Una pregunta precisa y una mayoría suficiente
Canadá va a exigir a Quebec -la provincia francófona que ya en dos ocasiones ha convocado, y perdido, una consulta que aludía a su independencia- que plantee una pregunta muy precisa sobre si quiere o no "ser un Estado independiente de Canadá", en el caso de que decida convocar en el futuro otro referéndum. Después concede todos los poderes al Parlamento nacional para que juzgue el resultado si éste resulta favorable a la secesión, según el proyecto de ley que el Ejecutivo canadiense ha enviado al Parlamento.La pregunta que se quiera someter a referéndum será examinada por el Parlamento canadiense "en un plazo de 30 días". Éste decidirá si es o no suficientemente explícita. No servirán consultas que sólo pretendan "dar el mandato de negociar" una eventual secesión al Gobierno de la provincia ni aquellas que incluyan "otras posibilidades" sobre los "lazos económicos o políticos" que puedan quedar con Canadá tras una futura separación. Debe quedar muy claro que "hay un deseo explícito" de la población de ser un Estado independiente.
Si la pregunta pasa el examen parlamentario y se vota y la respuesta resulta afirmativa, el resultado volvería al Parlamento para que éste decida si la mayoría que le ha dado el sí es suficiente.
Ha de ser una "mayoría clara" porque así lo fijó el Tribunal Supremo canadiense en agosto de 1998, cuando el Gobierno le preguntó si la Constitución de Canadá permite la independencia y si las leyes internacionales ampararían una eventual secesión. El Alto Tribunal respondió negativamente a ambas preguntas. Dijo que habría que modificar la Constitución y que las leyes internacionales sólo amparan "el derecho de autodeterminación de antiguas colonias donde los ciudadanos están oprimidos o sufren una ocupación militar extranjera".
Para decidir si el porcentaje de votos a favor de la secesión es o no "una mayoría clara", el Parlamento nacional revisará tanto "el tamaño de la mayoría" que respalden la consulta como "el porcentaje de votantes que participan en el referéndum", así como "cualesquiera otras circunstancias que considere relevantes". En este último cajón de sastre se incluirían "las opiniones de todos los partidos políticos" con representación parlamentaria en la provincia secesionista.
El Gobierno canadiense, asegura el proyecto de ley, "no entrará en negociaciones de secesión" con ninguna provincia salvo que el referéndum "sea la expresión de un claro deseo respaldado por una clara mayoría de la provincia que quiere dejar de ser parte de Canadá".
La negociación de la eventual secesión exigiría una reforma de la Constitución, por lo que "requerirá negociaciones que incluyan, al menos, a los gobiernos de todas las demás provincias", así como "al Ejecutivo de Canadá".
Y esas negociaciones, en el caso de llegar a producirse, deberán fijar "los términos de la secesión". Éstos incluirán "la división de activos y pasivos" entre la provincia y Canadá, "cualquier cambio en las fronteras de la provincia", "los derechos, intereses y reclamaciones territoriales de los ciudadanos originarios de Canadá" y "la protección de los derechos de las minorías".
Sólo después de cumplir todos estos requisitos será posible una modificación constitucional que dé paso a la secesión.
