Las hijas rebeldes del islam

Hadija, de 19 años y de origen marroquí, tiene prohibida la entrada en el hogar familiar. Sus padres y hermanos la repudiaron el día en que cogió sus pertenencias y se marchó de casa cansada de soportar la opresión de un padre empeñado en controlar su vida y en obligarle a cumplir al pie de la letra las tradiciones culturales y religiosas que la familia trajo consigo de Marruecos, su país de origen.Pero, a diferencia de su madre, que jamás sale de casa si no es para hacer la compra y recibe sin quejarse las palizas de un marido al que teme, Hadija (el nombre es ficticio, para preservar su intimidad) ha ensanchado su horizonte y en la ciudad catalana donde vive desde los 12 años ha avistado un mundo en el que realizarse como mujer.

De carácter rebelde, Hadija decidió huir de casa cuando su padre le concertó una boda con un hombre de 45 años que vive en Marruecos con sus dos esposas. "El matrimonio conmigo le permitiría venir a Cataluña de forma legal y yo por eso no paso", asevera Hadija. La joven se ha instalado en casa de su novio, que vive a escasos metros de su familia, y una patrulla de los Mossos d"Esquadra le sigue sus pasos permanentemente porque su padre la tiene amenazada.

Esta joven ha logrado huir del círculo familiar, pero son muchas las adolescentes de familias inmigrantes de países islámicos que acaban casándose contra su voluntad sin alcanzar la mayoría de edad con alguien al que no conocen, o se ven obligadas a someterse a un sistema de relaciones familiares claramente paternalista y machista y a unas tradiciones culturales y religiosas que ya no consideran suyas.

La rebeldía de las jóvenes a menudo es castigada con malos tratos físicos y psíquicos del padre de familia, como le ocurrió a Bahija S., una niña de 13 años que escapó de su domicilio de El Masnou (Barcelona) porque quería jugar e ir a la escuela, pero sus padres la obligaban a cumplir con sus obligaciones conyugales, puesto que estaba casada contra su voluntad con un primo suyo de 27 años.

Algunos casos como el de Bahija saltan a la luz pública a través de los medios de comunicación, pero estos sucesos son sólo la punta de un iceberg: el aislamiento de los guetos en los que suelen vivir estas familias. El denominado "choque cultural" empieza a hacer estragos en la segunda generación de inmigrantes magrebíes, integrada por niños y niñas que han crecido y se han educado en el país receptor. Se han integrado plenamente mientras sus padres, ya sea porque desean retornar algún día a su país o como reacción a una sociedad que les margina, se aferran más que nunca a sus tradiciones culturales y religiosas de origen.

En ciudades europeas, entre ellas París, donde el flujo migratorio de magrebíes es más voluminoso y empezó su andadura más pronto que en España, se ha constatado que los adolescentes de estas familias reniegan de sus culturas de origen rebelándose contra la autoridad familiar, ya sea la del padre sobre los hijos o la del hermano sobre la hermana.

Este fenómeno ya se está viendo en España, donde sólo se puede hablar todavía de segundas generaciones. Y no sólo en éstas se están dando actitudes de rebeldía. Según la presidenta de la Asociación Catalana de Mujeres de Carreras Jurídicas, Marisa Fernández, cada vez son más las mujeres, madres de estos jóvenes de segunda generación, que alzan su voz, combaten el miedo y se atreven a demandar a sus maridos por la discriminación a la que las someten.

Sid-Ahmed Baba, de 39 años y originario del Sahara Occidental, sabe mucho acerca de esta profesión, porque viene ejerciéndola desde hace una década. Preside la Asociación Alcántara ("puente" en árabe) de Mediadores y Mediadoras Interculturales de Cataluña, de reciente creación, y de sus largos años de experiencia ha aprendido que no es posible resolver conflictos entre culturas si ambas partes persisten en su rigidez.

"La sociedad receptora debe comprender por qué una familia inmigrante sigue determinadas tradiciones y debe evitar estereotipos que la estigmatizan, pero el inmigrante ha de tener en cuenta que, de todo su bagaje cultural, algunas costumbres no las puede introducir en su equipaje cuando abandona su país, porque más que valores culturales se convertirán en insalvables obstáculos para su integración", afirma Sid-Ahmed.

En el ejercicio de su trabajo, este mediador ha tenido que tender puentes de diálogo para resolver toda suerte de conflictos, pero últimamente su atención se centra en casos similares a los que han vivido Bahija y Hadija. El secreto profesional le impide revelar cómo intenta acercar posiciones entre un padre generalmente intransigente y una menor que reclama su derecho a casarse con quien ella elija.

Cuando la boda forzada se ha celebrado religiosamente, el mediador poco puede hacer para deshacer el matrimonio, advierte Sid-Ahmed. Si el padre repudia a la hija, el internamiento en centros de menores constituye una salida para ella, pero debe evitarse llegar a esta situación extrema y una buena herramienta para conseguirlo es la educación y la información, que deben ofrecer las propias asociaciones de inmigrantes, los mediadores (que conocen las dos culturas) y la escuela, en el caso de los hijos.

Sid-Ahmed quiere dejar muy claro, sin embargo, que la sociedad de acogida también tiene algo que aprender en este asunto. "Tiene que abordar estos conflictos desde la comprensión y nunca desde la prepotencia. No se debe olvidar que aquí, hasta hace poco también se arreglaban bodas por motivos patrimoniales", advierte.

Como Sid-Ahmed, el presidente del Centro de Información al Trabajador Extranjero de CCOO-Cataluña, Miguel Pajares, también opina que un buen instrumento para prevenir conflictos interculturales es la educación. Y la que deben recibir los niños y adolescentes de segunda generación no puede favorecer el distanciamiento respecto a la cultura de la sociedad receptora. "Esto sólo les traería desconcierto y además está condenado al fracaso, ya que la presión cultural del entorno social es muy superior a la paternal", afirma Pajares.

En su opinión, para lograr la integración de los inmigrantes hay que incorporarles al sistema de derechos de la sociedad que les recibe. Esto es lo realmente complicado, según dice Pajares. "No se puede reclamar a nadie que adopte los valores fundamentales de nuestra sociedad de derecho si se le niegan derechos sociales, civiles y laborales que también son fundamentales", advierte en clara alusión a la reformada ley de Extranjería, que en su opinión se ha quedado corta, pues sigue sin reconocer a los inmigrantes su plena condición de ciudadanos.