Una cuestión "blindada"
El Gobierno central anunció el pasado 14 de julio la negociación con el Ejecutivo vasco de la retirada de una treintena de recursos que había presentado, desde los primeros años noventa, ante el Tribunal Supremo y el Contencioso Administrativo. El anuncio se produjo un mes después de las elecciones forales vascas que auparon al PP al Gobierno de la Diputación alavesa, que al igual que las de Vizcaya y Guipúzcoa estaba también afectada por los recursos.Las materias sobre las que el Gobierno anunció la negociación de la retirada de los recursos afectan básicamente a medidas relacionadas con el impuesto de sociedades, IRPF, impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones.El Gobierno argumentó, en su momento, la presentación de estos recursos contra aquellas normas forales que "o bien establecían medidas fiscales que excedían lo previsto en la normativa estatal o bien se extralimitaban de las competencias que estaban acordadas en el Concierto Económico y las recogidas en la normativa que regula las competencias de las comunidades autónomas en materia tributaria".
El Gobierno estima que algunas de las reformas fiscales adoptadas por la Administración del Estado y por las propias diputaciones forales aprobadas con posterioridad a dichos recursos han dejado sin sentido algunos de ellos. A modo de ejemplo, destaca que entre 1990 y 1991, el Ejecutivo del PSOE presentó varios recursos contra la actualización de balances y esta figura quedó recogida fiscalmente en el Estado en 1996. La pretensión de la negociación entre ambos Gobiernos es, además, evitar un pronuciamiento desfavorable del Tribunal de la Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, a las llamadas vacaciones fiscales.
El Ejecutivo central ha tratado de separar esta cuestión de sus conflictos con el PNV sobre el proceso de paz en Euskadi. Ayer reiteró esta pretensión y su voluntad de negociación.
