Ni artístico ni histórico

Joaquín Fernández Romero, alcalde socialista de Castril (Granada), no quiere para su pueblo lo que anhelan otros Ayuntamientos: el título de conjunto de interés histórico y artístico. Es más, opina que su aplicación es una venganza personal del delegado de la Consejería de Cultura, Enrique Moratalla.¿Razones? El grado de protección de urbanístico, que rige desde 1982, coarta a su juicio el desarrollo del pueblo. Cultura, desde 1990, ha abierto 19 expedientes por supuestas infracciones urbanísticas. De ellos, cinco son sancionadores y diez fruto de denuncias. "Moratalla no quería que yo fuese el candidato a alcalde y me ha puteado. Es algo personal, pero yo sé bastantes cosas y, si hablo, no sé quién va a perder más", amenazó ayer Fernández.

El pasado 25 de noviembre el Ayuntamiento declaró caduco el expediente que incoó Cultura en 1982 y pidió el archivo de las investigaciones sancionadoras y el levantamiento de las órdenes de paralización de obras. Cultura, sin embargo, no cree que el expediente haya caducado, ya que la ley por la que fue incoado, promulgada en 1933, no contempla este aspecto.

"Me importa un comino enfrentarme al delegado. No me asusta Moratalla. Llevo tanto tiempo en política como él", advirtió Fernández.

Joaquín Fernández, de 54 años, es un veterano de la política. Fue elegido alcalde por primera vez de esta hermosa villa, donde suele veranear el escritor José Saramago, en 1987. En 1992, sin embargo, perdió las elecciones, pero el pasado 13-J recuperó la alcaldía.

Fernández se dedica a la hostelería desde hace 15 años. El hostal La Fuente, que figura a nombre de su hija Noelia, constituye el epicentro de una de las innumerables polémicas urbanísticas.

Pedro Soria, presidente local del PP, asegura que el alcalde amplió el hostal a costa de ocupar "por entero una vía pública" y que para borrar el desatino "promovió una modificación puntual de las normas subsidiarias" que contenía el cambio de alineación de la calle. Fernández asegura que es incierto.

La relación escueta de los expedientes en curso ocupa tres folios. Todo, reconoce el alcalde, por culpa de la declaración de Castril como conjunto histórico. Según el Ayuntamiento, el celo de la Junta de Andalucía ha causado "graves perjuicios y quebrantos de todo tipo". Cultura considera que Fernández "actúa de forma contraria a los intereses del pueblo, intentado anular un proceso de salvaguardia del patrimonio histórico, con la única finalidad de salvaguardar intereses particulares".

Joaquín Fernández se defiende atacando: "Claro que temo que haya problemas con mi partido, pero yo actúo de manera honrada". Fernández arremete contra todos los que critican su actuación. Al presidente local del PP lo acusa de promover, a través de una empresa de la que son socios su esposa y un antiguo concejal del PP, una urbanización de 24 viviendas que han ocupado tramos de calles.

El alcalde sostiene que los representantes de la empresa trataron de "chantajearlo". "Me amenazaron con entorpecer todas mis gestiones si no accedía a sus pretensiones. Igualmente me dijeron que de hacerlo quitarían todas las denuncias que tienen puestas al Ayuntamiento y a particulares (...). Al no ceder, Pedro Soria, el ex concejal y su socio, han interpuesto por cualquier motivo denuncias sucesivas en el juzgado de instrucción de Huéscar".

La guerra por la desprotección de Castril no ha hecho más que empezar.