende de la buena voluntad de las dos partes.