Una comisión oficial culpa del desastre del "Erika" al armador y a las petroleras

El armador, los fletadores (incluido TotalFina) y los mismos inspectores que autorizaron la salida del buque Erika comparten culpa en su hundimiento. Así lo sostiene el informe encargado a la Oficina de Investigación de Accidentes Marítimos por el Gobierno francés para aclarar el desastre ecológico. La comisión mantiene que todos ellos conocían el mal estado del casco (motivo principal del hundimiento) y que hicieron caso omiso a las indicaciones al respecto del capitán. Éste, que permaneció 15 días preso, se comportó correctamente, según los expertos.

El Erika se hundió el pasado 13 de diciembre frente a Bretaña. El buque, antes de perderse en el fondo marino, se partió en dos, lo que motivó la liberación de más de 10.000 toneladas de fuel y una inmensa marea negra que afectó 400 kilómetros de costa. Otras 20.000 toneladas quedaron dentro del casco y ahora mismo, como han constatado los submarinos que se han aproximado, escapan lentamente por las fisuras.Los expertos de la Oficina de Investigación de Accidentes Marítimos consideran en su informe - que será puesto a disposición del juez instructor y la Organización Marítima Internacional- que la propietaria del fuel, TotalFina, conocía bien el barco, porque el pasado año ya lo había utilizado otras cuatro veces en viajes a Argelia y Bulgaria. La comisión oficial ataca muy duramente a los armadores, a la Administración de Malta y a la firma italiana Rina, que dio los permisos de navegación pese al mal estado del buque. Rina proclamó ayer su seguridad de "no haber cometido ninguna negligencia".

Los expertos "creen saber" que los propietarios reales son los armadores napolitanos Vitiello y Savarese, vinculados con los grupos Euromare e Italmare, y que ejercen la propiedad mediante la sociedad griega Dry Tank, SA/Cardiff Marine, dirigida por el empresario Iorgos Ekónomu.

Según el informe, el procedimiento que se sigue en los barcos con los pabellones de conveniencia es que los navíos se registran a nombre de una propietaria creada al efecto (en esta caso, maltesa), para no tener que responder a los posibles daños con el conjunto de las propiedades.