El Gobierno calcula en cerca de tres billones de pesetas el coste de la reconstrucción

La reconstrucción de las zonas devastadas por las inundaciones venezolanas requerirá una inversión que oscila entre los 15.000 y los 20.000 millones de dólares (entre dos y tres billones de pesetas) como mínimo, según un cálculo aproximado de Fedecámaras, el principal sindicato empresarial. El Gobierno ha establecido tres fases en una operación de recuperación nacional que deberá solucionar la desorganización, cuando no el caos, en varios capítulos del salvamento. Primero, el rescate; después, la evaluación técnica de los daños, y en tercer lugar, el año próximo, las obras del renacimiento.

Las torrenciales precipitaciones destrozaron la infraestructura pública instalada en el litoral central, bloques enteros de viviendas de seis o siete pisos permanecen fuera de servicio arruinados desde sus cimientos y las conducciones de agua potable y energía eléctrica, y carreteras de amplias áreas, sufrieron daños graves no sólo en Vargas, sino también en Miranda y otros ocho Estados. La mitad de Venezuela, en mayor o menor medida, pagó factura.Pero al mal tiempo buena cara, animan los optimistas. "Dentro de la tragedia, el sector de la construcción es generador de empleo inmediato, de manera que tenemos que reorganizar los programas, los recursos del sector privado y público, en un plan bien estructurado", destaca Pedro Carmona, portavoz de Fedecámaras. Uno de los planes de estudio es modificar la correlación demográfica en este país de 22 millones de habitantes, buena parte de cuyos ingresos petroleros deberán paliar las consecuencias de un desastre equivalente a varios puntos del PIB y cuya solución definitiva llevará años de esfuerzos.

Los 11 Estados no afectados por los diluvios y derrumbes acogerán, en principio, a todos aquellos damnificados dispuestos a cambiar de vida, a empezar prácticamente de cero. Miles prefieren permanecer entre el lodo y la destrucción que su traslado a poblaciones y lugares ajenos al entorno donde nacieron y formaron familias. "Ahora viene la tarea de convencer a la gente de la necesidad de asentarse en lugares más seguros. No será fácil", admitió el presidente venezolano, Hugo Chávez. La idea es promover nuevos domicilios con arreglo a las raíces y vínculos entre las víctimas y los Estados con territorios disponibles.

El Gobierno reactivará 11 polígonos industriales en zonas próximas al eje Orinoco-Apure, pero, de momento, se trata de buenas intenciones, programas cuya ejecución encontrará numerosos obstáculos y necesitará tiempo. De momento, el grueso de la diáspora huida de los cerros del Ávila permanecerá varada en cuarteles y barracones de siete regiones militares: Charallave, San Cristóbal, Maracay, San Juan de los Morros, Barquisimeto, Carota y Valencia

Un total de 5.000 apartamentos construidos dentro del Plan Nacional de Vivienda, y diseminados por todo el país en 57 grandes complejos, pueden ser entregados provisionalmente a los damnificados después de un proceso de selección que se adivina complicado. "Eso resolvería el problema de entre 25.000 y 30.000 personas", aseguró el presidente del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), Reinaldo Bravo.

Los planes, sin embargo, cuestan dinero, y el Gobierno venezolano arrastra un déficit fiscal importante: más de cinco puntos del PIB. Los bolívares empleados en aliviar las penalidades de los miles y miles de nacionales sin techo ni empleo probablemente agravarán las carencias de los compatriotas empobrecidos antes, a cuyo mayor bienestar iban destinadas partidas presupuestarias ahora revisadas. La solidaridad, sin embargo, es activa, y grupos de empresarios han donado terrenos y medios para facilitar la domiciliación de los indigentes. Industriales, gobernadores, alcaldes y funcionarios del Gobierno formaron un comité de emergencia para analizar las necesidades materiales y humanas cuya atención es imprescindible para conseguir una normalidad siquiera precaria.