Felip Puig acusa a la Fiscalía de Medio Ambiente de obviar las leyes

El consejero de Medio Ambiente, Felip Puig, acusó ayer al fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio, sin citarlo, de haber obviado la ley al presentar una querella por prevaricación contra Pere Macias, uno de sus antecesores en el cargo y actual titular de Política Territorial. Puig defendió de forma decidida la actuación de Macias y precisó que "no está nada justificado" que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya admitido a trámite la querella y haya abierto diligencias.

Puig convocó ayer una conferencia de prensa para defender la actuación de Macias y la del departamento que él dirige en el caso que investiga el TSJC. Además del consejero de Política Territorial, la querella de la fiscalía se dirige también contra el gerente de la Junta de Saneamiento, Blai Solé, y contra Pedro Bros Marcet, propietario de la empresa de Sabadell que realizó los vertidos. Al acabar la comparecencia de Felip Puig, incluso se facilitó a la prensa una copia de la querella redactada por el fiscal de Medio Ambiente de Cataluña, José Joaquín Pérez de Gregorio. El pasado miércoles fue el propio Departamento de Política Territorial el que difundió una nota pública para anunciar que el TSJC había abierto diligencias contra Macias.La querella de la fiscalía asegura que la prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta) fue cometida cuando el consejero Macias autorizó el 10 de junio de 1996 a la empresa SA Bros a que realizara vertidos con una demanda química de oxígeno -un indicador de la contaminación de las aguas- tres veces superior al máximo permitido por la ley. Sin embargo, Puig considera que "la fiscalía no puede alegar desconocimiento de la ley, como ocurre con un ciudadano", y recordó que la Generalitat tiene competencias para autorizar a las empresas a aplicar planes de descontaminación gradual (PDG) superando esos límites. "Si no pudiéramos modificar esos límites, no tendrían razón de ser los PDG", precisó Blai Solé, quien admitió sin reparo alguno la veracidad de los altos índices de contaminación a los que se refiere el fiscal en la querella.

Así las cosas, Puig precisó que se trata, en definitiva, de una "disparidad de criterios" entre la Administración y la fiscalía. En otro momento de su intervención el consejero facilitó una relación de las actuaciones de la Junta de Saneamiento de la Generalitat para combatir la contaminación industrial: más de 8.000 inspecciones de vertidos que motivaron 3.330 sanciones -"la [cifra de sanciones] más elevada de Europa"- por un valor de 1.700 millones de pesetas. En los últimos años se han aprobado también 545 PDG, de los que se han acabado 350 y más de 100 todavía se están aplicando. 83 se revocaron por incumplimiento de lo pactado. La Junta de Saneamiento asegura también que en este tiempo se han remitido a la fiscalía 102 denuncias por presunto delito ecológico.

Plan incumplido

Sin embargo, en el caso de la empresa SA Bros la querella de la fiscalía asegura que se incumplió el plan de descontaminación gradual que autorizó el consejero Macias y que la Junta de Saneamiento no adoptó ninguna medida para sancionar o denunciar los vertidos ante el juzgado o la fiscalía. La querella explica que la empresa no instaló un sistema de depuración durante los dos años de plazo que se le concedió y que, pese a ello, se le dio una prórroga de 20 meses que acabó el pasado 18 de marzo y durante la cual tampoco se realizó esa instalación.

Puig admitió ayer que la instalación de la depuradora se ha retrasado ocho años sobre el calendario previsto al no poderse pactar su instalación con el Ayuntamiento de Sabadell y por la aparición de un yacimiento arqueológico.