El fiscal pide 92 años de cárcel para Galindo en el 'caso Lasa-Zabala'

El fiscal Jesús Santos solicita penas que superan los 90 años de prisión para cinco de los acusados en el juicio del caso Lasa-Zabala que se inicia hoy en la Audiencia Nacional. El general Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, y los miembros de la guardia civil Ángel Vaquero, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo están acusados de pertenecer a los GAL -los dos primeros en grado de dirigentes- y de haber secuestrado y asesinado en octubre de 1983 a los presuntos terroristas de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

El fiscal pide penas de 92 años de cárcel y multa de 750.000 pesetas para Rodríguez Galindo y Elgorriaga, y de 90 años de prisión y multa de 300.000 pesetas para Vaquero, Dorado y Bayo. Las acusaciones solicitan penas que oscilan entre los 114 y los 118 años de prisión, básicamente por los mismos delitos, mientras que las defensas reclaman la absolución por entender que los hechos no eran constitutivos de delito o que sus clientes no participaron en ellos.El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el abogado vinculado al Ministerio del Interior Jorge Argote no están acusados de las muertes de Lasa y Zabala, sino de delito de encubrimiento, por haber realizado presuntamente maniobras para ocultar los hechos entre 1991 y 1994. El fiscal pide para ellos dos años de cárcel y 16 de inhabilitación.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera que todos los acusados, a excepción de Vera y Argote, fueron miembros de los GAL, por lo que les acusa de pertenencia a banda armada. Sin embargo, la pena solicitada para Galindo y Elgorriaga es de 10 años de prisión y 750.000 pesetas de multa por su condición de presuntos jefes del grupo, mientras que la pena pedida para los restantes es de ocho años y 300.000 pesetas de multa.

Prevalerse del cargo

El fiscal considera que el secuestro y asesinato de los dos presuntos etarras debe ser calificado como detención ilegal y asesinato y que involucra a Galindo, Elgorriaga y Vaquero como inductores y a Dorado y Bayo como autores materiales. La petición de cárcel es de ocho años por cada una de las dos detenciones ilegales y de 30 años por cada asesinato. El fiscal considera que en el caso de estos cinco últimos procesados concurre la agravante de prevalerse del cargo público que todos ellos tenían en el momento de los hechos.

También percibe un delito de lesiones imputable a los cinco principales implicados, por el que se piden dos penas de tres años. El fiscal no califica los hechos como delito de torturas, como se hizo en el auto de procesamiento, debido a que en el artículo 204 bis del Código Penal aplicable en el momento en que se produjo la detención se exigía como requisito para considerar que se habían producido torturas el que los malos tratos hubieran sido infligidos durante una investigación oficial, y el fiscal considera que los hechos son ilegales desde su inicio.

El fiscal solicita una indemnización de 25 millones de pesetas para los herederos de cada una de las víctimas, y además insta la declaración del Estado como responsable civil subsidiario, al ser funcionarios públicos los presuntos autores de los daños.

En la actualidad, únicamente permanecen en prisión preventiva el ex sargento Enrique Dorado y el ex cabo Felipe Bayo, mientras que el general Galindo y Elgorriaga se encuentran en libertad bajo fianza de 25 millones, y el comandante Vaquero, relevado como segundo jefe de de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, está en libertad bajo fianza de 15 millones.

Está previsto que el juicio dure unos dos meses. La Sala estará formada por los magistrados Siro García, como presidente; Carlos Cezón, que sustituye al magistrado Antonio Díaz, que se encuentra enfermo, y Manuela Fernández de Prado, como ponente.

El tribunal, en un auto dictado en noviembre, rechazó una serie de pruebas pedidas por las partes y redujo el número de testigos a un centenar. El tribunal dejó fuera a testigos de carácter político y a periodistas, así como la investigación del patrimonio de los acusados.

Entre los testigos que comparecerán figuran los ex ministros José Luis Corcuera y Julián García Vargas; el ex director del CESID Emilio Alonso Manglano; el ex agente de ese mismo organismo Juan Alberto Perote; el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal; el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, y la ex secretaria de Estado de Interior Margarita Robles.