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El juez del "caso Bazar España" cita como imputados al arquitecto del derribo y a un técnico de Urbanismo

El caso sobre el derrumbe del muro del antiguo Bazar España que mató a cinco personas el 31 de diciembre de 1998 vivió ayer un nuevo capítulo, esta vez judicial. El juez José Herrera ha citado a declarar como imputados al arquitecto que firmó el proyecto de derribo, José Recuenco, y al técnico de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla encargado de supervisar la obra, Juan García Gil. El juez tomó esta decisión después de recibir en la mañana del pasado lunes un informe del Instituto de Meteorología en el que se certificaba que cuando se desplomó el citado muro, la velocidad del viento no se podía considerar como "catastrófica" o causa directa del derrumbe de la pared de ladrillo.

El juez Herrera ha citado a Recuenco para el próximo día 19, mientras que al día siguiente le corresponderá el turno al director del Departamento de Licencias y Disciplina de la Gerencia de Urbanismo. La imputación en este momento no significa nada más que el juez considera que haya indicios suficientes para iniciar una investigación sobre una presunta responsabilidad. Además, la imputación es una fórmula para proporcionar la adecuada garantía procesal para Recuenco y Ruiz, que podrán declarar acompañados de sus respectivos abogados y, si lo consideran oportuno, pueden acogerse al derecho a no responder determinadas preguntas.El informe del Instituto Meteorológico es el motivo último de la decisión del juez, por cuyas manos ya han pasado dos informes periciales con tesis opuestas sobre los motivos del desplome del muro sobre las cinco personas que esperaban el autobús y cuya elaboración (seis y cuatro meses) ha dilatado el caso hasta sobrepasar el año. La semana pasada, el abogado Enrique Pérez Perera, que representa a la familia de una de las víctimas, presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 8 en el que pedía la imputación de estas dos personas, así como la de Inmobiliaria Osuna, propietaria del 48% de la finca.

De hecho, este caso sufrió un giro definitivo cuando el informe del ingeniero José Orad, contratado por las víctimas, llegó a manos del juez a mediados del pasado noviembre. Según fuentes cercanas al proceso, el Ayuntamiento, Inmobiliaria Osuna y Luis Recuenco negociaron durante meses la posibilidad de llegar a un acuerdo de indemnización económica que cerrara el caso para siempre. Los seguros de la empresa y el empresario y otros fondos municipales juntarían un capital superior a los 200 millones para este fin. La llegada del informe Orad rompió el acuerdo.

En estos casos, el baremo que se utiliza para calcular las indemnizaciones se extrae de la denominada ley del automóvil, según la cual, las familias de los fallecidos podrían percibir alrededor de 25 millones como máximo.

Enconamiento político

En el ámbito político, lejos de apaciguarse los ánimos de los concejales del grupo andalucista tras los mensajes conciliadores lanzados por sus socios en los últimos días, sus declaraciones parecen encenderse más. Aunque ayer se celebró con normalidad la primera comisión de gobierno desde que se abrió la crisis, la reacción posterior del PA dejó claro que las relaciones distan mucho de normalizarse, a pesar de la disposición del alcalde a consensuar con sus socios el procedimiento para indemnizar a las familias de las víctimas del derrumbe del muro Bazar España.

Esta fórmula se ajustaría, en cualquier caso, a las conclusiones del informe que preparan los servicios jurídicos municipales, que tendrán la última palabra sobre si existen responsabilidades del Ayuntamiento en la tragedia. Pero el PA no se conforma con la oferta de Sánchez Monteseirín. Ayer dejaron claro -y por escrito- que su decreto les parece "un despropósito político y jurídico".

Sólo la retirada de este decreto y la concesión de ayudas de carácter "asistencial" a las familias satisfarían al PA hasta el extremo de zanjar lo que denominan "crisis abierta" en el gobierno municipal de Sevilla. El delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, insistió en que el decreto carece de "apoyo político" y "sustento jurídico". En la misma línea se pronunció el secretario general del PA, Antonio Ortega, que apremió al alcalde a "arreglar" un "error grave".

La voluntad del grupo socialista, a pesar de rebajar a la condición de simple "tensión" las diferencias y de sus llamadas al consenso, excluye cualquier acto que pudiera entenderse como una rectificación de Monteseirín y que desacredite su imagen política. El portavoz socialista, Emilio Carrillo, subrayó ayer que el decreto está en pleno "desarrollo operativo". En las filas socialistas descartan, pues, la retirada del decreto, como exigen sus socios, que ayer rehusaron aclarar cuál será su posición si finalmente no logran que el alcalde acceda a sus requerimientos. Carmona dijo escuetamente que la decisión correspondería a la dirección nacional del PA, que hasta ahora ha evitado aludir a una posible ruptura del pacto en Sevilla.

En el actual tira y afloja de la coalición, la salida al enfrentamiento podría negociarse entre las direcciones de ambos partidos, como ha reclamado el PA desde hace una semana. Incluso en el grupo socialista se admite que poco o nada pueden pactar ya en el seno del gobierno local sobre el "caso Bazar España".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de enero de 2000

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