Un consejero con espíritu de alcalde que desafió a los municipios del PP

Francisco Vallejo reúne dos condiciones muy apreciadas en el gabinete de Manuel Chaves: ha secundado con fervor la estrategia de enfrentamiento con el Gobierno central -"la única posible", aclara-, y ha multiplicado su presencia a lo largo de la región. El consejero de Obras Públicas ha encabezado alguno de los conflictos más encarnizados con Madrid (Ave, peaje de la A-4, transferencias de cuencas hidrográficas), pero es, sin duda, en el segundo aspecto donde se ha mostrado imbatible: la agenda semanal de Vallejo incluye siempre varios viajes y no es raro que en tan sólo siete días tenga tiempo de visitar las ocho provincias.El propio consejero achaca este afán viajero a que mantiene "un espíritu de alcalde" que le lleva a comprobar los problemas sobre el terreno. Vallejo fue primer edil de La Carolina entre 1988 y 1994 y soporta mal la permanencia de Ramón Palacios (PP) al frente de este Ayuntamiento jienennse (lo más suave que ha dicho de él es que compra los votos).

Curiosamente, su movilidad y sus competencias le llevaron a abrir un nuevo frente con los grandes ayuntamientos gobernados por los populares. Vallejo culpa a las subastas de suelo público realizadas por estos municipios de la subida del precio de la vivienda en la región. Ave aparte, a Celia Villalobos (alcaldesa de Málaga) la dejó plantada en la firma de un convenio por no ceder terrenos para viviendas de protección oficial. Las diferencias con Soledad Becerril (Sevilla) han retrasado el proyecto de metro para la ciudad y con Teófila Martínez (Cádiz), el consejero ha protagonizado agrias disputas a cuenta de la rehabilitación del casco histórico (que finalmente decidió acometer en solitario) y el soterramiento de las vías de tren a su paso por la ciudad.

El mayor conflicto con un poder municipal no enfrentó a Vallejo con el PP, sino con Jesús Gil: Obras Públicas (que debe vigilar la disciplina urbanística) aprovechó que el alcalde de Marbella trató de redactar un nuevo plan urbanístico para paralizar los convenios supuestamente irregulares suscritos con varios constructores. Los intentos de la Consejería por que el poder judicial aplique la figura de delito urbanístico a algunas de las actuaciones de Gil, sin embargo, han caído en saco roto.

Vallejo exhibe con orgullo algunas medidas de su "discurso progresista" (plan de erradicación de chabolas, cooperación internacional) y su compromiso con la región (los constructores andaluces le dieron un homenaje tras constatar que la Junta les otorga más de la mitad de las obras). Sus rivales resaltan, a partes iguales, su talante "demócrata y dialogante" y su tendencia "al intervencionismo".