Un millar de aves rapaces protegidas han muerto envenenadas por los cebos desde 1990

Un total de 961 aves rapaces de diferentes especies protegidas han muerto envenenadas en España en lo que va de década. Entre ellas se encuentran 53 ejemplares de águila imperial ibérica, de la que sólo quedan unas 115 parejas reproductoras, y al menos seis quebrantahuesos, cuyo censo ronda las 75 parejas. Ambas especies están en peligro de extinción. Los datos pertenecen al Programa Antídoto, que coordina la labor de ocho organizaciones ecologistas, entre ellas WWF/Adena, contra la práctica ilegal de colocar cebos envenenados en los cotos de caza menor.

Este tipo de cebos, envenenados habitualmente con pesticidas agrícolas o estricnina, se emplean en los cotos para preservar a las especies cinegéticas (sobre todo perdices, pero también conejos y liebres) de los predadores (zorros y urracas) que se alimentan de ellos, de sus huevos y polluelos, o de sus crías.El envenenamiento de las aves se produce de dos formas, bien porque se comen los cebos directamente (es el caso del alimoche, que engulle todos los pequeños restos que ve); o bien porque se alimentan de animales previamente muertos por envenenamiento, lo que inicia una intoxicación en cadena (esto le ocurre al águila imperial). Se han encontrado 97 zorros muertos en esta década y 482 perros, entre domésticos, de pastores y de caza.

La eliminación de los zorros no es la principal preocupación de los ecologistas. Por un lado, es una especie cinegética, apta para la caza, y por otro, no es una especie amenazada porque cuenta con poblaciones muy grandes.

Lo que combaten los miembros del Programa Antídoto es que en lugar de controlar la población de zorros con métodos selectivos y de acuerdo con la ley, se usen cebos envenenados. De este modo, además de las aves rapaces, también son envenenadas otros animales de supervivencia vulnerable, como tejones, gatos monteses y linces, entre otros mamíferos.

Población reducida

Entre las especies de aves con ejemplares envenenados, además del águila imperial ibérica y el quebrantahuesos, hay dos carroñeros vulnerables, el buitre negro y el alimoche. A estas rapaces hay que añadir una larga lista de especies protegidas, entre otras, águila perdicera, milano real, milano negro, buitre leonado y águila real.

Hay que destacar que algunas de estas especies han visto su poblacion mermada en los últimos años. Por ejemplo, de las 1.400 parejas de alimoche que había en 1990, sólo quedan unas 980 (un 30% menos); el águila imperial ha pasado de contar con 150 parejas en 1994, a las 115 que hay en la actualidad; y el buitre negro, cuya recuperación le situaba con 1.027 parejas en 1994, cuenta ahora con cerca de 950 parejas censadas. Algunas especies, como el águila perdicera o el quebrantahuesos, suman a sus bajas por envenenamiento las que se producen por persecución directa y disparos.

El uso de cebos envenenados, práctica legal y frecuente en los sesenta y los setenta, está prohibido en España desde 1983, precisamente el año en que comenzó la recuperación de los grandes carroñeros. Se consideraba una práctica abandonada, pero atendiendo a las cifras de envenenamiento parece que en la presente década ha vuelto con fuerza. La reaparición de esta práctica ilegal responde a la escasez de caza menor (motivada por el deterioro de su hábitat), la caza indiscriminada y las sucesivas enfermedades del conejo.

Carlos Cano, responsable del proyecto contra el veneno de WWF/Adena, asegura que para surtir de presas a los cazadores muchos cotos son repoblados con perdices y conejos de granja, más vulnerables que los silvestres. "Repoblar con especies de granja no tiene nungún éxito a corto plazo, porque son víctimas de una predación múltiple", dice Cano, y añade "no sirve de nada repoblar si no existe un hábitat adecuado".

El intento de eliminar a los predadores se debe, según los ecologistas, a la necesidad de proteger a las especies útiles para la caza de sus enemigos naturales: "Es una forma de aumentar el negocio, se trata de que no haya ningún predador suelto, ni por el suelo, ni volando", denuncia Cano.

El código penal de 1996 considera delito la muerte de especies protegidas. Además, las leyes de las comunidades autónomas protegen a las especies amenazadas prohibiendo el uso de venenos en los cotos. Multas, inhabilitación para la caza o incluso penas de hasta seis años de cárcel -cuando el acusado es reincidente y la falta es muy grave- son los castigos que aguardan a quien recurre a este método ilegal. Sin embargo, este tipo de faltas son raramente denunciadas o sancionadas, y muchas veces quedan impunes, a lo que se une que los venenos utilizados no siempre son fáciles de detectar.

Un logro reciente ha sido la aprobación en Castilla-La Mancha de una ley de conservación de la naturaleza que atribuye a los titulares de los cotos la responsabilidad de impedir la colocación de cebos envenenados en sus terrenos.

El Programa Antídoto mantiene desde su aparición, en febrero de 1998, un acuerdo con el Seprona (servicio de protección de la naturaleza) para intercambiar informes y datos sobre el uso de cebos envenenados. En año y medio de colaboración el Seprona ha intervenido en 197 casos y ha realizado 14 detenciones.

El uso de cebos envenenados es una práctica habitual en ocho comunidades autónomas. Encabezan las lista de casos detectados Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, las tres por encima del centenar de aves halladas muertas. Les siguen Comunidad Valenciana y Aragón. A continuación aparecen Baleares, Asturias y Madrid. Hay varias comunidades, como Murcia, Galicia o Canarias, donde el número de aves encontradas envenenadas es reducido porque hay pocas fuentes de información.

Denuncias

Los datos de Antídoto se basan en las información que reciben de su red de investigadores y colaboradores. Las denuncias de particulares son muchas veces definitivas para detectar practicas ilegales en los cotos.

Por último, el Programa Antídoto también ha detectado el uso de cebos envenenados por parte de ganaderos que tratan de proteger su ganado de los ataques de lobos y zorros. En total se han encontrado 31 lobos envenenados por cebos, 17 de ellos en Asturias y el resto repartidos por el norte de Castilla y León y el límite de Burgos con Álava. (Para contactar con el Programa Antídoto, en el teléfono de Adena: 913 08 23 09)