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Sentido de la realidad

Estamos en 1999. No en 1975, tras la muerte del general Franco, ni en 1977, cuando se inició formalmente el proceso constituyente tras las elecciones del 15 de junio de dicho año. Han pasado más de 20 años desde la entrada en vigor de la Constitución, casi 20 desde la aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña y más de 15 desde la aprobación de todos los demás. Se han celebrado seis elecciones en las dos comunidades autónomas mencionadas y cinco en las demás.El Estado de las Autonomías no es, en consecuencia, un proyecto por desarrollar. Es una realidad extraordinariamente vigorosa. Casi todos los dirigentes del país y, sobre todo, casi todos los que cuentan de cara al futuro se han formado políticamente en el marco de la descentralización política que se inició con la Constitución de 1978. El actual presidente del Gobierno fue previamente presidente de Castilla y León. Y es muy probable que el candidato por el PP que lo sustituya para las elecciones del 2004 sea uno de los presidentes de alguna de las comunidades gobernadas por el PP. Y algo por el estilo es probable que ocurra en el interior del PSOE. Y cuanto más tiempo pase, más. La vida política española es incomprensible ya, y lo será cada vez más, sin tomar en consideración la descentralización en la estructura del Estado introducida por la Constitución.

Esto ha sido posible porque el constituyente español del 78 acertó a traducir normativamente la que podríamos denominar constitución material territorial de España. La definición de la estructura del Estado mediante la combinación del principio de unidad y del derecho a la autonomía en el artículo 2 y la regulación de las condiciones de ejercicio de tal derecho en el Título VIII de la Constitución, aunque en un primer momento ni siquiera los redactores de la Constitución o los comentaristas especializados supiéramos valorarlas adecuadamente, se han revelado como un acierto de los que hacen época. Si a cualquiera de los parlamentarios de las Cortes Constituyentes o de los comentaristas de la Constitución se le hubiera ocurrido pronosticar en 1977 que en 1999 nos íbamos a encontrar donde nos encontramos en lo que a la estructura del Estado se refiere habría sido considerado un visionario.

Y, sin embargo, aquí estamos. Y quien desconozca esta realidad va a estar incapacitado para hacer política. El problema de la estructura del Estado ha dejado de ser desde hace casi dos decenios un problema vasco y catalán para ser un problema general. Nadie puede resolver ya sus problemas en solitario o en una negociación exclusivamente bilateral con el Gobierno de la nación. En lo que a la estructura del Estado se refiere, además del Gobierno de la nación hay 17 comunidades con las que hay que contar. Cualquier presidente de comunidad se va a encontrar con un presidente del Gobierno que ha sido previamente presidente de comunidad o que ha llegado a ser presidente del Gobierno como consecuencia del apoyo de los presidentes de comunidades de su propio partido.

Tengo la impresión de que esto no se ve así en parte por el nacionalismo catalán y, sobre todo, por parte del nacionalismo vasco. Todavía siguen con la ilusión de que todo lo que no es Cataluña y el País Vasco es el Estado español, como si la existencia de 15 comunidades fuera un dato irrelevante. Fue así, y no del todo, en el momento de la negociación de los Estatutos catalán y vasco por parte del presidente Suárez en el otoño de 1979. Pero dejó de ser así relativamente pronto y, desde luego, ya no es así de ninguna de las maneras.

Justamente por eso me llamaron mucho la atención las declaraciones de Carlos Garaikoetxea publicadas el domingo pasado en EL PAÍS. Coincido con él en que ETA está fuera de la realidad. Pero no menos fuera de la realidad, aunque de manera completamente distinta, lo está el propio Garaikoetxea. ¿Es que hay alguna alternativa políticamente más integradora y técnicamente más viable para la dirección del Estado que la representada por la Constitución y los 17 Estatutos de Autonomía. ¿No habrá ninguna alternativa para el País Vasco que no encuentre de alguna manera la aceptación por el resto de las comunidades? No sólo por el Gobierno de la nación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 17 de diciembre de 1999.

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