Las acusaciones políticas suceden al estallido social de Corrientes

La provincia de Corrientes amaneció ayer en calma tras la tregua entre manifestantes y tropas de la gendarmería, lograda por los efectivos desarmados de la policía provincial interpuestos entre ellos en las calles de la capital. Dos muertos y más de 50 heridos, algunos de gravedad, fue el saldo de la desigual batalla que comenzó en el puente que une a Corrientes con la provincia de El Chaco y que continúa luego en las calles de la ciudad. La policía responde todavía a las órdenes del senador peronista Hugo Perié, uno de los dos gobernadores que se atribuyen el cargo. Perié se reunió ayer con el secretario de provincias del Ministerio del Interior para organizar el traspaso de poderes a Ramón Mestre, el interventor designado por decreto del Gobierno nacional que se prepara para asumir mañana.A la violencia le sucedieron las acusaciones políticas. El ministro del Interior, Federico Storani, dijo que la gendarmería había actuado "a las órdenes de un juez federal". Y que sus tropas habían sido "baleadas por activistas infiltrados" con disparos de bala de calibre 22. Los dos muertos civiles también recibieron disparos de bala de pequeño calibre a la altura del corazón, pero los portavoces de los piqueteros que impedían el paso de los camiones por el puente aseguraron que la gendarmería suele disparar balas de goma con sus armas reglamentarias y "tira a matar con armas del calibre 22".

Los líderes de la oposición criticaron al interventor Ramón Mestre porque se hará cargo mañana de la Administración provincial. Según Storani, "Mestre no podía viajar sin que antes la provincia estuviera bajo control y no podía someterse tampoco a presiones de los dirigentes políticos de Corrientes". El Gobierno se ha comprometido a pagar ya, antes de Navidad y Nochevieja, dos de los tres meses de salarios atrasados que se deben a los empleados públicos. Según el ministro del Interior, "todos los responsables de la situación en que está Corrientes serán castigados". A su vez, Mestre, que pudo ver desde Buenos Aires por televisión cómo los empleados de la legislatura de Corrientes robaban hasta los aparatos de aire acondicionado, aseguró también que "todos los delincuentes irán a la cárcel".