La Fiscalía británica no actuará contra Pinochet a pesar de tener acceso a su informe médico

ENVIADO ESPECIALEl director de la Fiscalía Pública británica (director of Public Prosecution, DPP) no presentará ninguna acusación contra el general Augusto Pinochet una vez que el ministro británico del Interior, Jack Straw, adopte su decisión final de liberar al ex dictador. David Calvert-Smith, director de la Fiscalía Pública, ha tenido acceso, al mismo tiempo que el ministro Straw, al informe de los cuatro médicos que revisaron al ex dictador el pasado miércoles 5 de enero, precisamente para que la tramitación de la libertad no tenga dilaciones de última hora.

Curiosamente, la DPP es la cabeza del Servicio de la Fiscalía de la Corona, que actúa en el procedimiento de extradición como abogado de España. Pinochet ha autorizado entregar el informe médico a la DPP, pero con una condición: que no sea entregado al juez español Baltasar Garzón. La maquinaria de liberación del general Pinochet está en marcha. En el día de hoy, a las cinco de la tarde, hora británica (las seis, hora peninsular española), vencerá el plazo para hacer llegar al Ministerio del Interior (Home Office) las alegaciones solicitadas por el ministro Straw en base a la ley de extradición de 1989. Las organizaciones humanitarias que participaron en el procedimiento han convocado un acto de presentación de sus alegaciones frente a la sede de Interior a las 10.30, hora de Londres. Una vez recibidos todos los escritos, Straw deberá convertir su decisión preliminar de no extraditar a Pinochet, anunciada el pasado martes 11, en definitiva.Esta decisión implica automáticamente dejar sin efecto la orden de arresto que ha permitido mantener al ex dictador bajo custodia policial en su casa de Virgina Water, en el condado de Surrey, lo que permitirá a Pinochet embarcarse en un avión de la Fuerza Aérea Chilena, que es esperado para las próximas horas en la base militar de Brize Northon.

Ayer llegaron a Londres Juan Carlos Salgado, el hombre que coordinará la relación entre el Ejército chileno y el general Pinochet, y los abogados chilenos del ex dictador Hernán Felipe Errázuriz y Miguel Alex Schweitzer. Aunque el reloj de la cuenta atrás para la partida de Pinochet empezará a correr a partir de hoy a las cinco de la tarde de Londres, fuentes próximas a la defensa británica del ex dictador estiman que la decisión final del ministro Straw puede tardar algunos días. Un oficial de Scotland Yard estimó ayer que nadie, aparte de Straw, sabe bien cuál es el calendario de los acontecimientos. El asunto se lleva con el máximo secreto. Otras fuentes dijeron anoche que Straw ha apuntado a sus asesores jurídicos la necesidad de contar con algunos precedentes de jurisprudencia.

"Operación Pinochet"

La más peligrosa incógnita que presentaba la operación Pinochet en curso era la eventual acusación contra él en el Reino Unido por conspiración para cometer tortura y torturar. Esta acusación ha sobrevolado el procedimiento desde finales de marzo de 1999.

Poco después de que los jueces lores (Tribunal Supremo) británicos declararon, el 24 de marzo de 1999, que Pinochet sólo podía ser acusado de tortura y conspiración para cometer tortura a partir del 8 de diciembre de 1988, y que dictaminaron que si Pinochet no era entregado a España se le podía juzgar en Londres, en cumplimiento de las obligaciones del Reino Unido con la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, la Fiscalía de la Corona, agente de España en el caso, solicitó a Garzón que enviase una amplia documentación sobre las investigaciones, "en la eventualidad de que Pinochet no sea extraditado a España y para estudiar si se le acusa en el Reino Unido". El juez español la envió de inmediato.

En el Reino Unido, la palanca clave para una acusación como la que está en juego la posee el director de la Fiscalía Pública, que debe dar luz verde al procedimiento interno. Para evitar sorpresas de último momento, Straw obtuvo la semana pasada autorización de la defensa del general Pinochet para que la DPP fuera la única persona o institución que pudiera conocer el informe a fin de agilizar los trámites. La defensa de Pinochet, que denegó el permiso para que el citado informe médico fuera entregado a España y a las otras partes del procedimiento, en razón de su carácter confidencial, aceptó la excepción, y el informe fue enviado al director David Calvert-Smith.

El general desconfía

Calvert-Smith, como director de la Fiscalía Pública, es la más alta autoridad fiscal británica, de la que depende jerárquicamente el Servicio de Fiscalía de la Corona. Pero la entrega del informe médico a Calvert-Smith no supuso su paso a manos de la Fiscalía de la Corona, esto es, al fiscal Brian Gibbins, que ha intervenido en este caso. Pinochet, aun con recelos, parece fiarse de la Fiscalía Pública, pero en ningún caso de la Fiscalía de la Corona, que es agente de España; más concretamente, que ha actuado bajo las instrucciones del juez Garzón.

Fuentes jurídicas consultadas en Londres señalaron que, hasta el momento, tanto el fiscal general como la Fiscalía Pública habían considerado que no había condiciones para emprender una persecución penal de Pinochet ante los tribunales británicos.

Por varios motivos. Mucho antes del arresto y la petición de extradición, el fiscal general y Scotland Yard, a raíz de otras visitas realizadas por Pinochet al Reino Unido, consideraron que no existía "material suficiente" para acusarle. Más tarde, tras el arresto y durante el procedimiento de extradición, se estimó que era conveniente esperar su desenlace.

Fuentes solventes señalaron a este periódico que el informe médico habría resuelto el dilema. Aun cuando la Fiscalía de la Corona ha tenido acceso a un amplio material del sumario instruido en España en previsión de una posible acusación en el Reino Unido, la muralla china que ahora se ha erigido es la presunta incapacidad de Pinochet para someterse a juicio. "Si esta incapacidad impide enviarle a España, también se aplica en el Reino Unido", dijo la fuente consultada.