Arias vendió terrenos para edificar pese a que el plan de urbanismo está suspendido
Fomento emitió ayer tres comunicados en los que niega que su titular, Rafael Arias-Salgado, haya dado "un pelotazo urbanístico" en Marbella junto con su exesposa y dos de sus hermanos al permutar una finca de su propiedad. Pero los comunicados se contradicen. En uno se dice que ya ha vendido por 74 millones el terreno que le entregó el Ayuntamiento (pese a que el plan general que lo declaró urbanizable está suspendido). Pero en otro comunicado se señala que Arias aún no ha recibido los terrenos permutados con el consistorio.
El primer comunicado de Fomento asegura que la finca Huerta Zaragoza tiene una extensión de 100 hectáreas, cuando en la tercera nota reconoce que los hermanos Arias-Salgado "heredaron de su madre la mitad indivisa de una finca de 400.000 metros cuadrados", es decir heredaron 20 hectáreas. Según afirma el primer comunicado, la finca fue "expropiada" a la "llegada del Grupo Independiente Liberal (GIL) a la alcaldía de Marbella". Sin embargo, la finca no fue expropiada, sino que se ofreció una compensación a los Arias-Salgado. Y tampoco se estableció la permuta de suelo con la llegada del Grupo Independiente Liberal al poder municipal, sino que fue el Gobierno local del PSOE el que inicialmente decidió en 1986 la ocupación del predio a cambio de ceder otros terrenos.El consistorio acordó en el pleno del 23 de julio de 1990 la ocupación de la finca Huerta Zaragoza, ya que en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 se calificaba la misma como sistema general de áreas libres.
La finca, ubicada en el paraje conocido como Puerto Rico, limita con terrenos forestales del Estado y en ella proyectaba el Ayuntamiento crear un parque. Para compensar por la ocupación, el consistorio ofreció a la familia Arias-Salgado unidades de aprovechamiento de suelo urbanizable programado en la zona de Nagüeles, donde el uso máximo estaba fijado en un 30%.
El segundo comunicado, que insiste en que se produjo una expropiación, indica que la compensación por la ocupación de la finca no se percibió hasta cinco años después. El 16 de diciembre de 1993 se firmó el acuerdo entre la familia y el Ayuntamiento del GIL, y no se ejecutó hasta 1998, recuerda el comunicado segundo. En esa nota se argumenta que, "de 19 hectáreas que tenía la finca propiedad de la familia Arias-Salgado (190.000 metros cuadrados), se le dan unas 1,6 hectáreas (16.000 metros cuadrados), en las que sólo se permite la construcción de unos 6.000
[metros cuadrados] para viviendas unifamiliares y dos parcelas en La Reserva de los Monteros de 2.000 metros".
También en el segundo comunicado se asegura que la familia Arias-Salgado ha perdido en la operación 60 millones de pesetas, si se consideran los 10 años transcurridos desde que se valoró en 235 millones. En el convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento de Jesús Gil en diciembre de 1993, agrega el comunicado, se fija el valor de la finca transmitida por los Arias-Salgado al Ayuntamiento en 235.712.400 pesetas, y las tres parcelas cedidas por el consistorio en 235.130.400 pesetas. La diferencia fue abonada en metálico por el Ayuntamiento.
La nota de Fomento añade: "En abril de 1999 los Arias-Salgado venden las parcelas de Los Monteros por las que obtienen 74 millones de pesetas. Posteriormente se ha establecido un convenio con un promotor privado por el que se estiman unos ingresos de 160 millones de pesetas por los 16.000 metros cuadrados de compensación por la finca expropiada". El tercer comunicado, sin embargo, señala que la "magra compensación
[el terreno que debía recibir la familia Arias-Salgado por parte del consistorio] todavía no ha llegado a materializarse, aunque la escritura pública se otorgara en 1998".
Cabe recordar al respecto que, pese al contenido de esa nota, el plan urbanístico de Marbella que declaró edificables las parcelas vendidas, sobre las que ya se ha establecido el convenio con un constructor privado, no está en vigor porque la Junta andaluza lo ha impugnado.
Comparecencia urgente
Arias-Salgado anunció ayer que ha pedido comparecer urgentemente ante el Congreso de los Diputados para aclarar la operación. Asimismo, dijo que presentará una querella contra la Cadena SER e Iñaki Gabilondo como director del programa en el que fue emitida la información por primera vez. La cadena de radio se ratificó punto por punto en su información.
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