El Gobierno de Canadá fija duras condiciones para aceptar la independencia de Quebec
El Gobierno y el Parlamento de Canadá sólo tomarán en cuenta el resultado de un tercer referéndum sobre el destino de Quebec si su pregunta no presenta la menor ambigüedad y si, en caso de ganar los separatistas, la mayoría es indiscutible. Éste es el contenido esencial del proyecto de ley recién presentado por el Gobierno federal de Jean Chrétien en el Parlamento de Ottawa y denunciado por los separatistas del Bloque Quebequés, que aspiran a convocar en la provincia francófona una nueva consulta antes del año 2003. Se da la circunstancia de que Chrétien es también quebequés.
El proyecto de ley del Gobierno federal, presentado el lunes al Parlamento, establece que, en caso de celebrarse una nueva consulta en Quebec, no valdrá una pregunta confusa, una que no plantee claramente a los electores si están a favor o en contra de la independencia, con todas sus consecuencias políticas, sociales y económicas. Para romper la unidad federal canadiense, tampoco será suficiente una corta mayoría simple. Será el Parlamento el que decida si la pregunta es suficientemente clara y la mayoría lo bastante representativa. El texto gubernamental sigue los pasos de la sentencia de 1998 del Tribunal Supremo canadiense, que estableció que para que se materialice la secesión de Quebec o cualquier otra provincia los electores deben haber respondido favorablemente y por una mayoría clara a una pregunta clara. Los separatistas de Quebec perdieron en 1980 y 1995 dos referendos en los que proponían una ambigua "soberanía en el marco de una asociación" con el resto de Canadá.
Como la derrota separatista en 1995 fue por corto margen, Lucien Bouchard, primer ministro del Gobierno de Quebec, juega con la idea de convocar otra consulta antes del 2003, siempre que las encuestas le indiquen que puede ganar. Los sondeos afirman que dos terceras partes de los habitantes de Quebec se oponen a la celebración de un nuevo referéndum. En caso de celebrarse, el 59% rechazaría la secesión.
Bouchard y el Bloque Quebequés lanzaron ayer una contraofensiva en el Parlamento regional. Bouchard pidió una "unión sagrada en defensa de las libertades e instituciones de Quebec", y anunció que hoy presentará un proyecto de ley que reafirma "el derecho de Quebec a la autodeterminación". Según Bouchard, una mayoría del 50% más un voto sobre cualquier pregunta que plantee su Gobierno debería ser suficiente para iniciar conversaciones sobre el futuro de Quebec con el resto de Canadá.
Pero Chrétien, que es de Quebec, respondió que los habitantes de su tierra natal, al igual que los del resto de Canadá, están hartos del juego del Bloque Quebequés. Ottawa, dijo Chrétien, sólo negociará la secesión con Quebec si se cumplen las condiciones fijadas en su proyecto de ley. "Nuestro pueblo", dijo el primer ministro canadiense, "aplaude el que les obliguemos [a los separatistas de Quebec] a ser honestos y hacer una pregunta clara".
Según el proyecto de ley, será la Cámara de los Comunes federal la que decidirá si la pregunta sobre la independencia es nítida y si una eventual mayoría a su favor es suficiente para comenzar negociaciones sobre la secesión. "Si hacen otro referéndum y plantean una pregunta tramposa, no habrá negociaciones", dijo Chrétien.
Los separatistas insistirán en recurrir al referéndum
Cuando el Bloque Quebequés perdió por corto margen el referéndum de 1995, atribuyó el fracaso al voto de los inmigrantes y al miedo a las consecuencias económicas de la separación. Pero ese partido, mayoritario en la provincia francófona, prometió que volvería a la carga. Lucien Bouchard, primer ministro del Gobierno de Quebec, querría convocar una tercera consulta antes del final de su actual mandato, en el 2003.Bouchard amenaza con ignorar cualquier legislación federal que, como el proyecto de ley recién presentado por el Gobierno de Chrétien, pretenda clarificar las reglas de juego para ese tercer referéndum. "Volveremos a hacer lo que ya hemos hecho dos veces", dice Barnard Landry, viceprimer ministro de Quebec. "El pueblo de Quebec", añade Landry, "nunca se contentará con otro estatuto que el de un país". Landry cita como modelo "la situación de Francia en la Unión Europea".
Las Actas Constitucionales
La Constitución canadiense no es un único documento, como la estadounidense o la española, sino una sucesión de textos parlamentarios y judiciales tanto de la época británica como del periodo independiente. En la más pura tradición británica de flexibilidad, ese cuerpo, sintetizado en 1982, recibe constantes aportaciones de nuevas decisiones legislativas y judiciales y acuerdos entre el Gobierno federal y los provinciales.
Desde el Acta de 1867, el constitucionalismo canadiense reconoce a Quebec un carácter distintivo, que se materializa en la cooficialidad del francés y el inglés a un mismo nivel y en el apoyo público a la enseñanza católica. El Acuerdo de Charlottetown de 1992 volvió a reconocer que Quebec constituye una "sociedad distinta" y le garantizó un 25% de escaños en la Cámara de los Comunes de Ottawa.
Tras la derrota de los independentistas en el referéndum de 1995, el Parlamento concedió a Quebec, al igual que a las otras provincias, un derecho de veto sobre cambios constitucionales. Pero al Bloque Quebequés, el partido mayoritario, le parece poco. En sus corazones resuena el llamamiento a favor de un Quebec libre efectuado en los sesenta por Charles de Gaulle.
No todo el mundo está de acuerdo con esas posiciones en la provincia francófona. Stephane Dion, ministro de Asuntos Intergubernamentales, que, como el primer ministro Chretien, es de Quebec, declaró ayer: "Los de Quebec nunca abandonaremos Canadá en la confusión. Eso es, precisamente, lo que pretende esta legislación. Y si la alternativa es clara, tampoco lo abandonaremos, porque la mayoría deseamos seguir en la federación".
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