Expertos y ecologistas censuran la falta de control de los 43 vertederos privados vascos

El Gobierno vasco tiene censados 43 vertederos privados, dedicados preferentemente a albergar residuos industriales inertes (no tóxicos) y los derivados de la construcción. Pero el control de esta actividad no es el adecuado, según coinciden expertos y ecologistas. "No hay ningún tipo de inspección ni estudios que determinen lo que hay en su interior. Se tira de todo, incluso residuos tóxicos", afirman dos técnicos medioambientales vascos. El Gobierno estableció en 1994 una rígida legislación para el funcionamiento de estos basureros pero en el sector se admite que no se cumple.

La basura no se queda sólo en los 12 vertederos urbanos públicos existentes en Euskadi, que recogen los desechos de los hogares. La actividad industrial generó el pasado año más de 2,6 millones de toneladas de residuos inertizados (aquellos derivados del proceso de tratamiento de desechos tóxicos), inertes y los derivados únicamente de la actividad de la construcción, según los datos aportados por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco.La mayoría de los vertederos privados son propiedad de empresas que los utilizan para desembarazarse de sus desechos, aunque también hay instalaciones que los utilizan como negocio propio. "Generalmente son infraestructuras que dan servicio a la industria", señala Tomás Epalza, director de Calidad Ambiental del Ejecutivo autónomo.

Epalza considera adecuado el funcionamiento, "aunque seguro que hay focos incontrolados", que se basa en un decreto del Gobierno de 1994, que reguló la gestión de residuos inertes e inertizados. Esta normativa obliga a cumplir requisitos como seguros y fianzas así como a la necesidad de disponer de un documento de control y seguimiento de los residuos que se debe remitir a Medio Ambiente. Junto a ello, se establece que quedará "sometido al control y vigilancia del órgano ambiental de la comunidad autónoma del País Vasco".

Este control y vigilancia no existe, según coinciden expertos medioambientales y ecologistas. "Sólo hay un censo, pero el Gobierno vasco no es capaz de poner orden en esto. No tienen medios de vigilancia, ni los ponen. Hay una gran dureza en las condiciones para montar un vertedero pero la gestión es un desastre y el Gobierno sólo actúa por denuncias, no por su iniciativa", señala un técnico de Vizcaya.

"Hay casos", añade "de residuos de papelera tirados a uno de inertes y lodos que tenían que trasladarse a la depuradora de Galindo y aparecen en un vertedero. No se realiza ninguna inspección y así los propietarios tienen cerrado el vertedero y nadie sabe lo que pasa dentro. Tendrían que hacerse estudios sobre el flujo de residuos". Según sus datos, sólo cerca un 15% de los residuos inertes de Vizcaya se encuentran controlados.

Negocio atractivo

Un técnico medioambiental guipuzcoano coincide en la falta de control del Gobierno. "Se meten otros residuos, incluso tóxicos. Lo único que se controla y no totalmente son los vertederos públicos. En los privados está fatal. Las policías municipales sí presentan informes sobre casos concretos pero el Gobierno no hace gran cosa".

Esta carencia de control convierte los basureros privados en un negocio atractivo en muchas ocasiones. "Efectivamente, hay gente que se está forrando a cuenta de saltarse la ley y montar su escombrera sin ningún control", afirma. A ello se añade la antidad de focos incontrolados que surgen cada año en nuevas ubicaciones pese al esfuerzo de las instituciones por erradicarlos. En la zona del Bajo Deba, hace dos años un estudio detectó más de 50 focos de vertido incontrolado.

Carlos Alonso, miembro de la plataforma ecologista Erreka, apunta que la falta de inspectores medioambientales impide el control. "En teoría debería haber un seguimiento de los camiones que entran en estos vertederos pero en la práctica, al ser privados y por la falta de inspectores, es imposible saber que hay". Alonso afirma que aquí se repite la dinámica en cuestiones ambientales: "Se legisla y nadie controla su aplicación". A su juicio, la soluciones pasan por la existencia de más inspectores medioambientales "o hacer los vertederos públicos".