El Tribunal de Estrasburgo condena a Londres por el juicio a los niños asesinos de Liverpool

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, removió ayer los cimientos del sistema judicial británico. Los magistrados decidieron que Jon Venables y Robert Thompson, los dos niños de 10 años que en 1993 asesinaron en Liverpool al pequeño Jamie Bulger, de apenas dos años, no recibieron un juicio justo porque se les trató como si fueran adultos. El fallo no implica su puesta en libertad, ni exonera a los condenados de su responsabilidad por el crimen, pero sí obligará al Reino Unido a juzgar en el futuro a los niños atendiendo a "su edad, madurez y capacidad intelectual y emocional".

La violación de los derechos humanos de los dos menores homicidas se agravó, según el tribunal, cuando el entonces ministro del Interior, el conservador Michael Howard, aumentó a 15 años la pena de 10 impuesta por la Corte Suprema a partir de la inicial de 8 años fijada por el magistrado local.La decisión de Estrasburgo fue casi unánime (16 votos contra 1) y los jueces hicieron público el fallo de forma contundente. Según ellos, sentar en el banquillo de los acusados a dos chicos de 11 años (Venables y Thompson tenían 10 en el momento del crimen) para juzgarles como adultos con plena responsabilidad penal "viola el artículo 6, párrafo primero, de la Convención Europea de Derechos Humanos", que trata sobre el derecho a un juicio justo.

El órgano judicial europeo reprocha al tribunal que juzgó a los niños el no haber realizado las sesiones a puerta cerrada, al tratarse de menores. Una medida que, según la sentencia, tiene como objetivo "reducir lo más posible la intimidación y la inhibición de unos niños acusados por una infracción grave de la que se hicieron un eco considerable los medios de comunicación y el público".

El fallo añade que "la formalidad y terminología propias de los tribunales para mayores de edad debieron resultarles además abrumadoras e incomprensibles". Los jueces otorgan una indemnización de 7,7 millones de pesetas a Venables y 4 millones a Thompson.

El fallo de Estrasburgo supone también un duro revés para el Gobierno británico, ya que califica de "inadmisible" el hecho de que un político "que no es manifiestamente independiente del Ejecutivo", "y no un jurista imparcial", pueda modificar al alza las condenas establecidas por un tribunal. El titular de Interior disfruta de dicha facultad en el Reino Unido.

Una vez hallados culpables de la tortura y asesinato a golpes del pequeño Bulger, Jon Venables y Robert Thompson recibieron una pena de ocho años de cárcel. Aumentada a 10 años por la Corte Suprema, Howard decidió endurecerla hasta los 15, haciéndose eco del sentir popular, según reconoció sin tapujos. La fórmula aplicada en la decisión del ministro fue: "Estarán encerrados hasta que Su Majestad quede satisfecha". Por ello, en teoría podían seguir aislados de la sociedad el resto de su vida. En medios jurídicos se suponía ayer que los dos chicos, a punto de cumplir 17 años, podrían estar libres tras los 10 años establecidos por el Supremo.

El fallo de Estrasburgo provocó la inmediata reacción de dos de las tres partes afectadas por el mismo: el Gobierno británico y los padres de Jamie Bulger. Las familias de los asesinos guardaron silencio. Jack Straw, actual responsable laborista de Interior, pasó uno de los peores momentos de su vida política. Como el Gobierno había acatado ya la sentencia de Estrasburgo, optó por enumerar lo que los jueces europeos no habían modificado.

"Este fallo no anula el veredicto de 1993, que halló culpables de asesinato a Venables y Thompson. Tampoco les exonera en modo alguno de su responsabilidad por la atrocidad cometida. En ningún momento exige, por otra parte, su inmediata puesta en libertad. Eso lo decidirá la justicia británica", dijo Straw ante una silenciosa Cámara de los Comunes.

Los efectos de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo varían, según los derechos humanos violados, desde la anulación del juicio, como en el caso Bultó, en el que fue condenada España, hasta la mera indemnización, pasando, como sucede en este caso, por la modificación de la normativa nacional.

Cambio de leyes

Lo que Straw no explicó, los términos de la próxima modificación forzosa del sistema judicial de Inglaterra y Gales (Escocia tiene sus propias normas), sí mereció el comentario de Allan Levy, uno de los mayores expertos en derechos del niño: "El Gobierno tendrá que cambiar ahora la forma en que son tratados los menores delincuentes por dos motivos. El primero es el veredicto mismo de Estrasburgo. Y el segundo es la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada por el Reino Unido, y que será incorporada a nuestra legislación en octubre de 2000".

En su opinión, una vez cumplido dicho trámite, el siguiente paso consistiría en arrebatarle al ministerio del Interior el poder de fijar penas de cárcel también para los adultos. "Informaré del resultado de mis consideraciones al Parlamento tan pronto como sea posible", indicó Straw, al subrayar que necesita tiempo para estudiar el veredicto, de 120 páginas, y considerar sus implicaciones para el sistema judicial británico. El responsable de Interior matizó que dependerá del Parlamento "acordar cualquier cambio al marco legislativo para tratar con los delincuentes juveniles en estas circunstancias".

Indignación

Lo que no quedó claro ayer es si el Reino Unido se verá obligado asimismo a aumentar la mayoría de edad penal de los delincuentes -10 años en estos momentos- o bien tendrá que asegurarles sólo un juicio apto para menores, sea cual fuere el delito cometido.

Semejante perspectiva le resultó inconcebible a Ann Widdecombe, antigua secretaria de Estado conservadora de Interior. "Este ministerio ha retenido desde los tiempos de la pena de muerte la facultad de establecer las penas de los reos. La medida sirve para garantizarle a la ciudadanía que el castigo se adecuará al delito", subrayó.

Denise Fergus, la madre del fallecido Jamie, fue menos diplomática. No sólo le pidió al ministro Straw que no se doblegue ante las exigencias del tribunal europeo. Para ella, la indemnización para los asesinos de su hijo es "una vergüenza repugnante". "Los asesinos tienen abogados muy astutos y siempre consiguen que se les trate con guante de terciopelo, pero el Gobierno británico no debería permitir que el Tribunal Europeo le dicte cómo tiene que funcionar nuestro sistema judicial", declaró Denise Fergus a una cadena de televisión.

Ralph Bulger, su ex marido, dijo sentirse vindicado en parte por la sentencia. "Al menos reconoce que los asesinos de Jamie eran responsables del crimen", señaló con el rostro desencajado. Los abogados de John Venables y Robert Thompson ya habían dejado claro antes del fallo que sus familias no pedirían la celebración de un nuevo juicio.