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Una carrera de obstáculos

Empezó cuesta arriba y ha acabado lanzado al sprint. En su extenso trayecto al frente de la Consejería de Obras Públicas (como otros compañeros de gabinete, ya era consejero en el bienio 1994-1995), Francisco Vallejo y su equipo han corrido de menos a más; una circunstancia que se debe a los obstáculos que tuvieron que sortear en los primeros tramos: como primera prueba, Vallejo tuvo que alejarse de la sombra del caso Ollero, que había engullido a su predecesor, Juan López Martos. Las emergencias protagonizaron la primera mitad de su maratón particular. A finales de 1995, tras una prolongada sequía, los sistemas hídricos estaban agotados y Obras Públicas tuvo que inventarse abastecimientos alternativos. Un año después, la meteorología dio la vuelta a la tortilla: la Consejería se gastó 30.000 millones de pesetas en 1997 para reparar los daños que provocaron las inundaciones en la red de infraestructuras regional.

A Vallejo, los problemas no sólo le cayeron del cielo. El rigor impuesto por la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, en las cuentas andaluzas rebajó el dinero que la Junta destinó a obras públicas en la primera mitad de esta legislatura. En 1997, el recorte presupuestario de la Consejería llegó al 17%: eran los tiempos de la guerra declarada a la inflación y a los déficits públicos, con Maastricht en el horizonte.

En 2000, Obras Públicas recupera terreno (la inversión superará los 111.000 millones de pesetas), pero, como reconoce Vallejo, aún estará lejos de la "década prodigiosa" (1985-1995) de las obras públicas en Andalucía. Y tendrá que incrementar su dotación en los próximos años si quiere cubrir los objetivos del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA) para el periodo 1997-2007. Este plan y el de Ordenación del Territorio son los dos documentos que el consejero exhibe para avalar el "esfuerzo de planificación" que ha realizado su departamento en esta legislatura. Obras Públicas ha diseñado las infraestructuras que requerirá la región, pero para ello cuenta con 2,2 billones de pesetas del Gobierno central; un respaldo que habrá que poner en cuarentena, una vez comprobada la nula comunicación entre el Ministerio de Fomento y la Consejería.

Entre los asuntos que mejor retratan el enfrentamiento político entre Sevilla y Málaga resalta el debate sobre la prolongación del AVE a Málaga. La Junta presionó para que se iniciara la construcción antes de 1999 y se hizo cargo de los estudios de viabilidad. Al final, Fomento dio un empujón al proyecto unas semanas antes de las municipales de este año. El Ministerio ya ha sacado a concurso 100 de los 157 kilómetros y ha incluido la obra en la petición de ayudas comunitarias para el periodo 2000-2006.

La actuación de Obras Públicas en la red ferroviaria ejemplifica cuál ha sido la táctica de Vallejo para zafarse del corsé presupuestario: medidas baratas que resaltan olvidos del Gobierno central. Con poco más de 2.000 millones de pesetas al año, la Junta ha mantenido convenios con Renfe para mejorar las líneas regionales, mientras que proyectos dependientes de la iniciativa del Ejecutivo (Algeciras-Cádiz, conexiones de velocidad alta a Granada y Jaén, prolongación del Euromed a Almería) están en vía muerta.

El recorte de fondos en los primeros años sí se ha dejado notar en las carreteras, que se han retrasado. Obras Públicas ha conseguido in extremis poner en marcha los tres proyectos prioritarios de la legislatura, con una inyección de 60.000 millones, pero la conclusión de la A-92, con la conexión entre Guadix y Almería, la autovía Jerez-Los Barrios y la Sevilla-Utrera no estarán culminadas hasta el 2001. Para la próxima legislatura, la Consejería quiere mantener el pulso recién recobrado con dos nuevos autovías: la Úbeda-Estepa y la Jerez-Antequera. En la A-92, ha previsto gastarse unos 5.000 millones para reforzar el firme.

La política de carreteras ha centrado las críticas de la oposición que consideran que Vallejo olvidó la red secundaria (a lo que el consejero opone actuaciones en Cazorla, valle del Guadalhorce o la Sierra Norte de Sevilla) y tildan de "chapuza" la A-92. En el otro extremo de la valoración está la gestión en los puertos: desde 1998, los miembros elegidos por la Junta tienen un peso preponderante en las seis autoridades portuarias de la región, que tiran del sistema nacional con 3.800 millones de beneficios al año.

El fantasma de la sequía volvió este año y, con él, las administraciones encontraron un nuevo escenario de conflicto. En estos años, Obras Públicas ha consolidado los sistemas supramunicipales de abastecimiento, pero admite que aún no puede garantizar el suministro en sequías crónicas y el estudio para cubrir esas necesidades se acaba de encargar. Vallejo carga aquí con el mochuelo de responsabilizarse de la última pieza de un sistema deficitario, que ha acusado la reducción de inversiones hidráulicas del Gobierno central. Por ello, el consejero se desgañita cada vez que tiene ocasión para reclamar la transferencia de las cuencas intracomunitarias (Sur, Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel) que gestiona el Ministerio de Medio Ambiente.

Los últimos años, "los silenciosos" como los llama Vallejo, ha dejado más tiempo a Obras Públicas para elaborar cinco proyectos legislativos (carreteras, agua, suelo, transporte de mercancías, transporte metropolitano) que, sin embargo, se han quedado a las puertas del Parlamento. Aquí, el sprint final de la Consejería no ha sido suficiente para recuperar el tiempo perdido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de enero de 2000

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