Lasa y Zabala

TRAS EL aplazamiento de ayer, motivado por razones un tanto chuscas, cabe esperar que hoy pueda iniciarse al fin el juicio por el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, miembros de ETA desaparecidos en el sur de Francia el 5 de octubre de 1983. El tiempo transcurrido -16 años- no podrá borrar el horror de ese episodio, cuyos detalles sólo se conocieron tras la identificación de los restos de las víctimas en 1995. Lo que posiblemente sí ha diluido el tiempo es la atmósfera emocional en la que se produjo el crimen, en una época en la que ETA ponía un muerto por semana.Los jueces habrán de considerar el valor probatorio de los testimonios que fundamentan las acusaciones. Por escasa que sea la credibilidad personal de algunos de los testigos, resulta inverosímil que hayan podido inventarse toda la historia. Al margen de lo que pueda probarse ante los tribunales en términos de responsabilidad personal, lo que sí parece establecido es que Lasa y Zabala fueron secuestrados por personas pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado español, torturados y asesinados. Al tribunal corresponde dilucidar quiénes intervinieron directamente en los hechos y quiénes dieron las órdenes; si fue una actuación decidida en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo o si fue realizada en cumplimiento de órdenes superiores.

El fiscal considera que los acusados de secuestrar a Lasa y Zabala constituían una rama de los GAL, el llamado GAL verde. Sin embargo, lo singular de los GAL respecto a otras formas de guerra sucia que les precedieron fue la contratación de mercenarios para que actuaran en territorio francés, precisamente para evitar que pudieran ser implicados miembros de las fuerzas de seguridad. Eso no encaja con lo que se sabe de este caso. El tribunal deberá pronunciarse al respecto, ya que una de las acusaciones es la de pertenencia a banda armada. Pero que sea banda o no es secundario en relación a los cargos más importantes: detención ilegal y asesinato.

La desaparición de Lasa y Zabala se produjo diez días después del secuestro del capitán Martín Barrios, y cuatro antes de la aparición de su cadáver. Fue el primer episodio de guerra sucia desde la llegada al poder de los socialistas. Antes, en los años de la UCD, había habido otros -con más de una quincena de asesinatos- y después vendrían los realizados bajo las siglas de los GAL. La continuidad entre ambas fases, a través de unos mismos pistoleros, es hoy una evidencia.

En los dos meses que transcurrieron entre el secuestro de Lasa y Zabala y el de Marey, primera acción reivindicada por los GAL, ETA realizó más de veinte atentados con intención de matar y asesinó a 11 personas: una cada seis días. Los historiadores que analicen un día la guerra sucia contra ETA no podrán dejar de tomar en consideración el clima social derivado de esos datos. Pero la justicia juzga hechos, no climas. Así lo exige el delicado equilibrio en que se fundamenta el Estado de derecho. Y que llegue a celebrarse este juicio es ya una victoria del derecho contra la impunidad.