Sanidad financia con 182.000 millones los gastos de los hospitales públicos. Educación destina 1.380 millones para renovar plantillas en centros privados

Los 20 hospitales y los más de 300 centros de atención primaria que conforman la red pública vasca dispondrán el próximo año de 182.216 millones de pesetas para sus gastos. El Consejo de Gobierno autorizó ayer este desembolso que se formalizará a través de los contratos-programa, un documento que suscribe el Departamento de Sanidad con cada hospital y centro de salud en el que éstos detallan los servicios que están dispuestos a ofrecer, la calidad y los precios de los mismos. La experiencia se inició con tres centros en 1994 y se generalizó en 1997. Así, la consejería subvenciona los gastos de los centros públicos atendiendo a los resultados que obtienen en cuanto a calidad asistencial. Esta es una de las principales consecuencias de la Ley de Ordenación Sanitaria, que entró en vigor en enero del año pasado. Esta legislación comporta una reforma organizativa orientada a la búsqueda de la eficiencia en la que hospitales y centros de atención primaria realizan su trabajo bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión.Los 182.216 millones destinados a los contratos-programa representan casi el 70% del presupuesto de Sanidad, que para el año 2000 ascenderá a 269.000 millones de pesetas (más de 1.600 millones de euros). Además, la consejería financiará con otros 17.808 millones los conciertos con las clínicas privadas, que cubren servicios a los que no llega el sistema público.

El Consejo de Gobierno también aprobó en su reunión de ayer destinar 1.380 millones de pesetas para el periodo 2000-2004 para facilitar la renovación de plantillas en los centros privados concertados. El objetivo del Departamento de Educación es subvencionar a los colegios privados el importe de los salarios del personal docente (que cobra su nómina del departamento) que se retire de la actividad laboral, siempre que sea mayor de 60 años, o bien le falte como máximo cinco años para el cumplimiento de la edad exigida para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social.

La consejería también subvencionará a los colegios cuyos profesores renuncien al 77% de su jornada laboral y suscriban un contrato a tiempo parcial por el 23% restante. Para acogerse a las ayudas propuestas por el Gobierno, la empresa también deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo con un docente inscrito como desempleado, a jornada completa, recogiendo el compromiso de que, a su finalización, se convertirá en un contrato por tiempo indefinido.

El contrato de relevo entró en vigor el pasado mes de marzo y su misión es que los trabajadores de más de sesenta años puedan ser sustituidos en su empleo por jóvenes, de forma que este colectivo pueda insertarse en el mercado laboral.

Por otra parte, el Consejo dio luz verde a la ampliación de capital de la sociedad pública Visesa, dependiente del departamento de Vivienda, en 1.267 millones de pesetas, con lo que su capital queda fijado en 3.842 millones. Las cajas vascas BBK, Kutxa, Vital y Laboral son las que han corrido con el desembolso de la ampliación, que permitirá la constitución de otras dos sociedades operadores: una dedicada a la promoción y urbanización de suelo y otra a la promoción y gestión de viviendas en alquiler. Estas nuevas sociedades se constituirán con una participación del 50% de la sociedad pública Visesa y el otro 50% aportado por las cajas.

Pisos para Vitoria

Además, el Consejo autorizó la suscripción de un convenio de cooperación entre Vivienda y el Ayuntamiento de Vitoria, cuyo objetivo es establecer un programa de vivienda protegida para el periodo 1999-2002 que posibilite la construcción por parte del Ejecutivo de 2.200 pisos de protección oficial y sociales repartidos a partes iguales.

El Consistorio se compromete a ceder de forma gratuita al Gobierno vasco suelo en diferentes zonas de la ciudad: Lakuabizkarra, Ibaiondo, Salburua y Zabalgana. Además, el Ayuntamiento vitoriano, que ahora dirige el Partido Popular, deberá acreditar que los terrenos que cede a Vivienda están libres de cargas, gravámenes, arrendamientos, así como que reúnen las condiciones legales precisas para que resulten aptos para edificar pisos de protección oficial.