Al menos dos muertos y más de 40 heridos en un grave estallido social en el norte de Argentina

Una de las bombas de relojería de la contenida crisis social, política y económica que afecta a varias provincias argentinas explotó ayer en Corrientes, al noreste del país. Al caer la tarde, al menos dos personas murieron y más de cuarenta resultaron heridas de diversa consideración durante los enfrentamientos entre manifestantes, que reclamaban el pago de sus salarios y habían cerrado el paso de un estratégico puente que une Corrientes con la provincia de El Chaco, y las tropas de la gendarmería nacional. Sólo la interposición de la policía local logró apaciguar los ánimos.

El presidente argentino, Fernando De la Rúa, firmó el pasado miércoles el decreto de intervención federal a los tres poderes correntinos y ayer, después de la aprobación parlamentaria, designó al radical Ramón Mestre, de 61 años, ex gobernador de Córdoba, como interventor. Mestre, que recibirá de inmediato una asistencia financiera de 30 millones de dólares (4.800 millones de pesetas) para pagar los salarios atrasados de la Administración pública provincial, asumirá el próximo lunes su cargo. El Ministerio del Interior le prometió a Mestre que para entonces tendrá la provincia bajo control. La decisión del Gobierno nacional alivió la tensión de la mayoría de los ciudadanos correntinos, que, según las encuestas, exigían la intervención desde hacía más de un mes.La represión comenzó cuando el comandante regional de la gendarmería ordenó el desalojo del puente en la madrugada de ayer y se comprobó que los manifestantes también estaban armados. A mediodía, había cinco gendarmes y más de veinte civiles heridos, entre ellos un joven de 18 años que murió unas horas más tarde.

El director del hospital regional más cercano al puente confirmó a las cuatro de la tarde, hora argentina -las ocho de la noche en España- que se había atendido a más de 40 heridos, y que el joven de 18 años y otro manifestante de 25 años habían muerto por disparos de bala.

La represión indiscriminada iniciada por los gendarmes con disparos de armas largas y de gases lacrimógenos continuó más tarde en el centro de la capital de Corrientes, donde eran atacados a su vez desde las terrazas por al menos cuatro francotiradores. Más de veinte policías, sin armas y con chalecos antibalas, salieron al paso de los gendarmes con banderas blancas para pedir una tregua. Los manifestantes se reagruparon y cantaron consignas de apoyo a los policías.

La crisis anunciada estalló en las manos de todos. Hace una semana, el día que De la Rúa asumía el cargo de presidente y tomaba juramento a los ministros, los manifestantes cerraron el paso en el puente general Belgrano, la principal vía de comunicación por tierra para los camiones que transportan mercancías desde y hacia Brasil. El nuevo ministro de Interior, Federico Storani, dijo ayer que entre los militantes sindicales y los dirigentes de las organizaciones que representan a los empleados públicos de Corrientes se había detectado la participación de militantes de grupos de ultraizquierda llegados desde otras ciudades del país.

La provincia, como sucede en otros territorios provinciales, fue históricamente un feudo político administrado por los hermanos José Antonio y Raúl Romero Feris, que se alternaron en el poder desde que el Partido Autonomista y el Liberal sellaron un pacto entre ambas fuerzas. Desde la transición democrática iniciada en 1983, los sucesivos gobiernos nacionales decidieron cuatro intervenciones federales en la provincia para resolver las gravísimas crisis institucionales desatadas tras acusaciones cruzadas entre partidarios de ambos hermanos y de los distintos partidos.

Los escándalos por casos de corrupción desembocaron al fin en la detención de Raúl Romero Feris, que permanece bajo proceso y en prisión preventiva. Su sucesor también fue destituido y desde hace un mes dos funcionarios se atribuyen ser los legítimos gobernadores.

La provincia arrastra una deuda de 1.400 millones de dólares y hace tres meses que no paga los salarios de los empleados de la administración pública y de los maestros. Los niños que asisten a los colegios públicos de Corrientes pasaron de curso a pesar de que casi no tuvieron clases en todo el año. El Gobierno nacional prometió girar otros 30 millones de dólares en la primera semana de enero para completar el pago de los salarios atrasados, pero el interventor Mestre ya adelantó que no tendrá el dinero necesario para atender a todos las reclamaciones.