Los abogados portugueses actuarán como jueces ante el colapso judicial

El Gobierno socialista portugués ha aprobado un proyecto de ley que permitirá, excepcionalmente, aumentar el número de jueces para combatir el gravísimo colapso judicial. El Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas de emergencia; entre ellas, el uso de abogados como jueces de primera instancia, la reincorporación de magistrados jubilados y el adelanto del final de curso para los nuevos jueces.

António Costa, ministro de Justicia del Gabinete presidido por António Guterres, reconoció que están pendientes un millón de procesos y cada año se acumulan 100.000 más. Portugal tiene poco más de nueve millones de habitantes.Con estas medidas, el Consejo Superior de la Magistratura podrá designar como jueces de primera instancia, mediante concurso público y por un periodo de tres años, a licenciados en derecho vinculados a la función pública o abogados del Estado "de comprobada idoneidad, competencia y experiencia profesional". Asimismo admitirá la reincorporación de jueces jubilados para las labores de organización, investigación y asesoramiento de procesos pendientes.

El presidente del Colegio de Abogados, António Pires de Lima, reconoció a este periódico que apoya las medidas del Gobierno, cuyo objetivo inmediato consiste en cubrir las vacantes de 100 plazas de jueces y más de 50 fiscales. Pires de Lima reconoció lo excepcional de las medidas "que se han conseguido inventar para una situación de crisis profunda". El proyecto será ratificado próximamente por el Parlamento.

Constitución

El ministro de Justicia anunció también que el Gobierno ha adelantado para finales de 2001 el plazo para la instalación completa de la red informática judicial y explicó que aprobará una serie de "estímulos", con cargo al presupuesto del Estado de este año, para que los denunciantes desistan de sus demandas o alcancen soluciones arbitradas.

António Costa rechazó una revisión extraordinaria de la Constitución para resolver los problemas de la justicia y aclaró que "no existen soluciones mágicas". "Los problemas de la justicia", dijo, "no se resuelven con revisiones extraordinarias de la Carta Magna, sino con rigor y determinación donde se encuentran los conflictos".

Asimismo, un estudio del Ministerio de Justicia reconoce que entre 1993 y 1998 un total de 38.531 demandados no llegaron a ser juzgados porque los procesos judiciales prescribieron. Sólo en 1998, ese número superó los 12.000. El sociólogo Boaventura Sousa Santos, coordinador del Observatorio Permanente de la Justicia portuguesa, explica que la "reciente explosión" de las prescripciones, a pesar de la importancia de algunos casos concretos, constituye "un mero síntoma de una grave situación que se padece desde hace algún tiempo".

Las prescripciones de procesos judiciales se dispararon a partir de 1993 y, desde ese año, más del 10% de los demandados no llega a juicio. El Observatorio calcula que el número de casos no juzgados es superior al de juzgados, si se suman las prescripciones y los casos archivados por sobrepasarse los plazos legales de instrucción.

El jurista António Pinto Ribeiro, miembro del Fórum Justicia y Libertades, reconocía que entre 1993 y 1996 prescribieron más de 100.000 procesos abiertos por el Departamento de Investigación y Acción Penal, como consecuencia de la incapacidad de respuesta de las estructuras de investigación criminal. La semana pasada, Pinto Ribeiro afirmaba que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado ostensiblemente, a lo que sumaba el número de casos escandalosos prescritos o archivados, según los datos divulgados recientemente por los medios de comunicación.

La muerte de un joven por una descarga eléctrica en un semáforo de Lisboa o el fallecimiento de dos niños succionados en un parque acuático han prescrito recientemente, sin que existan responsabilidades en la Administración de justicia. La situación es tan grave que el presidente del Colegio de Abogados, António Pires de Lima, llegó a proponer la suspensión de los plazos legales hasta que la situación se regularizase, pero le respondieron "que eso sería anticonstitucional".

Justicia parada

El sociólogo Boaventura Sousa Santos reconoce que, a la vista de los datos, se puede afirmar que la justicia portuguesa no sólo está colapsada, sino que pura y simplemente no funciona desde hace algún tiempo. El coordinador del Observatorio Judicial explica que lo que deberían ser casos excepcionales "se han convertido en norma, sin que se hayan depurado las responsabilidades correspondientes". A su juicio, "las prescripciones se han trivializado, sin que haya noticias de que magistrados o funcionarios de la Administración judicial hayan sido sancionados por esos motivos. Es necesario acabar con esa cultura del laxismo y la falta de responsabilidades de todos los integrantes del sistema".

Como consecuencia del colapso judicial y la grave situación del aparato judicial, el semanario Expresso, uno de los medios de comunicación más importantes del país, anunció en su edición del pasado sábado que iniciará "la publicación sistemática de una página" sobre los problemas judiciales, tras concluir que la situación es "intolerable". Ante la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y su falta de esperanza por obtener justicia, uno de los pilares de la democracia, la dirección de Expresso sostiene que "hará todo lo posible para que la situación se invierta, lo que sólo ocurrirá con una revolución que altere profundamente los hábitos de trabajo".